El representante de las víctimas en el caso de presunta corrupción dentro del Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA) argumentará este lunes por qué Sebastián Ortega, uno de los imputados en las últimas semanas, debe afrontar el resto de este proceso penal en la cárcel.
La semana antepasada este fue imputado por el presunto delito de peculado por apropiación, en tanto que Miguel Quintero, el hermano del exalcalde Daniel Quintero comenzó a responder por ese mismo delito más celebración indebida de contratos, al igual que el ex subdirector administrativo y financiero del AMVA, Álvaro Villada. Vanesa Álvarez, quien fue asesora jurídica en la misma entidad fue imputada por presunto interés indebido en contratos.
Sin embargo, la Fiscalía solo pidió medida intramural para Miguel Quintero, en tanto que el abogado del AMVA (entidad que está acreditada como víctima en este caso) la requirió para Ortega.
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El jueves pasado la delegada de la Fiscalía expuso los motivos para privar de la libertad al hermano mayor del exalcalde Daniel Quintero y este lunes el turno será para que haga lo propio el penalista Majer Nayi Abushihab.
Conocedores de estos asuntos le indicaron a EL COLOMBIANO que al ritmo que lleva este proceso, lo previsible es que este 21 de septiembre solo alcance el tiempo para esa presentación y probablemente para dejar que la Fiscalía y el Ministerio Público se pronuncien al respecto.
Lo previsible es que el abogado Santiago Trespalacios, quien representa a Miguel Quintero, solicite hablar otro día con el fin de poder hacer una defensa solvente y que esto se lleve varias horas, es decir por lo menos otra sesión. Luego, el juez pediría tiempo para tomar la decisión final acerca de si Quintero y/o Ortega deben estar entre rejas.
El caso presente tiene que ver con la realización de seis contratos por un monto total de 17.656 millones entre el AMVA y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí, en los cuales se habría pagado una coima de 2.481 millones de pesos.
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El caso de Ecopetrol como agravante
EL COLOMBIANO conoció por otras fuentes cercanas a este proceso que el abogado Abushihab traería a colación una denuncia existente, según la cual este hijo de un cuestionado político de Bello habría estado involucrado en otro entramado corrupto relacionado con Ecopetrol.
Resulta que tras la salida de Luis Enrique Rojas, quien era presidente de Hocol, una subsidiaria de la estatal petrolera, el 30 de abril del año pasado, este publicó una carta en la que denuncia una supuesta campaña de persecución, espionaje y hasta amenazas de muerte, derivada de la oposición que les hizo a decisiones que denotaban posible corrupción y falta de rigor técnico, que se materializaron en contratos direccionados.
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Ahí, dice, sería donde entrarían Ortega y el expolicía y exjefe de seguridad de Pacific Rubiales, Juan Mancera. “Sebastián Ortega es quien maneja ISA y tiene vínculos con la oficina de Envigado y el Clan del Golfo. Mancera era socio de Hernando Sánchez y tiene vínculos con la Junta Directiva del Narcotráfico de Dubái”, afirmó Rojas.
La mención en otros hechos de presunta corrupción y el supuesto vínculo con grupos armados al servicio de las mafias del narcotráfico harían de Ortega un hombre peligroso para la seguridad de la comunidad y le darían el poder de incidir en el proceso, que son dos de las causas comunes para pedir la privación de la libertad.
Las otras dos son la gravedad de las conductas y la contundencia de las pruebas, así como los indicios de que se pueda evadir, y también en esos dos aspectos recalcaría el abogado del AMVA.
Ortega aparece así mismo en relatos de otros presuntos actos corruptos. Uno fue una reunión en el edificio Salamanca en la cual él y Miguel Quintero habrían ofrecido el lote de Carabineros, que es propiedad del Distrito, a empresarios inmobiliarios; como el predio estaba valorado en $10.000 o $12.000 millones, habrían planteado que les pagaran bajo cuerda otros $33.000 o $35.000 millones.
Igualmente, testigos lo relacionan con las gestiones que terminaron en la venta del derecho a controlar la gerencia y las contrataciones de Afinia (filial de EPM en la Costa), con un pago de entre cinco y ocho millones de dólares.
Y Misael Cadavid ha dicho que el entonces alcalde Quintero estaba enterado tanto del asunto de Afinia como del negociado alrededor de los contratos del AMVA con el Cuerpo de Bomberos de Itagüí, donde van once personas imputadas.
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Un frente de ‘ataque’ adicional de Abushihab sería poner de manifiesto el poder económico de la familia Ortega, algo que le facilitaría a uno de sus integrantes ubicarse en cualquier otro país si decidiera escaparse.
El grupo familiar posee varias empresas y tierras, incluida la esposa de Sebastián de Dios Ortega Urán, la cual tiene registrado un apartamento de cerca de 2.500 millones de pesos y estaría vendiendo un lote en el occidente antioqueño. Lo curioso es que todas las empresas a nombre del actualmente imputado figuran en proceso de liquidación, algo que es indagado por las autoridades.
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Preguntas frecuentes sobre caso AMVA
- ¿Cuándo se define si Sebastián Ortega irá a la cárcel por el caso del AMVA?
- La decisión no necesariamente se conocerá este 21 de septiembre de 2026. Según la nota, ese día el abogado del AMVA sustentaría la solicitud contra Ortega y podrían intervenir la Fiscalía y el Ministerio Público; posteriormente, la defensa de Miguel Quintero podría pedir otra sesión y el juez tendría que tomarse un tiempo para decidir.
- ¿Por qué el AMVA está pidiendo cárcel para Sebastián Ortega?
- El abogado que representa al AMVA como víctima argumentará que existen razones para imponerle una medida de aseguramiento intramural. Entre ellas estarían el riesgo de que Ortega se evada, su posible capacidad de influir en el proceso, la gravedad de las conductas investigadas y la existencia de elementos de prueba que, según la representación de las víctimas, respaldarían la solicitud.
- ¿Qué diferencia hay entre la solicitud de cárcel para Sebastián Ortega y la de Miguel Quintero?
- La Fiscalía solicitó una medida de aseguramiento intramural para Miguel Quintero, mientras que la solicitud de cárcel para Sebastián Ortega fue planteada por el abogado del AMVA, entidad reconocida como víctima dentro del proceso. La nota señala que ambos pedidos serán objeto de análisis judicial.
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