La imputación fue suspendida a altas horas de la noche del pasado lunes.
Tras una larga jornada que duró casi nueve horas y que fue suspendida a altas horas de la noche, este martes continúa la audiencia de imputación de cargos en contra del exalcalde de Medellín Daniel Quintero y otros diez implicados en el caso de Aguas Vivas.
3:50 p.m.: Finalmente, el juez avaló los cargos y les comunicó a todos los implicados que a partir de este martes tendrán condición de imputados.
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“Así las cosas la judicatura les reitera esos derechos fundamentales que tienen: a un juicio público, oral, contradictorio, parcial, con inmediación de las pruebas, sin dilaciones injustificadas, poder contactarse directamente sin restricciones con sus abogados defensores, que no se utilice en su contra su silencio, a no declararse culpables, a preparar su defensa, todo ello de conformidad con lo declarado en el artículo 8 del Código de Procedimiento Penal, además de que en otras audiencias, si a bien lo tienen, pueden allanarse a los cargos”, dijo.
“Se les advierte a cada uno de los imputados que dentro de los seis meses siguientes, contados a partir del día de hoy, no pueden enajenar bienes sujetos a registro que tengan o que llegaren a adquirir, pues cualquier negociación que realicen sobre los mismos sin autorización de un juez será nula. (...) Esta notificación se notifica por estrados, contra ella no procede recurso alguno, dado que se trata de un acto de mera comunicación”, concluyó el juez, quien así levantó la sesión.
3:44 p.m.: Cada uno de los implicados tuvo que decir si aceptaba o no los cargos y todos se declararon inocentes.
3:38 p.m.: Luego de que cada uno de los implicados hiciera las observaciones y señalaran entender los cargos, el juez pasó a referirse al proceso de imputación.
Poco antes de que empezara a hablar, el exalcalde Daniel Quintero intentó interrumpirlo para hacer una intervención. El juez señaló que en la audiencia del pasado lunes ya había tenido suficiente tiempo para hablar.
“Señor juez, le pido la palabra un segundo para dejar una constancia”, dijo Quintero, cortando al juez en medio de su intervención y sin pedir permiso. “No, señor Quintero, ya el día de ayer usted tuvo la oportunidad las observaciones, dejar las constancias...”, comenzó a decir el juez, siendo nuevamente interrumpido por el exmandatario. “Por favor me silencian el micrófono del ciudadano”, ordenó el juez, para poder continuar con su intervención.
El juez consideró que las imputaciones del primer bloque de personas había sido legal, fáctica y clara, que se le permitió a cada uno de los defensores e imputados hacer observaciones y pedir aclaraciones buscando garantizar sus derechos para evitar nulidades. “Han quedado claro aquí esos hechos jurídicamente relevantes y los hechos narrados por la Fiscalía”, dijo.
También señaló que en el segundo bloque de imputados la imputación se había hecho de manera correcta. “El despacho declara ajustada a derecho la imputación de la Fiscalía”, reiteró. Acto seguido pasó a consultar a los implicados si aceptaban los cargos.
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3:36 p.m.: El último imputado en pedir aclaraciones fue Juan Mauel Villegas, el tercer particular implicado. Tras varias consultas que duraron poco más de diez minutos, la defensa señaló tener claro.
“Sí, entiendo lo que la Fiscalía manifiesta.
3:22 p.m.: La defensa de José Fernando Rueda Salazar, representante legal de Técnicas Constructivas, dijo no tener preguntas y señaló que se atendría a la exposición hecha por la Fiscalía el 8 de abril.
3:20 p.m.: El turno de las aclaraciones correspondió a la defensa de Juan Diego de Jesús Moreno Barón, representante legal de IDC Inversiones, que le preguntó a la Fiscalía por qué se le imputaba el delito de peculado pese a no a ser un servidor público.
En respuesta, la fiscal señaló que, como el peculado se habría dado en favor de particulares, la responsabilidad la tendría en calidad de coautor interviniente. Al final, Moreno señaló entender los cargos imputados y el juez dio paso a las dudas de los demás implicados.
2:54 p.m.: El juez reanudó la audiencia.
3:50 p.m.: Finalmente el juez avaló los cargos y les comunicó a todos los implicados que a partir de este martes tendrán condición de imputados. Posteriormente levantó la audiencia.
3:44 p.m.: Cada uno de los implicados tuvo que decir si aceptada o no los cargos y todos se declararon inocentes.
3:38 p.m.: Luego de que cada uno de los implicados hiciera las observaciones y señalaran entender los cargos, el juez pasó a referiste al proceso de imputación.
Poco antes de que empezara a hablar, el exalcalde Daniel Quintero intentó interrumpirlo para hacer una intervención. El juez señaló que en la audiencia del pasado lunes ya había tenido suficiente tiempo para hablar.
El juez señaló que las imputaciones del primer bloque de personas fue legal y fáctica, que fue clara, que se le permitió a cada uno de los defensores e imputados hacer observaciones y pedir aclaraciones buscando garantizar sus derechos para evitar nulidades. “Han quedado claro aquí esos hechos jurídicamente relevantes y los hechos narrados por la Fiscalía”, dijo
También señaló que en el segundo bloque de imputados la imputación se había hecho de manera correcta. “El despacho declara ajustada a derecho la imputación de la Fiscalía”, concluyó.
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3:36 p.m.: El último imputado en pedir aclaraciones fue Juan Mauel Villegas, el tercer particular implicado. Tras varias consultas que duraron poco más de diez minutos, la defensa señaló tener claro.
“Sí, entiendo lo que la Fiscalía manifiesta.
3:22 p.m.: La defensa de José Fernando Rueda Salazar, representante legal de Técnicas Constructivas, dijo no tener preguntas y señaló que se atendría a la exposición hecha por la Fiscalía el 8 de abril.
3:20 p.m.: El turno de las aclaraciones correspondió a la defensa de Juan Diego de Jesús Moreno Barón, representante legal de IDC Inversiones, que le preguntó a la Fiscalía por qué se le imputaba el delito de peculado pese a no a ser un servidor público.
En respuesta, la fiscal señaló que, como el peculado se habría dado en favor de particulares, la responsabilidad la tendría en calidad de coautor interviniente. Al final, Moreno señaló entender los cargos imputados y el juez dio paso a las dudas de los demás implicados.
2:54 p.m.: El juez reanudó la audiencia.
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Con el espacio de este martes, ya se ajustan tres sesiones en medio del proceso de imputación de cargos en contra de los implicados en el caso de Aguas Vivas.
La primera de esas sesiones se realizó el pasado 8 de abril, cuando la Fiscalía desagregó e imputó delitos a un grupo de once exfuncionarios y particulares, dividiéndolos en dos grandes bloques.
En el primero aparecen Carlos Mario Montoya Serna, exsecretario de Gestión y Control Territorial; Karen Bibiana Delgado Manjarrés, exsecretaria de Suministros y Servicios; Sergio Andrés López Muñoz, exdirector de Planeación de Medellín; Natalia Andrea Jiménez Pérez, exsubsecretaria de Ejecución; Alethia Carolina Arango Gil, quien ejerció como subsecretaria de Defensa y Protección de lo Público, y Leidy Jiménez Echavarría, exsubsecretaria de Proveedores, a quienes la fiscalía les imputó el delito de interés indebido en la celebración de contratos.
A este primer grupo, la Fiscalía los señaló de haber participado, en cada uno de sus cargos y funciones, en los conceptos que abonaron el terreno para que la Alcaldía justificara un pago de $42.000 millones que se iba a hacer a los particulares implicados; es decir, las empresas IDC Inversiones, Técnicas Constructivas y un tercero identificado como Juan Manuel Villegas Márquez.
Dichas movidas, sostuvo la fiscal, habrían ido en contravía de conceptos previos de otros funcionarios que se opusieron a que dicho pago se realizara tras considerar que no era legal.
En su recuento, la Fiscal insistió en que, por ejemplo, desde la Secretaría de Gestión y Control Territorial, a cargo de Carlos Mario Montoya, no se podía haber solicitado una actualización del avalúo en el terreno; que desde Planeación, a cargo de Sergio López, no se podía gestionar el pago del mismo con un fondo público; y que el Distrito tampoco podía, en aras de salvaguardar el interés público, controvertir las decisiones judiciales que impidieron que la conciliación se realizara.
Durante la sesión de este lunes, todos los implicados en este delito ya señalaron comprender lo que les imputó la Fiscalía.
El segundo bloque está encabezado por el exalcalde Daniel Quintero, el exsecretario General, Fabio Andrés García Trujillo; y tres particulares involucrados: José Fernando Rueda Salazar, representante legal de Técnicas Constructivas; Juan Diego de Jesús Moreno Barón, representante legal de IDC Inversiones; y otro particular identificado como Juan Manuel Villegas Márquez.
A este segundo grupo la Fiscalía les imputa los delitos de peculado por apropiación y prevaricato por acción.
De este segundo grupo, durante la audiencia de este lunes, solamente el exalcalde Daniel Quintero y el exsecretario General, Fabio Andrés García, señalaron entender los delitos y los hechos imputados por la Fiscalía.
Este lunes se espera que la defensa de los tres particulares involucrados aclaren dudas con la Fiscalía y se sepa si la imputación queda en firme.
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El escándalo de Aguas Vivas estalló en diciembre de 2021, mes en el que EL COLOMBIANO empezó a denunciar el presunto negociado ilegal que se estaba fraguando con un megalote a nombre del Municipio de Medellín.
Aguas Vivas es una propiedad ubicada entre El Poblado y Las Palmas, de un área de 147.000 metros cuadrados y que puede observarse desde el segundo mirador de la avenida Las Palmas.
El caso en mención se remonta al 29 de diciembre de 2014, cuando dos empresas, identificadas como IDC Inversiones y Técnicas Constructivas compraron el terreno.
Apenas tres meses después de concretar esa primera transacción, ambas empresas le traspasaron por un valor de $361 millones al exgobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, un 11% de dicho terreno, y un 4% restante a dos hermanos de él, Alberto, Darío y Mario.
A mediados de 2015, se selló una tercera transacción en la que los Pérez Gutiérrez aumentaron a un 39% su participación conjunta para el terreno.
Al año siguiente, en marzo de 2016, la familia del exgobernador hizo otra movida con el terreno, volviendo a entregar a las dos empresas iniciales su participación sobre el predio y recibiendo a cambio otra finca aledaña, de nombre Las Brisas, y en donde ya tenían participación previamente.
Todas movidas fueron constatadas por EL COLOMBIANO tras revisar documentos que reposaban en los archivos de la Notaría 25.
En 2017 los privados empezaron a pedir pista para traspasarle al municipio de Medellín el primer lote en cuestión, el de Aguas Vivas.
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A pocos días del cambio de gobierno, se suscribió una escritura pública en la que la cesión fue aceptada, tal como quedó consignado en una escritura emitida por la Notaría 19 de Medellín, fechada el 27 de diciembre de 2019.
Tras dicho acto, en el que el predio se avaluó en $2.711 millones, quedó pendiente, no obstante, hacer el registro del título ante la oficina de registro de instrumentos públicos.
Dicho traspaso se hizo además como una compensación urbanística, una figura que obliga a los constructores a entregar espacio público a la ciudad cuando adelantan un proyecto. Por esta razón, en dicho traspaso no se le exigió a la Alcaldía un pago.
Cabe recordar que el terreno de Aguas Vivas aparecía en el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) como una zona destinada para un ecoparque, razón que le restringía a sus dueños su uso para cualquier proyecto habitacional.
Bajo esa lógica, dicha cesión se explicaría para esas empresas posteriormente pudieran cerrar algún acuerdo económico con algún tercero dispuesto a pagar por aquel terreno y así cumplir con alguna compensación urbanística pendiente.
En su investigación, la Fiscalía busca determinar quiénes fueron los responsables y cómo se habría producido una serie de movidas administrativas con las que el lote Aguas Vivas, ubicado en Las Palmas, fue avaluado por la Alcaldía en $48.234 millones en 2021, presuntamente para beneficiar a privados.
De igual manera, se investiga el papel del exalcalde Quintero en dicho caso, sobre todo por cuenta de la firma de un decreto que le cambió el uso al suelo en cuestión, luego de que la justicia no le permitiera a la Alcaldía realizar una millonaria conciliación con los privados.
