En la Corte Suprema de Justicia, Hernández Barbosa también ocupó hasta hace un año el cargo de magistrado de la Sala de Casación Penal, donde ejerció incluso como presidente de la Sala. Hernández fue el magistrado que lideró la Sala de Instrucción que tenía la tarea de investigar el escándalo de corrupción conocido como el ‘Cartel de la Toga’, en el que presuntamente se pagaban millonarias sumas de dinero para direccionar procesos judiciales.
Además, es bien sabido de la cercanía de Hernández con la actual Fiscal General de la Nación, Adriana Camargo, de hecho fue Hernández quien empujó la candidatura de Camargo a la Fiscalía entre los magistrados de la Sala Penal, donde consiguió nueve votos. Lo que puede explicar el afán del exalcalde Quintero para que el proceso sea trasladado a Bogotá, donde su abogado es todavía más poderoso.
No obstante, el motivo de la queja disciplinaria, según Jaramillo, es que el abogado “no puede abstraerse de su trayectoria reciente” en la Corte, por lo que presuntamente transgredió el artículo 3 de la Ley 1474 del 2011, el Estatuto Anticorrupción que prohíbe que ex servidores públicos gestionen intereses privados.
La ley prohíbe lo siguiente: “Prestar, a título personal o por interpuesta persona, servicios de asistencia, representación o asesoría en asuntos relacionados con las funciones propias del cargo, o permitir que ello ocurra, hasta por el término de dos (2) años después de la dejación del cargo, con respecto del organismo, entidad o corporación en la cual prestó sus servicios, y para la prestación de servicios de asistencia, representación o asesoría a quienes estuvieron sujetos a la inspección, vigilancia, control o regulación de la entidad, corporación u organismos al que se haya estado vinculado”.
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Jaramillo explica que durante el período de ejercicio de Daniel Quintero Calle como alcalde de Medellín, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia (órgano al que pertenecía el abogado defensor hasta 2024) le abrió una investigación al ahora senador del Pacto Histórico Alex Xavier Flórez Hernández por los supuestos delitos de lavado de activos, concusión y falsedad en documento privado, ante “la presunta exigencia de dinero, directa e indirectamente, a algunos contratistas estatales en Medellín con el propósito de financiar su campaña política para el congreso de la República en 2022”.
Hechos que habrían ocurrido cuando Flórez era concejal de Medellín y Quintero, alcalde. Por tal razón, asegura Jaramillo, el abogado Hernández Barbosa asumió la defensa jurídica de una persona que estuvo al parecer relacionada con unos hechos que fueron objeto del control jurisdiccional por parte de la Corte Suprema de Justicia durante su periodo como magistrado.
on estos argumentos, la abogada le solicita a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Antioquia que inhabilite a Hernández Barbosa para defender a Quintero en un espinoso y complejo proceso judicial que apenas comienza.
