La Procuraduría General de la Nación formuló cargos en contra del exsecretario de Comunicaciones de Medellín, Juan José Aux Trujillo, por presuntamente desconocer los principios de contratación pública durante la firma de un controvertido convenio interadministrativo con la Universidad Nacional sede Medellín en 2023 y que estuvo en el ojo público por presuntamente haber sido aprovechado para impulsar las aspiraciones políticas de varios miembros del movimiento político del exalcalde Daniel Quintero.
La decisión quedó plasmada en un auto emitido por el Ministerio Público el pasado 30 de septiembre, en el que se indicó que Aux Trujillo será procesado disciplinariamente por haber aprovechado su cargo por entregar dicho contrato de forma directa y no convocar a una licitación pública.
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A juicio de la Procuraduría, dicha falta podría constituirse como gravísima y ser objeto de sanciones disciplinarias en caso de que así se determine en lo que siga del proceso.
Este exfuncionario, junto al exgerente de Telemedellín Deninson Mendoza, ha estado bajo escrutinio recientemente luego de haber aterrizado como contratista en RTVC, con una vinculación inicial de 4 meses y pagos mensuales de $12 millones aproximadamente.
La polémica con el contrato con la Universidad Nacional se remonta al 6 de febrero de 2023, cuando siendo aún secretario de Comunicaciones, Aux Trujillo firmó un contrato con esa institución por un valor de $9.050 millones, un plazo de 11 meses y el objeto de asesorar a la Alcaldía en sus labores de comunicaciones, incluyendo tareas como monitorear su reputación, emitir alertas de crisis comunicacionales y elaborar material escrito y multimedia.
Aunque durante varios meses el contrato pasó de agache, en septiembre de 2023 estalló un escándalo luego de que se filtraran a la opinión pública unos informes de supervisión del mismo en el que aparecían referenciados unos enlaces a varias carpetas de la plataforma Google Drive en la que resultaron alojados varios videos con material proselitista de candidatos del movimiento político del exalcalde Daniel Quintero.
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En dicho material, que salió a flote en plena contienda electoral, aparecían exsecretarios y para ese año candidatos y precandidatos como Juan Carlos Upegui, Ana María Valle Villegas, Sergio Andrés López Muñoz, Carlos Mario Romero Misas y Juan Daniel Pulgarín.
Luego de que se hiciera pública la denuncia, por cuenta de otros ciudadanos que le venían siguiendo la pista al contrato como la abogada Gloria Jaramillo, el material alojado en esas carpetas fue eliminado y luego se restringió el acceso a las mismas.
Además de dicha situación, la contratación también generó suspicacia por haber sido estructurada bajo la modalidad directa y por tener una asignación presupuestal ostensiblemente mayor a la acostumbrada en años anteriores (en 2022 no superó los $5.144 millones).
A pesar de que la Alcaldía negó entonces estar involucrada en esa labor proselitista, y de forma extraoficial el gobierno puso a circular la versión de que se habría tratado de un error de un contratista que subió el material político, la Procuraduría ordenó la apertura de una indagación preliminar el 6 de septiembre de 2023, un día después de estallar la controversia.
Dicha decisión derivó en la apertura de una investigación disciplinaria el 3 de noviembre de 2023.
Según se lee en el auto emitido el pasado 30 de septiembre de 2024, en sus pesquisas el Ministerio Público se propuso establecer si en dicho contrato se habrían desconocido los principios de contratación pública y si en el mismo se habría favorecido a terceros.
Inicialmente a la investigación fueron vinculados el exsecretario de comunicaciones Juan José Aux Trujillo, la también exsecretaria de Comunicaciones Mónica María Orrego López y un profesional universitario de la Alcaldía identificado como Juan Carlos Gómez Henao, quien ejerció como supervisor del contrato.
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Frente a la idoneidad de la Universidad Nacional Sede Medellín para realizar el contrato la Procuraduría estableció en su auto que esta institución habría dado cuenta de no tener capacidad para desarrollarlo al solo haber acreditado a un único profesor, adscrito al Departamento de Ciencia Política y categorizado como docente titular de dedicación exclusiva, para ejecutar el mismo.
A partir del 13 de septiembre la institución suscribiría por lo menos 280 contratos de prestación de servicios para cubrir el personal demandado por la Alcaldía para el contrato.
Precisamente por cuenta de esta situación, la Procuraduría estableció que el contrato no habría podido firmarse de forma directa, dado que la universidad no era la más idónea para encargarse de esas asesorías de comunicaciones que la Alcaldía buscaba.
“La contratación directa como causa de celebración de contratos interadministrativos es una excepción al deber de adelantar un proceso de licitación pública, siendo imperioso advertir que el legislador previó que esta tipología de negocios jurídicos podrá celebrarse siempre y cuando las obligaciones del contrato o convenio tengan relación directa con el objeto social de la entidad y cuente con capacidad ejecutora”, planteó la Procuraduría en su auto.
“Juan José Aux Trujillo, en su condición de secretario de Comunicaciones de la Alcaldía de Medellín (...) participó en la actividad contractual al parecer con desconocimiento del principio de transparencia que comporta el deber de selección objetiva”, se lee en una parte del auto donde se especifica el cargo en contra el exfuncionario.
Para el Ministerio Público, Aux Trujillo presuntamente habría infringido los artículos 6 y 123 de la Constitución y varios artículos de la Ley 80 (de contratación), la ley 115 de 2007 y hasta normativas internas de la Alcaldía, incluyendo su propio manual de funciones.
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Además de la etapa precontractual, en su auto la Procuraduría reseñó haber analizado una copia del material encontrado en las carpetas de Google Drive con el expediente del contrato: “(...) en relación con el aspecto concerniente a que se utilizaron los recursos del convenio interadministrativo para favorecer intereses particulares de candidatos a cargos de elección popular, tal y como se desprende de la prueba técnica practicada por la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales, no se encontraron coincidencias en las pruebas analizadas por la DNIE, esto es, las allegadas al plenario con ocasión de los hechos denunciados (...) que dieran cuenta de la ocurrencia del hecho investigado”, se lee en el auto.
Bajo esta justificación, la Procuraduría desvinculó del proceso tanto a la exsecretaria Orego López como al exfuncionario Gómez Henao.
