La Alcaldía de Medellín presentó ante el Congreso una propuesta de proyecto de ley para reformar la Ley 2272 de 2022, más conocida como la ley de Paz Total del Gobierno Petro.
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Los detalles del proyecto de ley de la Alcaldía de Medellín para tumbar gabelas de la Paz Total a cabecillas
La idea del Distrito es que este marco normativo priorice la justicia y la protección de las víctimas.
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Adelante, el proyecto de Ley presentado por la Alcaldía. Atrás, Mesa de Diálogo del Proceso de Paz Urbana que se lleva en el Valle de Aburrá, en la cárcel de Alta Seguridad de Itagüí. Foto: Santiago Olivares Tobón.
07 de abril de 2026
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Ante la presidencia del Congreso, el alcalde Federico Gutiérrez presentó el proyecto de ley ordinaria “Por medio de la cual se garantiza la primacía de la justicia y la protección de las víctimas, se modifican y derogan disposiciones de la Ley 2272 de 2022 y se dictan otras disposiciones”, cuyo propósito es la derogatoria de los artículos 2 literal c, 5, 6 y 7 de la Ley en mención.
Según el texto, la actual política de "Paz Total" habría permitido la suspensión arbitraria de órdenes de captura contra criminales de alto impacto sin que mediara un marco de sometimiento riguroso.
Por ello, la propuesta del Distrito busca eliminar beneficios políticos para organizaciones delictivas comunes y restablecer la autonomía de la Rama Judicial frente a las decisiones del Ejecutivo.
Para el caso específico de Medellín, el proyecto busca revertir situaciones como la Resolución 00072 de 2026, que suspendió órdenes de captura para siete cabecillas que actúan como voceros en mesas de diálogo de las bandas armadas de la capital antioqueña.
La Alcaldía argumenta que dicha mesa estaría siendo utilizada como un "escudo" para las operaciones de las bandas, sin que existiera una voluntad genuina de paz o un cese real de hostilidades.
“Las investigaciones revelan que solo una de las redes criminales articuladas desde esta alianza llegó a generar rentas mensuales cercanas a los $5.000 millones. Además, continúan dinamizando la explotación sexual comercial de menores en lugares
como el Parque Lleras y el centro de la ciudad, demostrando que sus economías ilícitas no han tenido un solo minuto de cese de hostilidades contra la población vulnerable. Peor aún, han forjado alianzas nacionales con el ELN, el Estado Mayor Central y el Clan del
Golfo, consolidando a la región como un nodo de criminalidad transnacional donde se intercambian servicios de sicariato, rutas de narcotráfico y control social”, añadió Gutiérrez.
Para su aprobación, la iniciativa justifica su viabilidad mediante un marco constitucional e internacional. Según la Alcaldía, las leyes colombianas y los tratados internacionales obligan a investigar, juzgar y sancionar graves violaciones a los derechos humanos. “La reparación integral es un derecho que no puede sacrificarse por intereses políticos transitorios”, aparece en el documento.
A juicio del Distrito, el actual uso que se le estaría dando a la ley de Paz Total sería una invasión del poder Ejecutivo a las competencias de la administración de justicia en Colombia.
Como sustento de su petición, la Alcaldía citó la Sentencia C-525 de 2023 de la Corte Constitucional, que estableció que la suspensión de órdenes de captura no puede ser automática; requiere una motivación gubernamental y una valoración judicial previa que garantice los derechos de las víctimas.
También se refirió a la Sentencia C-542 de 2023 que apuntó que cualquier beneficio otorgado a criminales debe respetar rigurosamente los derechos de las víctimas, hecho que no se estaría cumpliendo, pues para la Alcaldía permitir que los victimarios caminen libres por los mismos territorios donde delinquieron genera una revictimización y anula la confianza en la justicia.
“Esta propuesta pretende brindar herramientas normativas sólidas para priorizar la protección de las víctimas frente a los beneficios desproporcionados otorgados al crimen organizado. Confiamos en que la representación popular asuma el liderazgo necesario para corregir rumbos que hoy comprometen la tranquilidad de nuestras regiones más vulnerables”, añadió el alcalde en su petición al Congreso.
De aprobarse la iniciativa, el levantamiento de órdenes de captura para estos grupos solo podría darse si existiera una ley de sometimiento previa.
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