La Personería Distrital formuló pliego de cargos contra cuatro exfuncionarios del Inder Medellín en los tiempos de la alcaldía de Daniel Quintero.
El proceso en contra de Diana Toro, quien fue directora de la entidad; así como Yuberth Antonio Ordoñez Vergara, exjefe de la Oficina Asesora Jurídica; Carmen Lucía Tangarife López, asesora de la entidad; y Seller Álvarez Urrego, profesional especializado es por un convenio interadministrativo de más de $1.629 millones suscritos con Metroparques en 2020. La Personería investiga presuntas irregularidades en la etapa precontractual del proceso, de las cuales podrían derivarse faltas disciplinarias de carácter gravísimo.
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Según el Proceso de Vigilancia Administrativa e Instrucción Disciplinaria de la Personería, los implicados habrían aprobado este convenio sin cumplir con los principios esenciales de la contratación estatal, tales como economía, transparencia, planeación y selección objetiva. El Ministerio Público señaló que no se verificaron adecuadamente las capacidades del contratista, por lo cual el proceso está viciado por presunta falta de legitimidad.
Por estos mismos hechos, la Fiscalía imputó a Toro y a otros exfuncionarios, incluyendo altos directivos de Metroparques, por los presuntos delitos de peculado por apropiación relacionado con una cifra superior a los 1.900 millones de pesos y celebración de contratos sin cumplimiento de requisitos legales.
También deben responderle a la justicia Jorge Enrique Liévano, quien fue director de Metroparques, y el representantes de Cyan, Mauricio Jaramillo Botero. El primero, por presunta asociación para cometer delitos en contra de la administración pública, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación; y el segundo, por asociación para la comisión de delitos contra la administración pública, celebración de contrato sin cumplimiento de los requisitos legales y peculado por apropiación. Los escándalos e irregularidades contractuales que vinculan a estos y otros exfuncionarios del Inder, Metroparques y el Área Metrpolitana ascienden a $22.000 millones.
