La Procuraduría General de la Nación prorrogó hasta octubre próximo la suspensión provisional de 10 funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), que desde el 17 de julio permanecen separados de sus cargos mientras avanza la investigación por el ingreso irregular de una agrupación musical y la realización de una fiesta en la Cárcel de Alta y Mediana Seguridad La Paz, en Itagüí, sur del área metropolitana de Medellín.
La fiesta que, además, generó el cambio del director encargado del establecimiento carcelario, así como el traslado del comandante de vigilancia, fue contratada por algunos jefes de grupos delincuenciales que permanecen recluidos allí, y que hacen parte de una mesa de diálogos con el Gobierno Nacional, dentro de su estrategia de Paz Total.
Según la concejala de Medellín, Claudia Carrasquilla, el evento fue amenizado por el cantante de música vallenata, Nelson Velásquez y tuvo licor en abundancia, meseros y hasta servicio de catering.
En su momento, Isabel Zuleta, delegada del Gobierno Petro en el proceso de paz con los cabecillas que participaron en la fiesta, cuestionó a los funcionarios que permitieron dicha actividad. Incluso, desde la Casa de Nariño se ordenó la suspensión temporal de los diálogos.
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El ente de control fundamentó la extensión de la medida en que las razones que motivaron la suspensión inicial no han desaparecido, y advirtió que el regreso de los investigados a sus funciones podría facilitar la repetición de las conductas investigadas o interferir en el desarrollo del proceso disciplinario.
Con ese argumento, el Ministerio Público consideró que la medida cautelar sigue siendo idónea, necesaria y proporcional para proteger el esclarecimiento de las responsabilidades de los servidores públicos.
Los hechos que originaron la investigación se remontan al 8 de abril de 2026, cuando presuntamente se omitieron los controles de ingreso, registro y reseña que debían aplicarse a los integrantes del grupo musical que accedió al centro penitenciario.
La Procuraduría también investiga un posible ocultamiento de información y presuntas irregularidades en un informe oficial relacionado con lo ocurrido.
La suspensión recae sobre los dragoneantes Nairo Vargas Rubio, Fran Alexander Barbosa Pinzón, Juan Camilo Góez David, Juan Diego Ospina Morales y Gustavo Adolfo Montejo Casas; el intendente Eduardo Parra Ceballes; los tenientes Heyler Antonio Fracica Sarmiento, Fredy Antonio Ciprián Díaz y Fabián Leandro León Rodríguez, y el inspector jefe Salvador Del Cristo Jiménez Palencia.
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Bloque de preguntas y respuestas:
- ¿Por qué la Procuraduría decidió prorrogar la suspensión de los 10 funcionarios del INPEC y hasta cuándo irá la medida?
- El ente de control extendió la suspensión provisional
hasta el próximo mes de octubre. El argumento del Ministerio Público es que los motivos que dieron origen a la sanción inicial siguen vigentes; por lo tanto, permitir que estos trabajadores regresen a sus puestos antes de tiempo representa un riesgo de que repitan las conductas irregulares o terminen interfiriendo en el desarrollo de la investigación disciplinaria.
- ¿Qué características tuvo la polémica fiesta celebrada en la cárcel La Paz de Itagüí y quiénes la organizaron?
- La fiesta fue contratada por
jefes de bandas criminales recluidos en ese penal, quienes actualmente participan en los diálogos de “Paz Total” con el Gobierno. Según las denuncias de la concejala Claudia Carrasquilla, el evento contó con licor en abundancia, meseros, servicio de comida (
catering) y fue amenizado en vivo por el reconocido cantante de vallenato
Nelson Velásquez.
- ¿Cuáles son las fallas específicas del 8 de abril de 2026 que investiga la Procuraduría y qué consecuencias institucionales inmediatas provocó?
- La investigación se centra en la presunta
omisión de los protocolos de control, registro y reseña obligatorios para el ingreso del grupo musical a la cárcel, además de un posible ocultamiento de información en los informes oficiales posteriores. Como consecuencias inmediatas, el escándalo provocó el
relevo del director encargado del centro penitenciario, el
traslado del comandante de vigilancia y la apertura del proceso formal contra los 10 uniformados (dragoneantes, tenientes, un intendente y un inspector jefe).
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