Algo de desesperanza y mucha incertidumbre. Eso es lo que se advierte en varios de los inversionistas locales —víctimas se denominan ellos— del fallido proyecto Meritage sobre el cual un tribunal de arbitramento internacional se acaba de pronunciar eximiendo al Estado colombiano de una condena que le hubiera acarreado asumir el pago de más de un billón de pesos.
El laudo del Tribunal del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), con sede en Washington (Estados Unidos), solo recae sobre un grupo de inversionistas extranjeros que desarrollaron el proyecto e interpusieron una demanda. No obstante, algunos de los colombianos —la mayoría de ellos antioqueños— que compraron apartamentos o locales en el complejo urbanístico ubicado en Las Palmas, en jurisdicción de Envigado, temen que haya un efecto colateral sobre los procesos legales que cursan en el país y que este sea negativo para sus intereses.
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El lío legal del Meritage parte del hecho de que este complejo se comenzó a levantar en el año 2015 en un terreno que fue vinculado con Iván López Vanegas, un hombre señalado por la Fiscalía como integrante de la banda, la Oficina y que fue procesado en Estados Unidos por narcotráfico. Solo que luego este volvió al país exonerado de los cargos. Por eso, lo que alegaron en el Ciadi es que esta fue prácticamente una expropiación y que ese tipo de actuaciones están prohibidas por el TLC con Estados Unidos.
No obstante, a través de la defensa que hizo la Agencia de Defensa Jurídica del Estado (Andje), Colombia se acogió a la figura de la excepción de seguridad esencial, contemplada en los tratados y convenios internacionales suscritos con la Organización Mundial de Comercio (OMC).
Y aunque el Ciadi rehusó pronunciarse sobre la validez de los argumentos para dictar la extinción de dominio en este caso, sí validó la intención al asumir la medida, “pues siempre buscó impedir el perfeccionamiento de un lavado de activos en beneficio de una de las principales organizaciones criminales del país”, según señalaron abogados de Andje.
En el país, de manera paralela, hay dos procesos relacionados con el tema en el cual se demanda al Estado y los chats que agrupan a los demandantes empezaron a hervir el jueves pasado tan pronto se conoció el movimiento en el Ciadi.
“Éramos conscientes de que independientemente del fallo a favor o en contra de los inversionistas extranjeros no había ninguna obligación hacia nosotros porque el fallo no nos cobija; ahora esperamos es que la justicia colombiana obre, ojalá a favor nuestro y que quede detallado que fuimos compradores de buena fe y exentos de culpa porque hicimos lo que había que hacer, preguntamos si el lote tenía problemas y colocamos la plata en una fiduciaria; esperamos que dentro de ese razonamiento los jueces digan que hicimos lo que debíamos y cómo nos van a resarcir”, expresó Elkin Escobar, una de las 87 personas que, a través de abogados, han interpuesto recursos legales ante el contencioso-administrativo. Las pretensiones se acercan a 200.000 millones de pesos.
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El Tribunal Administrativo de Antioquia ya falló en primera instancia uno de esos casos en contra de las pretensiones de poco más de 50 personas y en la actualidad el proceso está pendiente de que el Consejo de Estado falle en segunda instancia. La otra reclamación, que representa a unas 30 personas, sigue pendiente de la primera instancia en el tribunal antioqueño.
Las historias de cómo salieron perjudicados también van y vienen en el chat. Escobar, por ejemplo, pagó 500 millones de pesos por un apartamento de 100 metros cuadrados y estaba a tres meses de recibir el inmueble cuando estalló el escándalo y todos sus planes se le vinieron abajo.
“Mi proyecto era irme a vivir al Meritage, un complejo campestre por fuera de la ciudad, pero cerca de ella, al final de mi proceso laboral (pensión), y esa era la idea de muchas de las personas”, añadió.
Nada diferente de lo que pensaba Mónica Martínez, quien se había separado e invirtió lo que recibió como parte de la liquidación de su sociedad conyugal allí, porque vio que era un proyecto bien estructurado cuando se lo expusieron en un stand en el centro comercial El Tesoro. El apartamento costaba 600 millones de pesos y ella alcanzó a cancelar 350 millones de pesos que ahora tiene en el aire.
Pero la situación es tal vez peor para María Cecilia Bedoya. De hecho, ella vivía de dos apartamentos que tenía en arriendo en Envigado y los vendió para cancelar de contado en Meritage con el fin de aprovechar un descuento que hacían por pronto pago. “Vendí a la lata, dimos la plata en mayo y como en junio o julio pasó eso (la extinción de dominio), me quedé sin apartamentos y sin nada”, dijo. También su hija y su yerno, que viven en Panamá, pusieron plata.
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Apunta que aunque su abogado le ha dicho que esté tranquila, se debate entre el optimismo que este le imprime y los comentarios de su yerno en el sentido de que ese dinero ya se perdió.
“El fallo nos dio duro porque si ellos hubieran ganado nosotros también tendríamos que ganar, pero nosotros nos metimos de buena fe en ese negocio”, agregó.
Ante la avalancha de dudas, Víctor Pérez, uno de los abogados del proceso que está en el Consejo de Estado, hizo un video en el que explicó que, en su concepto, el laudo del Ciadi no incide a nivel local porque en él no hay en realidad un pronunciamiento de fondo.
“Nosotros estamos planteando que los pequeños inversionistas, a los que ni siquiera se les considera en el proceso de extinción de dominio como afectados y por ende no se les ha reconocido ningún derecho, han tenido una pérdida patrimonial. Así exista una acción de extinción de dominio son personas completamente ajenas a esa acción, no se les embargó sus aportes en la fiduciaria, pero lo cierto es que esos aportes fueron a dar a un predio donde finalmente se hicieron unas grandes edificaciones y lo que hay allí son ruinas”, dijo el abogado.
Aparte de todo, la defensa se basa en las presuntas irregularidades en la administración de justicia y por eso tienen demandada a la Fiscalía, que habría emitido unas certificaciones en ese tiempo en el sentido de que sobre el terreno no había ninguna afectación de tipo legal.
El Meritage era un proyecto inmobiliario con vivienda y comercio ofrecido en 2015. Prometía ser tan grande que equivalía a tres veces el centro comercial El Tesoro. Sin embargo, fue abandonado en 2016 al ser intervenido por el Estado.
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