Por medio de triquñuelas, en el Área Metropolitana están atornillados varios funcionarios de la administración de Daniel Quintero que fueron contratados en las últimas semanas de 2023. Dos personas emparentadas con Miguel Quintero, el hermano del exalcalde Daniel Quintero; la madrastra del exsecretario Esteban Restrepo; gente de la cuerda del exalcalde encargado Óscar Hurtado; la esposa del exgerente de Metroparques y la mamá de una concejal de Itagüí de estirpe trujillista son parte de entre 24 y 30 fichas de la anterior administración.
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El problema no es exclusivo, ha ocurrido en otras dependencias vinculadas al Distrito de Medellín donde se han visto a gatas para remover los vestigios de un periodo lleno de cuestionamientos. Pero el caso del Área es peor por cuenta de una modernización a medias que comenzó el anterior director, Juan David Palacio, por lo que se debe esperar un desenlace que se empantanó por una demanda que interpusieron varios funcionarios contra ese proceso. Mientras tanto, a los nuevos directivos les toca, prácticamente, dormir con el enemigo.
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Se conoce además que muchos de los “enquistados” entraron al Área valiéndose de los puestos que creó la reforma, pero su número no es preciso pues, según expresó a EL COLOMBIANO la nueva directora Paula Palacio, no ha sido posible obtener una información al respecto que sea consistente.
Hubo dos etapas que fueron contundentes, porque parte de los enganches se hicieron en junio de 2023, antes de que entrara en vigencia la Ley de Garantías previa a la contienda presidencial, y cerca de 10 personas entraron entre el 28 y 29 de diciembre, ya en los últimos estertores del periodo del alcalde Daniel Quintero y del Director del Área Metropolitana, cuyo nombramiento se debió en gran medida al poder del mandatario de Medellín en la entidad que hace las veces de autoridad ambiental en el Valle de Aburrá.
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“A nosotros nos entregaron unos datos en el empalme y cuando yo llegué a la entidad la información era distinta. Si a mí me dicen que son 25 personas las que entraron en la reforma, tienen que ser 25 y no 28; por otro lado aparece que son 31 y por otro lado dicen que son 24; o sea, en cada informe de los que nos van entregando tiene un dato distinto. Por eso lo que hemos determinado mejor es que sea en el marco de la demanda que los abogados hagan todo el proceso investigativo y se responda con base a lo que se encuentre”, dijo la directora Paula Palacio.
Tras las palabras de la Directora y aunque ella no lo mencione, también es significativo que parte de los “enquistados” sean abogadas que por el rol que cumplen tienen un manejo privilegiado de la información, rol que parece no ser confiable en este momento.
¿Cuotas de Miguel Quintero?
Al preguntársele por los casos concretos en los que las vacantes se llenaron con “fichas” del quinterismo, la funcionaria también se negó a responder.
Este diario indagó y otras fuentes internas revelaron que a mediados de 2023 le aprobaron el contrato como funcionaria en provisionalidad a Liliana Saldarriaga Castrillón. Ella es hermana de Leidy Saldarriaga Castrillón, la pareja de Miguel Quintero, a su vez hermano del exalcalde Daniel Quintero. La resolución para su nombramiento, según reporte conocido por este diario, se firmó el 28 de junio del año pasado. Algo curioso es que en su perfil de redes sociales figura como especialista en derecho médico pero su desempeño es en un campo de experticia muy diferente, pues ejerce en la oficina jurídica ambiental.
Y no sería la única ficha del enigmático hermano mayor del exalcalde Quintero, del cual siempre se dijo que era el verdadero poder dentro del Área Metropolitana mientras que el director fue Juan David Palacio. Allí también figura bajo la misma modalidad contractual de provisionalidad y se desempeña como profesional universitaria de contabilidad Regina Castrillón Castrillón —la tía de Leidy—, quien labora en la entidad desde agosto de 2021.
En el listado de funcionarios con familiares “ilustres” también está Yorladis Ruda, con un empleo como auxiliar administrativa. Según versiones tendría cercanía con el exsecretario de Gobierno Esteban Restrepo, pues sería la pareja de su papá, don Fredy Arturo Restrepo.
La cuerda de parentescos políticos no para ahí, pues también en el Área fue enganchada en provisionalidad, dentro de la subdirección ambiental y con cargo de auxiliar administrativa bajo la sombrilla de la “modernización”, Leidy Julieth Forero Sánchez, esposa del exgerente de Metroparques Jorge Liévano.
Así mismo, en los pasillos del Área Metropolitana se menciona que Óscar Hurtado, el exalcalde encargado para los últimos meses de 2023 en Medellín tras la renuncia del mandatario titular para irse a hacer política, también habría dejado acá parte de su “clientela” política representada en varia personas, entre ellas una abogada y otra profesional universitaria de la subdirección de Transporte.
Aunque entre los empleados del Área dicen lo contrario, Claudia Bernal aseguró que los vínculos parentales ni políticos no tuvieron nada qué ver con su cambio de condición en el Área, donde antes fue contratista durante diez meses.
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“Lo que pasa es que una de las funcionarias de la (oficina) juridica administrativa ascendió a líder y dejó vacante el puesto, y como conocen mi trayectoria, perfil y experiencia me hicieron el ofrecimiento. Mi hoja de vida, mi manera de trabajar y mi entrega hablan por mí, no tengo que apelar a otras cosas”, recalcó al mencionar una trayectoria de más de una década como defensora pública, un puesto que, según ella, obtuvo por concurso.
“Lo que pasa es que una de las funcionarias de la (oficina) juridica administrativa ascendió a líder y dejó vacante el puesto, y como conocen mi trayectoria, perfil y experiencia me hicieron el ofrecimiento. Mi hoja de vida, mi manera de trabajar y mi entrega hablan por mí, no tengo que apelar a otras cosas”, recalcó al mencionar una trayectoria de más de una década como defensora pública, un puesto que, según ella, obtuvo por concurso.
“Lo que pasa es que una de las funcionarias de la (oficina) juridica administrativa ascendió a líder y dejó vacante el puesto, y como conocen mi trayectoria, perfil y experiencia me hicieron el ofrecimiento. Mi hoja de vida, mi manera de trabajar y mi entrega hablan por mí, no tengo que apelar a otras cosas”, recalcó al mencionar una trayectoria de más de una década como defensora pública, un puesto que, según ella, obtuvo por concurso.
Reestructuración a medias
La reestructuración en la que se apoyaron estos nombramientos partió de un estudio realizado por la Universidad de Antioquia que recomendaba reorganizar la entidad, reduciendo las subdirecciones de ocho a siete –se suprimiría la de Cooperación y Convenios– pero aumentando las dependencias de 11 a 16. Uno de los aspectos más controversiales es que también creaba 128 puestos nuevos de trabajo al incrementar la planta de 224 a 352 personas vinculadas y ello implicaba que los gastos por nómina subieran más de 722 millones de pesos mensuales. Fuera de eso, cambiaron el manual de funciones, de forma que muchos de los cargos actuales habrían quedado desfasados en los perfiles, y modificaron la escala salarial para quienes ingresaran a partir de 2024.
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Un grupo de unos 80 funcionarios demandó los tres Acuerdos Metropolitanos que le dieron vida al proceso ante un juzgado administrativo debido a las que consideran fallas protuberantes.
Para empezar, aducen que el estudio de la U. de A. “estuvo mal hecho porque no se aplicó todo lo que dictamina el Departamento Administrativo de la Función Pública” en cuanto a la necesidad de consultar debidamente a los empleados sobre sus funciones y rutinas para calcular las cargas laborales, ni se les socializó bien el plan de modernización.
Además, mientras que los expertos recomendaron que la aplicación de las recomendaciones fuera integral, estas solo se acogieron parcialmente, según explicó el vocero de los demandantes, Óscar Henao.
Henao añadió que, además de eso, el sobrecosto en la nómina no está financiado y, de manera contradictoria, con la modificación de la escala salarial se bajó la remuneración de muchos cargos, con lo cual empieza a suceder algo absurdo en la vida institucional, pues por ejemplo quien haga las veces de director termina ganando mucho menos que algunos de los líderes de área, que son sus subalternos.
“Hay asuntos importantes dentro de la demanda que la entidad tendrá que revisar y yo, por motivos incluso el mismo proceso, no puedo tener una postura frente al tema, sino que finalmente, eso será parte del proceso”, indicó por su parte la directora Palacio.
Como si fuera poco, lo cual aporta otro punto de complejidad a la salida de la situación planteada, ante Comisión Nacional del Servicio Civil fueron reportados 160 plazas que estaban en provisionalidad y deberán reemplazarse con funcionarios de carrera.
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“Es decir que estamos ante una reforma demandada, pero que está aplicada y a su vez ante un proceso de concurso de méritos con unas plazas que tiene unos manuales de funciones que vienen de la reforma, lo cual es otro agravante, porque vamos a tener una complejidad con los cargos ya que no van a corresponder con los manuales de funciones de la entidad. Entonces lo que toca es esperar”, sentenció la funcionaria.
