Desde las 8:10 a.m. de este lunes 20 de noviembre se realiza la audiencia de acusación en la investigación penal que cursa en contra de la exsecretaria de Educación Alexandra Agudelo, la exdirectora de Buen Comienzo Lina Gil y el exrepresentante legal de la corporación Colombia Avanza Henry Paulison Gómez, por presuntas irregularidades en dos contratos relacionados con la atención a primera infancia y alimentación escolar.
El inicio de la audiencia, en cabeza del Juzgado 10 Penal del Circuito de Conocimiento de Medellín, estuvo en manos de la abogada Lucidia Amaya, quien solicitó que en el proceso fueran reconocidas como víctimas la veeduría ciudadana Todos por Medellín, que presentó la denuncia que originó esta investigación, así como dos madres que fueron beneficiarias de Buen Comienzo y que habrían sido afectadas por los presuntos malos manejos en la ejecución del programa.
El juez accedió a darle tal reconocimiento solamente a Todos por Medellín que, en todo caso, también está representando a las comunidades y personas afectadas por las presuntas irregularidades, una decisión sobre la cual los abogados defensores solicitaron apelación.
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Cabe recordar que en febrero de este año se realizaron las primeras audiencias de este proceso penal, que derivó en la imputación a los tres investigados, como presuntos responsables de los delitos de peculado por apropiación en favor de terceros, tentativa de peculado en favor de terceros, contrato sin cumplimiento de requisitos legales e interés indebido de celebración de contratos.
Los dos contratos bajo investigación fueron suscritos en 2020 con la corporación Colombia Avanza. El 4600085185 para atender la modalidad familiar de Buen Comienzo y el 4600085448 para entregar paquetes alimentarios a población escolar. Se busca probar si en ambos se presentaron anomalías, como una oferta hecha a la medida para el contratista, supuestos sobrecostos y hasta duplicidad en el pago que hizo la administración por una misma labor, asuntos que los defensores de los tres implicados han argumentado que carecen de veracidad.
Así avanzó la audiencia de acusación
En primera instancia la abogada Amaya, apoderada de Todos por Medellín y las dos madres que solicitan ser reconocidas como víctimas, explicó que hubo daños a derechos fundamentales. Por ejemplo, en el caso de una de las madres lactantes, se habría visto afectada para lactar a su bebé, porque no habría recibido a tiempo los paquetes alimentarios que entrega el programa y ella tenía días en los que dice que solo consumía una comida no muy completa.
En el caso de Todos por Medellín, Amaya indicó que tuvieron daños al buen nombre por los señalamientos que se han hecho en su contra tras haber denunciado los hechos que hoy se investigan y por su labor de control social. Además, la apoderada resaltó que la veeduría ha representado a las personas afectadas por las presuntas irregularidades y que ha actuado en busca de verdad, justicia y reparación, aun cuando esta última no tenga carácter económico.
Los tres defensores alegaron que no había cabida para reconocer como víctimas ni a las madres ni a la asociación ciudadana, pero la fiscal 15 seccional avaló la solicitud de incluirlas a todas en esa condición, mientras que la representante del Ministerio Público Beatriz Mejía estuvo de lado de la fiscal, pero solo para reconocer a la veeduría y no a las madres.
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Tras analizar los argumentos de todas las partes, el juez consideró que las madres no serán consideradas como víctimas, en tanto que ello sería como aceptar antes de tiempo en el proceso penal que, en efecto, se presentaron las presuntas irregularidades que tratan de probarse.
El juez determinó reconocer a Todos por Medellín como víctima en el proceso porque han intentado que la justicia determine si se cometieron las presuntas irregularidades en los contratos mencionados y cómo esto pudo generar daños y afectaciones a las personas beneficiarias que han representado, para lo cual están facultadas por la ley, como parte de sus funciones de control social.
No obstante, Santiago Trespalacios, apoderado de la exsecretaria Agudelo, solicitó al juez que permitiera presentar recurso de apelación a dicha decisión, para que sea el Tribunal Superior de Medellín el que defina si había cabida a que así se hiciera a la luz de la jurisprudencia al respecto. Los demás abogados defensores estuvieron de acuerdo.
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La solicitud de apelar también fue avalada por la fiscal y la representante del Ministerio Público, quienes argumentaron que con ello se puede tener claridad y tranquilidad en las etapas siguientes del proceso. Fue así que el juez autorizó que se acudiera al recurso de apelación.
Entre algunos argumentos que presentaron los tres defensores estuvo que Todos por Medellín fue la entidad que presentó la denuncia de los hechos, por lo cual en el proceso no podría actuar como denunciante y como víctima; que la veeduría fue creada en agosto de 2020, posterior a la firma de los contratos que se investigan; y que no se pudo demostrar el daño sufrido de forma real y concreta.
La Fiscalía solicitó al Tribunal Superior que desconozca las razones que dieron los abogados en la apelación. En su consideración, la calidad de denunciante no se ha confundido con la calidad de víctima que puede tener la veeduría. Además, dijo que no es relevante que la creación de esta entidad haya sido meses después a la firma de los contratos, pues es clave lo sucedido posteriormente en el tiempo que duró la ejecución de los mismos.
Terminada la exposición de los argumentos, el despacho del juez concedió el recurso de apelación y lo remitirá al Tribunal Superior de Medellín para que decida en segunda instancia. Surtido ese paso se continuará con el proceso que solo tendrá un fallo de fondo cuando se establezca si hay o no responsabilidad de Agudelo, Gil y Gómez en los hechos que se les atribuyen.
