Augusto Fernández Raigosa de 40 años, un expolicía que integraba una red de trata de mujeres en Medellín, reconoció su responsabilidad en el crimen para así lograr reducir su condena, que se definió el pasado 13 de septiembre.
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El diario español El País accedió al expediente completo en el que se detalló el modo en el que varios policías de Medellín utilizaban su poder en el comando de Policía del Valle de Aburrá, ubicado en pleno centro de Medellín, donde llamaban la atención de varias víctimas que serían carnada fácil para hombres en el exterior.
Una de las historias que cuenta el diario europeo es la de una mujer que en agosto de 2022 se acercó a esa estación para ofrecer boletas de una rifa para poder reunir dinero para vivir. Según lo que contó la mujer a las autoridades judiciales, en aquel lugar le ofrecieron trabajar como modelo webcam en Europa, específicamente en Francia, con pagos que iniciaban en mil euros a la semana.
El primero en hacer esta propuesta fue Carlos Augusto Fernández quien en ese momento tenía el grado de intendente (el tercer escalafón en el nivel operativo por encima de patrullero y subintendente) y se pensionó de la institución meses después. Sin embargo, Fernández no trabajaba solo en conseguir a estas mujeres vulnerables para llevar hasta Europa.
Según narra el diario El País, la Fiscalía identificó a dos cómplices identificados como Diego Cárdenas Gaitán y Jorge Restrepo Lemus, quienes consolidaron esta red en Medellín, este último con el uniforme de la Policía Nacional, lo que agrava la situación.
La Fiscalía detalló que Fernández adelantaba “labores de coordinador de actividades de la estructura criminal”, capturando mujeres pero también pidiéndoles fotografías en ropa interior con el argumento de que necesitaban ver que se ajustaban al perfil de modelo webcam que buscaban para enviar a Francia.
Luego, siguiendo su modus operandi, las llevaban hasta el aeropuerto José María Córdova. El compromiso verbal era que las mujeres podían desvincularse de la organización cuando quisieran, con la condición de regresar el dinero de los tiquetes. Sin embargo, la realidad era otra: al pisar territorio europeo, los criminales las promocionaban como prostitutas en páginas destinadas para eso con las fotografías íntimas que habían enviado antes, todo sin su consentimiento.
Las víctimas también detallaron en el informe que los proxenetas “las encerraban y les confiscaban sus pasaportes tan pronto llegaban, apoderándose de ellas y de todo lo que ocurriera a su alrededor.
Al llegar a París, Francia, el enlace era el griego Georges Kalliterakis, a quien conocían como “León”. Él recibía a las víctimas en el aeropuerto y las encerraba en los distintos lugares. En varios chats se comprobó que sufrían violencia física y verbal.
Uno de los chats de Whatsapp con una de las víctimas, sigue una conversación cuando todavía estaba en Medellín, contándole cómo serían los trámites de los pasajes para viajar hasta Europa.
-Acabé de hablar con León... Él te recoge en el aeropuerto de Barcelona para viajar hasta París, Francia. Para que estés pendiente del correo donde te va a llegar toda la información del viaje.
-Voy a estar pendiente.
-Él quedó de avisarme cuando los haya enviado y yo también te aviso.
El abogado de Fernández, Juan Mario Tobón, informó al diario El País que al expolicía lo condenaron “apenas por un caso” de trata y que al hombre le habían ofrecido entrar a la organización delincuencial en 2022 por “las ventajas que tiene para estos criminales contactarse con gente de la fuerza pública”.
Además, alegó que el rol de Fernández era menor. “Era un mando medio o bajo”, aclaró y también detalló que a estos policías les ofrecen una comisión de dos millones de pesos por cada víctima que concretaran.
Estas mujeres vivieron una pesadilla, una de las víctimas narró en el expediente que apenas ganaba 10 euros diarios y que alcanzaban para comer. “Perdió tantos kilos que ya no se parecía a las fotos de la página web”, se lee en uno de los informes que enviaron las autoridades francesas a las colombianas. Mientras que los proxenetas ganaban entre 5.000 y 6.000 euros a la semana.
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Este caso es solo uno de muchos en un contexto donde la trata de personas y la explotación sexual son problemas persistentes. La implicación de funcionarios públicos en estas redes subraya la importancia de la rendición de cuentas y la necesidad de fortalecer los mecanismos de protección para las víctimas. La cooperación internacional es esencial en la lucha contra estas prácticas, y es crucial que se continúe investigando y llevando ante la justicia a quienes perpetúan este tipo de delitos.
