Una resolución de la Fiscalía General de la Nación en la que se formaliza la inactivación de cuatro despachos fiscales especializados en crimen organizado, en Medellín, ha generado preocupación en la ciudad.
La medida cobija a las fiscalías 70, 71, 73 y 76 y, de acuerdo con la directriz, obedece a movimientos de personal derivados del Concurso de Méritos de la Fiscalía General de la Nación, y la falta de personal sustituto o necesario para suplir estas vacantes y asegurar el adecuado funcionamiento de las oficinas.
La Fiscalía 26 fue excluida de la redistribución de procesos debido a que actualmente se desempeña como el despacho coordinador de la Región 2, función que le exige desarrollar diversas actividades misionales y administrativas que ya le implican una carga adicional de trabajo.
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Si bien esta normativa se justifica en un equilibrio en la carga laboral de los fiscales restantes, garantizando que los procesos de investigación contra organizaciones criminales no se detengan, el concejal de Medellín Andrés Tobón indicó que la medida reducirá a seis despachos, cada uno con más de 114 procesos, lo que generaría una sobrecarga en las investigaciones. Por eso, hizo un llamado al Gobierno y al Congreso para evitar las clausuras de las sedes.
“Medellín necesita más fiscales, no menos. Es preocupante la reducción de la capacidad de investigación contra el crimen organizado aquí en Medellín”, afirmó el concejal.
La resolución establece un plan de redistribución técnico que asigna más de doscientas noticias criminales a despachos específicos bajo criterios de eficiencia y especialidad regional. Así mismo, ordena la entrega organizada y digitalizada de todos los expedientes para facilitar la transición administrativa dentro de la institución.
Tobón aclaró que la medida es totalmente responsable. “Si no se hacía esto, se dejaban 257 procesos, morir el sueño de los injustos, en despachos en donde no había ningún fiscal disponible. La Fiscalía se ve en la obligación de eliminarlos y los reparte entre los que todavía existen”.
No obstante, el corporado señaló que quedaron disponibles solo seis despachos de Fiscalía contra el crimen organizado, cada uno con más de 114 procesos.
“El problema no es solamente de la Fiscalía. Es un problema de presupuesto nacional. Al final, es presupuesto público. Por eso hago un llamado respetuoso al gobierno nacional y al congreso de la república. La fiscalía necesita plata y, entre todos, necesitamos que actúe para perseguir el crimen organizado”, reiteró.
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La totalidad de la carga inactiva que actualmente cursa en los despachos inactivados se distribuiría entre las oficinas receptoras que continúan operando en Medellín: las fiscalías 61, 63, 64, 67, 68 y 79.
“No lo olvidemos, nuestra ciudad enfrenta estructuras criminales profundamente complejas. Necesitamos más fiscales, pero también necesitamos que tengan todo el apoyo posible”, concluyó el concejal Tobón.
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