El primer proyecto de acuerdo radicado en el Concejo de Medellín en el periodo que comenzó esta semana busca que las instituciones universitarias del distrito, Colegio Mayor, Pascual Bravo y el Instituto Tecnológico Metropolitano (ITM), tengan una base presupuestal para cada año, que garantice la cobertura de la educación superior a los jóvenes.
La iniciativa es del concejal del Centro Democrático Sebastián López, quien afirmó que el fin es que los rectores y estudiantes de las instituciones no tengan que ir cada año al Concejo, en medio de la incertidumbre por la plata, a gestionar recursos.
“No es justo, y es peligroso, que las universidades tengan que venir con coca cada año. Ya se radicó el primer proyecto de acuerdo radicado en este periodo, para buscar la base presupuestal mínima de las universidades ITM, Pascual Bravo y Colegio Mayor, para no ver los rectores cada año rogando por los recursos”, expresó el concejal López.
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El año pasado, en noviembre, en medio de acaloradas discusiones y de los llamados constantes de los rectores de estas instituciones, el Concejo aprobó una transferencia de EPM a la Alcaldía por $78.000 millones para que se destinaran a las tres universidades. Esto, porque a la administración pasada no le alcanzó la plata para asignarles.
Y es que las tres universidades, cuando arrancaron el año pasado, tenían su presupuesto bien definido, pero en mayo la Alcaldía les avisó que les iba a congelar, a cada una de ellas, parte del presupuesto.
Al ITM, por ejemplo, que tenía 53.000 millones de pesos, le avisó que le congelaba 23.200 millones de pesos, casi la mitad. Al Pascual Bravo le fue peor, le congelaron el 65% y al Colegio Mayor poco más de la tercera parte.
Ahora, de acuerdo con algunos puntos del nuevo proyecto radicado, la idea es asegurar el giro de los recursos a estas instituciones a través del plan anual de caja. Así, se pretende “garantizar el principio de progresividad en la asignación de los recursos del agregado de inversión para cada una de las vigencias, de tal manera que contrarreste la inflación y asegure que los recursos en términos reales conserven su valor”, según se lee en el proyecto.
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Por su lado, el equipo del concejal precisó que los aportes se calcularán basados en el presupuesto definitivo asignado para inversión a cada institución de educación superior en el año inmediatamente anterior, “ajustándose como mínimo cada año en el Índice de Costos de la Educación Superior (ICES) de las universidades públicas, calculado por el Dane, más los puntos porcentuales crecientes de 2% para 2024, 3% para el 2025, 4% para el 2026 y al menos 5% del año 2027 en adelante”.
La utilidad de estos recursos está relacionada con la posibilidad de atender las necesidades de infraestructura de las universidades, así como dotaciones de espacios, implementos y otros elementos que se requieren para la formación y el bienestar de los estudiantes y las comunidades educativas en general.
Respecto al tema de educación, en la sesión de este 4 de enero, el concejal Santiago Perdomo, del partido Creemos, expresó también su preocupación por la emergencia de riesgo educativo declarada por el exsecretario de Educación Alexánder Arias, el último nombrado en la administración de Daniel Quintero. La declaratoria se hizo porque no se dejaron listas las contrataciones para los servicios de aseo y cafetería requeridos para que casi 300.000 menores de edad empiecen las clases en los colegios públicos: más de 420 sedes.
“Más de 1.000 funcionarios que prestan aseo, vigilancia, atención de las sedes están en el aire por la desadministración y falta de planeación de la alcaldía saliente”, sostuvo el corporado, quien recordó que si esto no se soluciona a tiempo está en riesgo el derecho de los niños, niñas y adolescentes de volver a las aulas a tiempo en el nuevo calendario escolar.
“Tenemos que hacer una veeduría especial para garantizar que todos los jóvenes inicien el calendario escolar este mes. Una de las perores crisis en el ámbito educativo”, puntualizó Perdomo.
