El anuncio de la Clínica de Las Américas de cerrar su unidad de atención de partos a partir del 1 de marzo volvió a prender las alarmas en la ciudad sobre el cierre masivo de estos servicios médicos que se ha acelerado en los últimos años y que no parece tener una solución a la vista.
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Y es que, según reconoció el mismo alcalde Federico Gutiérrez, que en la mañana del lunes se refirió al tema, en la ciudad se requieren al menos 315 camas para prestar servicios obstétricos. Según estimados, la ciudad actualmente tiene unas 109 camas de parto, aunque según la Alcaldía la cifra total ascendería a 245 si a estas se le suman todas las camas de servicios de ginecobstetricia, entre las que están las camas de hospitalización para las madres gestantes y de atención postparto.
Según el consolidado más reciente del Dane, en la capital del departamento nacieron 31.396 bebés en 2023, una cifra que, al igual que en el resto del país y en buena parte del mundo ha caído significativamente: en 2013, por ejemplo, nacieron en la ciudad 39.173 personas, lo que significa una caída del 20% en la última década.
A pesar de esta caída en la natalidad, en la ciudad siguen naciendo cerca de 90 bebés todos los días y las normas actuales exigen que en un parto natural sin complicaciones, la madre y el hijo estén por lo menos 24 horas en observación. Además, en Medellín vienen a tener sus hijos madres de todo el departamento e incluso de algunas regiones del país donde no hay servicios de ginecobstetricia o si los hay son de menor calidad. Por ejemplo, las estadísticas del Dane muestran que de los 31.396 bebés que nacieron en Medellín, solo en el 62% de los casos el lugar de residencia de la madre era Medellín, es decir, que 1 de cada 3 niños que nace en la capital de Antioquia viene de otros municipios.
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Aunque no hay cifras exactas, de cuántas camas de obstetricia se han cerrado en la última década en la ciudad, las estimaciones hablan de 200, por lo que las camas están cayendo más rápido que los nacimientos, lo que resulta, sin duda, un deterioro para la salud de las madres y sus hijos.
Y es que así como la semana pasada Las Américas cerró las cinco camas de parto que tenía, el San Vicente Fundación cerró las 32 que tenía en 2022 y la sede del centro de la Clínica del Rosario sacó de circulación 30 camas en 2023. Otras clínicas como la León XIII, Sagrado Corazón de Jesús y Las Vegas hicieron lo mismo en años anteriores. En una alerta que publicó la Personería Distrital de Medellín en 2023 advertían que una docena de IPS tenían intenciones de cerrar sus servicios de obstetricia.
Ahora bien, con estos cierres en la ciudad las opciones que quedan para parir son pocas: solo tienen camas el Hospital General, la Clínica Universitaria Bolivariana, la Clínica del Prado, la Clínica del Rosario en la sede del Tesoro, la Clínica Soma y las unidades hospitalarias de Belén y Nuevo Occidente.
De acuerdo con el Registro Especial de Prestadores de Salud, Reps, que es donde las IPS registran sus capacidades, en la ciudad quedan apenas 109 camas disponibles para parir: 34 en la Bolivariana, 19 en la Soma, 15 en el Rosario, 12 en la Unidad Hospitalaria de Belén, 11 en Nuevo Occidente, 10 en del Prado y 8 en el Hospital General.
¿Por qué cierran salas de parto?
Tras el anuncio del cierre de sus camas, la clínica Las Américas explicó que solo estaban atendiendo entre uno y dos nacimientos diarios, “una situación que resultaba insostenible debido a la baja demanda en relación con los recursos requeridos”.
Agregaron que la atención obstétrica en el país tiene una regulación compleja y requiere que haya personal especializado disponible 24/7, por lo que las cuentas no le daban a la clínica. “Ante este panorama, la situación fue debidamente escalada a las entidades reguladoras y aseguradoras, lo que llevó a la decisión de cerrar el servicio de partos en nuestra institución”, concluyeron.
Esa no es una justificación nueva, sino por el contrario el argumento mas común que tienen las entidades para cerrar sus camas de parto: que es mal negocio. No solo porque cada vez hay menos partos para atender si no porque lo que reciben por parte de las EPS no alcanza para cubrir lo que cuesta atender un parto con la regulación de hoy en día. Sandra Vélez, jefe del departamento de Obstetricia y Ginecología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia, explica que el cierre de estos servicios está estrechamente vinculado con una crisis debido a la insuficiencia de la unidad de pago por capitación (UPC) que es el valor anual que el Gobierno Nacional le asigna a cada afiliado del sistema de salud en Colombia y que arrastra desde hace años un déficit que está siendo insostenible para las EPS y para las IPS.
El alcalde Gutiérrez también reforzó esa hipótesis y aprovechó para señalar al Gobierno Nacional de la crisis: “Están ahogando financieramente las clínicas y los hospitales así como hicieron con las EPS, con lo que establecieron de la UPC no es sostenible para ninguna clínica ni pública ni privada”, indicó el mandatario.
Además, Vélez señala que las tarifas sugeridas en el Manual Tarifario de Salud también están por debajo de los costos de atender un parto.
En el 2016, desde la Universidad de Antioquia hicieron un estudio para evaluar ese déficit y encontraron que estos servicios daban pérdida. Esa brecha, entre lo que sugiere el manual tarifario y los costos reales, se ha hecho mucho más amplia con el pasar de los años, pues los costos han subido más que las tarifas, pues la atención es cada vez más compleja y exige mayor calidad.
Actualmente, el manual tarifario sugiere para un parto vaginal el valor de $2.876.900 y para una cesárea $4.702.800.
Hay que decir que eso que ocurre con los partos está pasando con buena parte de los servicios médicos, sin embargo, al ser los nacimientos cada vez menos, las clínicas y los hospitales deciden hacer el recorte por allí. El problema es que ese recorte trae serias consecuencias negativas para las madres y sus bebés, que tienen prendidas las alarmas.
Menos calidad y más riesgos
La profesora Vélez señala que en la medida en que haya menos servicios, los pocos que queden van a recibir más carga y la calidad y la atención prestada a las madres será mejor. Un profesional que antes tenía que atender uno o dos partos, ya tendrá que atender cuatro o cinco, lo que pone en riesgo los derechos reproductivos de las madres y aumenta las probabilidades de sufrir violencia obstétrica. “Se afecta la posibilidad de dar un trato humanizado”, señala Vélez.
Además, hay que tener en cuenta que si bien en estas clínicas y hospitales de primer nivel se atendían pocos pacientes, es donde había capacidad para atender los casos más complejos y la morbilidad materna ha aumentado en la última década.
Por ejemplo, en 2016 en la ciudad una madre gestante necesitaba en promedio 2,8 días de hospitalización. Esa cifra ahora está en 4,2. Esto sumado a que menos servicios de obstetricia también significan más barreras para aquellas personas que quieran acceder a una interrupción voluntaria del embarazo en condiciones seguras y dignas.
Ante esta situación, desde la Universidad de Antioquia publicaron un comunicado expresando sus preocupaciones ante lo que consideran “una amenaza para la salud materna y perinatal en la región”, e instaron a las autoridades de salud para tomar alguna medida para revertir el déficit de camas de atención obstétrica en la ciudad.
Por el momento, el alcalde Federico Gutiérrez se comprometió que para el mes de junio, cuando se entregue la unidad hospitalaria de Manrique, la ciudad tenga 49 camas nuevas.
