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No respetan la norma: ponen la lupa sobre 53 construcciones irregulares en un barrio de Medellín

También, durante la jornada de inspección, se realizaron seis entrevistas para identificar posibles procesos de venta ilegal de predios.

  • Durante la inspección también fue identificado un lote de propiedad del Distrito sobre el cual se habían realizado intervenciones, pese a que presenta restricciones que impiden cualquier tipo de edificación. FOTO Alcaldía de Medellín.
    Durante la inspección también fue identificado un lote de propiedad del Distrito sobre el cual se habían realizado intervenciones, pese a que presenta restricciones que impiden cualquier tipo de edificación. FOTO Alcaldía de Medellín.
hace 2 horas
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La Alcaldía de Medellín adelantó un operativo de verificación en el barrio Héctor Abad Gómez, de la comuna 5 (Castilla), como parte de la estrategia para controlar los puntos críticos de desarrollo urbanístico en la ciudad.

Durante la intervención, las autoridades recopilaron información de 53 edificaciones para elaborar informes técnicos que permitan establecer si existen comportamientos contrarios a la normativa urbanística.

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Según el Distrito, la documentación recolectada será entregada a las autoridades competentes para que adelanten las actuaciones administrativas correspondientes y fortalezcan las acciones de control en un sector donde continúan registrándose nuevas construcciones y procesos urbanísticos activos.

Durante la inspección también fue identificado un lote de propiedad del Distrito sobre el cual se habían realizado intervenciones, pese a que presenta restricciones que impiden cualquier tipo de edificación.

De acuerdo con la Alcaldía, el predio está destinado al espacio público, cuenta con áreas reservadas para futuras intervenciones comunitarias y, además, se encuentra dentro de la franja de retiro obligatorio de 30 metros de la quebrada caño Héctor Abad Gómez, una zona de protección ambiental donde la normatividad prohíbe construir.

El secretario de Gestión y Control Territorial, Juan Manuel Velásquez Correa, recordó que las infracciones urbanísticas pueden acarrear multas de hasta 200 salarios mínimos mensuales legales vigentes, sanciones que pueden incrementarse cuando se afecta el espacio público o áreas de protección ambiental.

Agregó que una construcción realizada en un lugar donde la norma prohíbe edificar no se legaliza por el simple hecho de haber sido terminada, ya que la legislación contempla incluso su demolición.

Entérese: Control al loteo ilegal en Bello: identificaron construcción irregular de más de 500 predios en el Cerro Quitasol

El funcionario hizo un llamado a los ciudadanos para verificar las condiciones jurídicas y urbanísticas de los terrenos antes de comprarlos o iniciar cualquier proyecto constructivo, con el fin de evitar pérdidas económicas y eventuales consecuencias legales.

Como parte del mismo operativo, la Unidad de Enajenaciones y Sociedades Intervenidas realizó seis entrevistas para establecer si existen procesos irregulares de venta o comercialización de predios en el sector. La información recopilada permitirá identificar posibles redes dedicadas a la ocupación o comercialización ilegal de terrenos y prevenir nuevas afectaciones a la comunidad.

¿Por qué el Distrito inspeccionó 53 edificaciones en el barrio Héctor Abad Gómez?
La inspección hace parte de una estrategia de control urbanístico para verificar posibles construcciones o intervenciones que incumplan la normativa vigente. Con la información recopilada se elaborarán informes técnicos que servirán de base para las actuaciones de las autoridades competentes.
¿Qué pasa si una construcción está ubicada en un terreno donde no se puede edificar?
Una obra construida en un lugar donde la norma prohíbe edificar no se legaliza por el simple hecho de estar terminada. Según la Administración Distrital, la legislación contempla incluso su remoción o demolición, además de las sanciones económicas correspondientes.
¿De cuánto pueden ser las multas por infringir las normas urbanísticas en Medellín?
Las infracciones urbanísticas pueden generar multas de hasta 200 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Estas sanciones pueden ser mayores cuando las construcciones afectan el espacio público o zonas de protección ambiental.

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