Entre los más de 13.100 casos que ha atendido la Línea 123 Mujer Metropolitana desde que empezó a funcionar en agosto de 2020 hay 530 en los que una mujer se salvó de ser asesinada. No es cuento, dicen desde el equipo que está detrás de los teléfonos: los hechos son tan graves que incluyen fuertes amenazas, golpizas y hasta agresiones con machetes o cuchillos.
La línea, que funciona las 24 horas del día, los siete días de la semana, fue creada por primera vez en el departamento para abarcar lugares diferentes a Medellín, pues la capital ya contaba hace años con la Línea 123 Agencia Mujer que, entre 2020 y el 17 de febrero de este año ha atendido 17.181 mujeres. Ambas herramientas comparten sede en el mismo edificio.
Aunque por razones operativas la 123 Mujer Metropolitana concentra su atención en el Valle de Aburrá, atiende a mujeres de 110 municipios por fuera de esta subregión, incluso, en las zonas más apartadas, esas que pueden estar ubicadas a cuatro horas de camino de los cascos urbanos o de las que solo se puede salir por aire o agua.
Para Natalia Velásquez, secretaria de las Mujeres de Antioquia, era fundamental crear esta línea porque las brechas de género siguen siendo muy altas y se agravaron en pandemia. Lo evidencian cifras departamentales como que durante 2022 la Policía registró 17.006 casos de violencia intrafamiliar, de los cuales 12.415 fueron contra mujeres (73% ); o que, entre enero y febrero de 2023, se registraron 376 casos delitos sexuales, de los cuales 312 fueron contra niñas y mujeres (83%).
Estos hechos, que se suman al asesinato de 20 mujeres en Antioquia en lo que va de 2023 (pocos tipificados como feminicidios), están permeados por brechas que aumentan los riesgos de violencia, como la falta de oportunidades, la carga mayoritaria del trabajo y el cuidado no remunerados, la dependencia económica y la menor participación en política, entre otras.
El reto es muy grande, dice Velásquez, por lo cual se deben fortalecer las capacidades institucionales del departamento y los municipios, para que no sigan muriendo mujeres que ya habían pedido ayuda aunque fuera una vez, como pasó recientemente con Maryori Muñoz, en el centro comercial de Sabaneta, donde su expareja la atacó con una sustancia tóxica.
Entre estos mecanismos, el departamento tiene el programa “Mujeres viviendo libres de violencia para una sociedad en paz” que permite hablar del tema sin tapujos y desnaturalizar las violencias, porque no son solo físicas, sino también sexuales, psicológicas, económicas y patrimoniales.
Cuando hay que activar una ruta se ponen a disposición herramientas para romper barreras de acceso a justicia, salud, oportunidades y autonomía económica. Y una llamada, ojalá a tiempo, puede salvar una vida.
Más allá de la emergencia
Otra de las formas de salvar vidas y acompañar a las mujeres víctimas de violencias son lugares transitorios de protección, lugares en los que pueden estar por tres meses, prorrogables por otros tres, hasta que se mitigue el riesgo de violencia feminicida. Allí han acogido a mujeres con sus hijos e hijas, sus padres y hasta alguna se ha podido quedar con su mascota.
Desde 2020 hasta el 31 de diciembre de 2022 se han acogido 824 personas en hogares de atención temporal y en emergencia (316 mujeres, 489 hijos e hijas, 19 familiares distintos), según los datos del Observatorio de Asuntos de Mujer y Género de la Secretaría de las Mujeres de Antioquia.
Y tanto la línea como los hogares fueron incluidos en la actualización de la política pública, en noviembre pasado, en busca de garantizar su continuidad en próximos gobiernos.
María del Pilar Gómez, coordinadora de la Línea 123 Mujer Metropolitana, explica que en algunos casos el riesgo de feminicidio es tan alto que es necesario implementar otras estrategias. Se dispone un vehículo para traslado de emergencia a las mujeres en el área metropolitana; les compran tiquetes aéreos o terrestres a otras ciudades cuando no están seguras en Antioquia; las apoyan en la gestión de documentos; y les entregan elementos básicos de emergencia, como toallas, ropa interior, pañales de bebé, etc.
Este proceso también implica articulación con Policía, Fiscalía, Ministerio Público, comisarías, autoridades de género municipales e instituciones de salud. Esto, porque cualquier omisión o acción en estas entidades puede revictimizar o invalidar el riesgo. Se ven fallas en los exámenes médico legales por delitos sexuales o en la custodia de pruebas; persisten los señalamientos a las denunciantes; todavía hay comisarios que las invitan a conciliar con el agresor; o les cobran la atención inicial de urgencia en salud, algo que está prohibido.
Un caso que contaron desde la línea es el de una mujer que está a punto de perder su patrimonio porque la expareja, en venganza por terminar la relación, quiere vender la casa que compraron durante la unión conyugal, pero que está a nombre de él. Una Comisaría se negó a declarar medida de protección para que no pueda venderla, pues dice que no es competente. El rifirrafe puede terminar en otro tipo de violencia.
La secretaria aclara que esto exige que la línea sea atendida por mujeres con la mayor experiencia y sensibilidad en el tema, pues pueden exponerse a casos en los que las víctimas están en crisis. El funcionamiento de este mecanismo es un engranaje que comienza en el módulo de recepción del 123, donde reciben unas 7.000 llamadas al día, porque se reportan todas las emergencias, incendios, infartos e inundaciones.
Allí remiten los casos a las agencias, como la Línea 123 Mujer Metropolitana, dependiendo del hecho. Las expertas de la línea devuelven las llamadas, escuchan, orientan y activan las rutas correspondientes. Muchas veces no llaman las mujeres, sino amigos, familiares o vecinos que piden reserva: esta se garantiza, así sea la mamá de la víctima.
Los casos de urgencia son atendidos en articulación con la Policía y el Ejército (en zonas rurales). El teniente coronel Ricardo Vásquez, jefe de la operación del Sistema Integrado de Emergencia y Seguridad, opina que era necesaria una línea exclusiva para mujeres, que se extienda a las otras zonas del departamento, porque permite brindar atención más oportuna y tener un mejor panorama del problema, pues las denuncias de violencia intrafamiliar pueden ser menores que los reportes a la línea.
“El segundo o tercer motivo de policía en la línea 123 es la violencia intrafamiliar, pero estadísticamente en las denuncias no es uno de los principales motivos. Gracias a la línea, identificamos problemas que permiten hacerle un tratamiento distinto al que se hace solo con la noticia criminal que sale de la denuncia”, manifiesta el teniente coronel.
Entre las anécdotas de esta articulación, recuerda, desde la Línea 123 Mujer Metropolitana se ha orientado a los policías que van a atender algún caso de violencia contra la mujer. La orientación, además, se brinda a funcionarios de las distintas instituciones para que asuman medidas oportunas y adecuadas.
Esto ayudaría a que más asesinatos de mujeres se tipifiquen como feminicidios, lo que muchas veces no ocurre, dice Velásquez, por fallas desde los reportes, como falta de datos de las circunstancias del hecho o sobre los presuntos responsables, situación que puso sobre la mesa hace poco la secretaria de las Mujeres de Medellín, Angélica Ortiz.
Pero el ideal es que se prevengan los feminicidios. Por ello, se cuenta con la medición de riesgos. Un evento es crítico cuando convergen por lo menos cuatro elementos, como amenazar a la mujer con armas; provocarle lesiones; dejarla inconsciente, amenazarla de muerte; negarse (la expareja) a reconocer que la relación terminó; perseguirla; tener antecedentes de violencia cercanos y con niveles de saña, violencia sexual o física; tener celos desmesurados, diagnóstico psiquiátrico y consumo de sustancias psicoactivas del agresor; o participación de este en grupos armados legales o ilegales.
En este último caso la situación se agrava porque las mujeres tienen más dificultades de denunciar. Por ello, muchas veces han tenido que sacarlas a escondidas para protegerlas. Cuando los riesgos son altos, hay duplas de profesionales (abogada y psicóloga) en las subregiones para acompañar los procesos y hacer seguimiento a los casos.
“Si una mujer denuncia, y a los dos o tres meses la matan, como fue el caso de Maryori, es porque no hay una adecuada medición o valoración de ese riesgo feminicida y no hay seguimiento a ese riesgo feminicida. Muchas veces llegan a las instituciones que les corresponde y se desestima la denuncia o el agresor evade las medidas”, expresa la secretaria Velásquez.
Para ella y su equipo, los feminicidios se pueden prevenir, ya sean en el ámbito público o en el privado, donde son más recurrentes. Es necesario que las mujeres se apropien de mecanismos de protección, hablen a tiempo y comprendan que hay violencias que no se expresan con golpes y que cualquiera de ellas puede escalar.
