El llamado Bronx sigue causando dolores de cabeza en Medellín. No es solo un espacio sin ley, donde abunda la venta de drogas y la desprotección del Estado, sino un lío que parece imposible de solucionar. El alcalde Daniel Quintero; la secretaria de Inclusión Social, Isabel Cristina Cadavid Álvarez, y la coordinadora regional del Instituto Colombiano del Bienestar Familiar, Marta Yolanda Ciro, deberán pagar una multa de tres salarios mínimos por no acatar una orden judicial que les pidió hacer una intervención integral del Bronx.
La historia es así. Las personas afectadas por el llamado Bronx pusieron una acción popular que exigía al Distrito, entre otros actores, reparar el lugar que desde 2018 fue ocupado por cientos de habitantes de calle y expendedores de droga. El Tribunal Administrativo de Antioquia profirió medidas cautelares para proteger a los vecinos de la carrera 54 Cúcuta entre las calles 54 Juanambú y 57 Argentina en un fallo de primera instancia proferido el 22 de mayo de 2022.
Según las víctimas, el deterioro del sector cada día es más evidente, lo que ha aumentado la diáspora de residentes y comerciantes que se han visto invadidos desde hace cinco años por cerca de 800 habitantes de calle, quienes pernoctan en las calles y se drogan en las siete plazas de vicio a cielo abierto que hay en el sector y que son manejadas por grupos delincuenciales.
Pues bien, el abogado de las víctimas instauró una orden de desacato porque, pasado más de un año de emitido el fallo, no se han hecho las exigencias del fallo, que fue de primera instancia. Por eso, a través de un auto, el Tribunal multó a Daniel Quintero y las otras dos funcionarias con tres salarios mínimos. La defensa, a su vez, está haciendo un memorando para que también se incluya a la Policía.
El auto recuerda que han pasado 15 meses desde que se profirió el fallo y no se han hecho todavía las acciones integrales para reparar el sector. En cambio, hoy Cúcuta con la Paz es una zona casi vedada para los ciudadanos, donde mandan los combos y los dueños de las plazas de vicio que venden cientos de dosis de bazuco todos los días.
El auto también expresa la preocupación de los comerciantes porque ni la Fiscalía ni la Secretaría de Seguridad han hecho parte de la mesa de trabajo para llevar a cabo la intervención del sector.
La Alcaldía, por su lado, había dicho hace dos meses que ya se estaban haciendo las correcciones para recuperar el lugar. La administración apeló la decisión y está pendiente de un fallo en segunda instancia.
