Los Tribunales Superior de Medellín, Superior de Antioquia, Contencioso Administrativo de Antioquia y el Consejo Seccional de la Judicatura tendrán una nueva casa en el centro de Medellín.
La idea de centralizar los tribunales de justicia en la capital antioqueña finalmente toma forma tras más de una década de diseños y retrasos. La construcción del nuevo edificio judicial, ubicado en la Alpujarra, fue adjudicada a la firma Arquitectura y Concreto. La obra estará bajo la coordinación de la Agencia Nacional Inmobiliaria Virgilio Barco (Anim), entidad adscrita al Departamento Administrativo de la Presidencia, Dapre.
El presidente Gustavo Petro hizo oficial el anuncio el pasado 12 de noviembre de 2023 mediante su cuenta de X y lo calificó de “regalo arquitectónico”.
El edificio se construirá en un lote de 4.339 metros cuadrados, con un presupuesto de $161.511 millones, que cubrirá la primera fase del proyecto.
La entrega de la obra se espera para 2027, tras 30 meses de construcción. A partir de enero arrancará la etapa de apropiación de diseños y adecuación de la constructora a los planos e iniciarán labores de obra a mediados de marzo de 2025, según le comentó Nicolás Corso, director general encargado de la Agencia Nacional Inmobiliaria Virgilio Barco-Anim, al periódico EL COLOMBIANO.
Esta torre judicial tendrá 28 pisos y un área construida de 33.948 metros cuadrados, incluyendo tres sótanos y dos terrazas en el piso 4 y 24. Según los diseños iniciales, los tres sótanos serán destinados a parqueaderos.
Los pisos inferiores alojarán oficinas con mayor flujo de usuarios, mientras que las salas de audiencias y despachos de magistrados estarán en las plantas superiores. En la zona media del edificio habrá espacios para el bienestar de los empleados, como comedores, terraza y gimnasios.
El diseño del edificio también busca priorizar la sostenibilidad, con la meta de obtener la certificación LEED Gold, que garantiza altos estándares ambientales y de eficiencia energética. Se ha diseñado partiendo de la orientación que maximice la luz natural en los espacios interiores y se utilizarán materiales y tecnologías que cumplan con la norma sismorresistente.
Y, según el funcionario Corso, el proyecto generará aproximadamente 2.000 empleos directos e indirectos durante su construcción, así como la priorización de proveedores y materiales nacionales para apoyar la economía local. “Insumos como concreto, acero y ventanas serán adquiridos de empresas colombianas siempre que sea posible”, añadió Corso.
Los cimientos de un palacio
El 6 de diciembre se notificó a Arquitectura y Concreto que sería el contratista oficial del proyecto. El proceso de selección fue llevado a cabo por la Fiduciaria Scotiabank Colpatria (administradora del Patrimonio Autónomo Tribunales Medellín y Antioquia) en una invitación pública de la Anim.
Según Nicolás Corso, representante de esta última entidad, esta adjudicación marcó la quinta convocatoria para el proyecto y fue seleccionada la constructora por “cumplir con todos los requisitos de evaluación financiera, técnica y jurídica”, dijo el director Corso.
Además, Corso afirmó que Arquitectura y Concreto fue seleccionada también por su experiencia en proyectos similares como la Manzana 6 en Bogotá que se encuentra en ejecución. Este último, también liderado por la Agencia Virgilio Barco, incluye un edificio de 24 pisos en las inmediaciones de la Presidencia de la República. Allí se centralizarán ministerios y otras entidades gubernamentales, con capacidad para albergar a más de 2.600 funcionarios en su primera fase y 383 más en una segunda etapa.
Finalmente, se logró avanzar tras abordar aspectos como el traslado de un árbol en el lote, que requirió autorizaciones del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, concertando así un contrato desde enero con el Jardín Botánico de Medellín para la asesoría en el traslado del árbol de la especie Brownea multijugam, que no es una especie en estado de amenaza por extinción pero es importante debido a su escasez.
Un proyecto de larga gestación
La idea de un nuevo palacio de justicia en Medellín surgió hace más de una década. Desde el 2010, el Instituto para el Desarrollo de Antioquia (Idea) destinó $5.583 millones para estudios y diseños, además de ceder un lote ubicado junto al Centro Administrativo la Alpujarra. En 2011 se presentaron los primeros diseños arquitectónicos, que incluían características como entradas independientes para sindicados y jueces, de tal manera que no se cruzaran con los jueces en todo su recorrido hasta las salas de audiencia.
Sin embargo, el proyecto se vio frenado en múltiples ocasiones. En 2014, las estimaciones presupuestales se ajustaron a $120.000 millones, pero no hubo avances significativos. En 2017, el proyecto quedó bajo la responsabilidad del Consejo Superior de la Judicatura, que lo incluyó en un fideicomiso con recursos destinados a su ejecución.
Y, según el director Corso, fue en 2022 cuando la Agencia Nacional Inmobiliaria Virgilio Barco retomó con los diseños, revisó los planes iniciales y obtuvo la licencia de construcción, expedida por la Curaduría Segunda de Medellín. La resolución C2-22-2840, emitida el 27 de diciembre de ese año, permitió avanzar hacia la fase de adjudicación.
En enero de 2025, el contratista iniciará la etapa de adecuación de los diseños existentes para llevarlos al nivel constructivo. Durante este proceso se realizarán ajustes técnicos y se presentará un cronograma detallado, que incluirá el presupuesto definitivo de la fase uno. La construcción está programada para comenzar en marzo de ese mismo año.
