Tal como lo contó este diario el pasado este miércoles 16 de agosto, la polémica por el uso de la caja menor de la Alcaldía se desató cuando a través de las redes sociales la abogada Gloria Jaramillo filtró un documento de la Secretaría de Hacienda en el que se especifican cientos de compras que viene realizando el gobierno local de cuenta de los Fondos Fijos Reembolsables.
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Con dichos fondos, que en teoría debería usarse sólo para gastos de funcionamiento “imprevistos”, “urgentes” y “necesarios”, han costeado compras en cigarrerías, panaderías, supermercados, verdulerías, sitios de comida rápida y costosos restaurantes.
La lista de establecimientos en los que se realizaron compras, que van desde pequeñas transacciones hasta otras que se miden en millones, aparecen algunos como Kokoriko, Frisby, Crepes & Waffles, la heladería Soft Touch, Il Forno, Asados La 80, Donuts Antioquia, Mi Buñuelo, Cocorolló, La Miguería, Los Perritos, D1, Éxito, Carulla, Cencosud, Pricesmart, el restaurante de alta cocina Okus, San Carbón y hasta establecimientos como Hijo Negado, dedicado al expendio de bebidas alcohólicas y en el que se hicieron compras por al menos $3.100.000.
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Dicho fondo, cuyo responsable es el secretario Privado, Juan David Duque, también aumentó ostensiblemente su tope de aprovisionamiento, que pasó de $2 millones al inicio del gobierno a 20 salarios mínimos.
Además de esos gastos, la Contraloría señaló que también revisará las condiciones que llevaron a que el restaurante San Carbón, uno de los establecimientos en los que hicieron compras, decidiera iniciar un proceso de cobro prejurídico en contra de la Alcaldía, por cuenta de varios consumos registrados como “gastos de representación” que no habían sido saldados.
“Actualmente, la Contraloría Distrital de Medellín se encuentra evaluando la información que soporta la respuesta del sujeto de control, con el propósito de establecer las acciones a seguir como resultado de la vigilancia fiscal y determinar la pertinencia de dar inicio a una actuación especial de fiscalización, ante el riesgo en el uso inapropiado de recursos públicos de conformidad con los nuevos hechos evidenciados en desarrollo de dicha vigilancia”, señaló el ente.
