Medellín está tocando la puerta de las autoridades de Estados Unidos para seguirle el rastro al dinero que habría salido de las arcas públicas de la ciudad en medio de los escándalos de corrupción denunciados en el gobierno pasado.
Un grupo de empresarios que merodeaban varios procesos de contratación sensibles y que a su vez tenían actividades en Panamá y EE. UU. hacen parte de los casos que las autoridades investigan.
Esta semana, el alcalde Federico Gutiérrez informó que lideraría una reunión con funcionarios del gobierno de Estados Unidos y del FBI para entregarles un nuevo dossier de pruebas que apuntan a un entramado de socios y testaferros vinculados al dinero que habría salido de Colombia.
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“Tenemos información de presuntos socios y testaferros que viven en la ciudad de Miami, en Florida. En una de mis últimas agendas de trabajo en Estados Unidos, yo mismo le entregué las pruebas al FBI y a agencias del gobierno de los Estados Unidos para que rastreen el dinero que salió desde Colombia hacia Panamá y luego de Panamá a los Estados Unidos, producto de la corrupción que generaron en Medellín”, aseveró Gutiérrez, quien esta semana insistió en que, tras analizar más de 13.353 pruebas documentales, todo apuntaría a que la contratación direccionada en el cuatrienio anterior habría superado el billón de pesos.
Si bien el alcalde ha sido cauto con el avance de esas pesquisas, hay algunas pistas que ya se conocen sobre el rastro que siguen las autoridades.
Por ahora lo que se sabe es que los dos principales casos en los que se habla de que presuntamente dineros provenientes de escándalos fueron a dar a otros países son los de Afinia y Canacol.
En septiembre de 2025, el tema ya había suscitado una fuerte controversia, justo por los días en los que el exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, esta vez en condición de precandidato presidencial, cazó una pelea con algunos funcionarios y parlamentarios de Estados Unidos.
La situación se desencadenó cuando el gobierno de ese país le quitó al presidente Gustavo Petro su visa, luego de que este saliera con un megáfono a las calles de Nueva York a instar a los soldados de ese país a desobedecer a sus superiores.
En medio del debate que se armó en la opinión pública por la actitud del primer mandatario y la severidad de la sanción de Estados Unidos —que desde el gobierno de Ernesto Samper no le quitaba la visa a un presidente colombiano— Quintero aprovechó para meterse en la discusión y sacó un video respaldando a Petro, diciendo que también le quitaran su visa.
“Petro fue al corazón de los Estados Unidos con un megáfono a pedirle a Estados Unidos que no usara más sus armas para matar a los niños en Gaza. Trump le quitó la visa. Puede quedarse también con la mía”, escribió el exalcalde en el trino.
Sorpresivamente, la publicación llegó a los ojos del gobierno de Estados Unidos. Christopher Landau, subsecretario de Estado de Estados Unidos —algo así como el equivalente a un vicecanciller si se compara con Colombia— le respondió en un tono satírico a Quintero.
“¡A la orden!”, le respondió Landau a Quintero en la publicación y adjuntó una ilustración inspirada en los cómics de Batman, en la que una luz proyectaba en el cielo nocturno un escudo de ese país y un letrero con las palabras “El Quitavisas”.
Más allá de la curiosa respuesta, lo cierto es que la controversia luego derivó en señalamientos muy sensibles sobre Quintero, cuando el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, terció en la discusión y reveló que a la justicia de ese país sí se le estaba pidiendo ayuda para avanzar en las investigaciones por los escándalos de corrupción en el cuatrienio anterior.
Fue entonces cuando el alcalde señaló tener en su poder indicios de presuntas movidas empresariales sospechosas en Panamá y Estados Unidos, que a su entender apuntarían a maniobras para sacar capitales por fuera de Colombia, posiblemente provenientes de las arcas públicas.
“Los hermanitos Quintero y sus socios que saquearon a Medellín deben responder muchos interrogantes a Estados Unidos. Sus viajes a Panamá y USA no son casuales. Tenemos información de sus posibles socios y testaferros. Uno de ellos vive actualmente en Miami. Si llegaron a ingresar un solo dólar a Estados Unidos producto de su corrupción en Medellín podrían ser pedidos en extradición”, dijo Gutiérrez en septiembre de 2025.
Fue en este punto que Gutiérrez dio a entender que el grueso de esos indicios han venido saliendo a la luz por cuenta de los escándalos de Afinia y Canacol.
En una reunión realizada a finales de ese mismo mes con John McNamara, encargado de Negocios en la Embajada de los Estados Unidos, señaló que en medio del proceso de auditoría forense que se realizó en la Alcaldía y las investigaciones que han venido avanzando, se dio con testimonios de fuentes que apuntaban a vínculos de figuras del gobierno pasado con ciudadanos venezolanos que viven en Miami.
“Hay personas de las que tenemos información que han tenido vínculos directos con unos ciudadanos venezolanos que viven directamente en Miami y también socios de ellos colombianos que hoy están viviendo en Miami y en otras ciudades. Casos, por ejemplo, tan importantes como el de Afinia están relacionados con esa información o casos como el de Canacol, ampliamente denunciados por medios de comunicación”, acotó entonces el alcalde Gutiérrez.
Si bien el alcalde ha sido cauto en mencionar el tema, desde 2023, tal como lo denunció EL COLOMBIANO, se conocieron indicios que apuntaban a que por lo menos dos empresarios venezolanos —que antes vivían de hacer contratos con el chavismo— y un operador político también de ese país habían aparecido en Medellín y merodeaban procesos contractuales en la pasada administración.
Los tres implicados habían constituido por lo menos siete empresas en el Valle de Aburrá, que en sus documentos daban cuenta de un crecimiento en su patrimonio, pese a no tener ni empleados, sucursales o bienes.
Según aseguraron fuentes cercanas al caso, dichos empresarios habrían estado cerca de procesos como el polémico contrato que EPM le otorgó a Canacol para el suministro de gas y la construcción de un gasoducto. Dicho contrato tenía un valor de $5 billones y según esas fuentes presuntamente se habrían manejado una comisión de 50 millones de dólares.
De acuerdo con esos testimonios, movidas similares habrían ocurrido con la filial de EPM en la Costa Caribe, Afinia, y Plaza Mayor.
Sobre Afinia también se han venido conociendo graves denuncias tras el fin de la administración Quintero, la más grave revelada durante la primera presentación de resultados de la auditoría forense, cuando salieron a la luz testimonios de que esa filial presuntamente habría sido entregada a un grupo político a cambio de un pago de 8 millones de dólares.
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Por aquellos días, el político de Bello, William Ortega, fue relacionado con esa investigación, pero este negó esos señalamientos. No obstante, su hijo, Sebastián Ortega, es ahora otro de los implicados que está siendo llamado a comparecer ante la justicia, para ser imputado por el caso del Área Metropolitana.
Como parte de este último caso, uno de los más avanzados, recientemente se han conocido más extractos de las conversaciones que están investigando las autoridades y en las que se observa a implicados como Miguel Quintero, hermano del exalcalde Daniel Quintero, ostentando cenas lujosas, autos de alta gama, relojes, entre otros.
Además de Miguel, otros implicados en las investigaciones, como uno identificado como “Sebastián” también compartían en dichos mensajes imágenes ostentando lo que sería la compra de una retroexcavadora en julio de 2020. ¿De dónde salía ese dinero y en dónde terminó?
Bloque de preguntas y respuestas
- ¿Por qué las autoridades de Estados Unidos y el FBI están investigando los contratos de Medellín?
- Porque existen indicios de que
dinero proveniente de presuntos actos de corrupción y comisiones ilegales durante la administración del exalcalde Daniel Quintero habría ingresado al sistema financiero de Estados Unidos mediante transacciones en Panamá, compras de bienes y giros a presuntos testaferros asentados en Florida.
- ¿Cuáles son los dos escándalos principales salpicados por el rastro transnacional?
- El primero es el contrato con Canacol Energy; un millonario acuerdo de suministro de gas y construcción de gasoducto con EPM por
$5 billones de pesos, en el cual se habrían negociado presuntas comisiones de hasta 50 millones de dólares. El segundo es e
l caso Afinia (filial de EPM); denuncias que señalan que la operación de esta filial en la Costa Caribe habría sido “entregada” a un grupo político a cambio de un pago ilegal estimado en
8 millones de dólares.
- ¿Qué papel juegan empresarios venezolanos en el entramado de Medellín?
- Investigaciones periodísticas e institucionales identificaron a
dos empresarios y un operador político venezolanos (con antecedentes de contratación chavista) que abrieron al menos siete empresas fachada en el Valle de Aburrá sin empleados ni activos fijos, las cuales habrían merodeado las licitaciones millonarias de EPM y Plaza Mayor.
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