En algunos aspectos el Área Metropolitana del Valle de Aburrá se comporta como una inmensa alcaldía que cubre los diez municipios de su jurisdicción, porque desde acá se llegan a acuerdos para regir el manejo del territorio (planeación), la movilidad y la gestión de riesgos. Su presupuesto supera el medio billón de pesos al año.
Ahora la entidad está en el ojo del huracán por el escándalo de los contratos con el Cuerpo de Bomberos de Itagüí en la pasada administración y en ese contexto la directora actual, Paula Andrea Palacio, revela que no es el único frente de posibles malos manejos sino que allí habría actuado toda una red. El monto comprometido podría superar los $200.000 millones.
“Más o menos $200.000 millones, pero hay una situación que es bastante importante y es que finalmente cuando los administradores de justicia realizan las investigaciones, son ellos, dándoles trámite a sus investigaciones, quienes determinan qué monto realmente fueron sujetos de alguna presunta corrupción”.
“Tuvimos situaciones con la Secretaría de la No Violencia cuando Juan Carlos Upegui era el secretario. El Área Metropolitana firmó contratos con ellos, que ascendían a $1.500 millones aproximadamente y no encontramos los debidos soportes en su momento para hacer los cierres de los procesos, y contratos de los cuales no han sabido dar cuenta quien estaba a cargo.
Acá hablamos también de la reforma administrativa irregular (en el Amva), con una situación que se dio incluso el día antes de entrar en vigencia la Ley de Garantías. De manera bastante curiosa se generaron varios cargos nuevos ocasionando una problemática interna porque hubo unos que se crearon sin tener la debida diligencia y concepto de sostenibilidad financiera.
Otro asunto que pusimos en conocimiento de las autoridades es el de los indicadores que reportaban al momento del cierre del plan de gestión y que cuando entramos a hacer una revisión del cumplimiento, era muy inferior. Además, denunciamos el estado en que encontramos el sistema de EnCicla, en cuidados intensivos: el 87% del sistema se encontraba inservible, solo el 42% de la flota estaba en uso. Pero si miramos las inversiones que se realizaron para el sistema durante la vigencia 2020-2023, donde Juan David Palacio era el director y el presidente de la junta era Daniel Quintero, fueron inversiones importantísimas que no se vieron reflejadas en el mejoramiento ni en el mantenimiento del sistema.
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También, tenemos situaciones en contratos con fundaciones como Arca, Tenarco y Fundaeventos, donde realmente no evidenciamos los debidos soportes para los pagos realizados.
Encontramos también presuntos sobrecostos en algunos de los contratos y obras que estaban inconclusas e incluso con problemas de financiamiento para culminar y que no se convirtieran en elefantes blancos”.
“Nosotros podemos evidenciar ciertas irregularidades pero no tengo cómo asegurar eso. Lo cierto es que varias personas tienen cercanías familiares con algunas personas de la administración anterior”.
“No, se tuvieron que mantener en su mayoría porque tenían toda la legalidad dentro de los procesos. Sin embargo, de todos los que lograron hacer el día antes de la Ley de Garantías y casi dos tres días antes de irse de la administración, encontramos en toda la revisión cuatro con irregularidades que fueron también puestas en conocimiento, porque las personas no cumplían los requisitos para el perfil en el que fueron nombradas”.
“Sí, por ejemplo en un indicador de vías decían que el cumplimiento de kilómetros para los cuatro años eran por decir algo 10 kilómetros y ponían el cumplimiento al 100%, cuando realmente no hicieron ni 2 kilómetros”.
“Para nadie es un secreto que Daniel Quintero siendo alcalde de Medellín y presidente de la Junta Metropolitana extendió todas esas prácticas irregulares en la contratación y en los procesos. El Distrito de Medellín ha hecho ya un informe de más de 650 hallazgos donde hay unas investigaciones también que se adelantan. Y decir si esto ha avanzado lenta o rápidamente es muy complejo porque estamos ante un panorama tan crítico de corrupción como nunca ha existido en ningún municipio ni en ningún distrito del país”.
“Así es, ahí te lo digo con total certeza, porque quien preside la junta del Área Metropolitana y además quién asigna la terna para que sea elegido el director siempre es el Alcalde de Medellín”.
“A la entidad llegamos a apagar incendios literalmente, porque estábamos atravesando una temporada seca muy fuerte y nuestros cerros estaban todos encendidos; pero también nos dejaron sin servicios de internet, sin servicios públicos, sin los servicios de seguridad y vigilancia. O sea que realmente la entidad casi que apagada el primero de enero del 2024. Fueron meses muy complejos en los que sin tener ni los presupuestos ni las herramientas, nos tocó resolver una cantidad de problemas”.
“Esto el año pasado era una cosa terrible, pero entre algunos de los procesos que vimos en caos estaba EnCicla, el Parque de las Aguas casi que teniendo que cerrar en plena temporada en la que los niños están en vacaciones y la gente utiliza el parque; el proyecto del CAVR donde atendemos la la fauna silvestre con problemas grandísimos para la entrega de los obras porque son las obras que estaban ejecutando por recursos de la administración anterior; toda la parte administrativa en el caos tremendo con la reforma casi que forzada y generando muchas fricciones con el personal porque hicieron cambios en los manuales de funciones de una manera poco concertada y sin el debido cuidado”.
“Los procedimientos de la entidad los hemos venido revisando uno a uno, generando mejoras, poniendo más ojos también y más apoyo en los procesos internos; revisando también esas capacidades que tenemos con el personal de planta de la entidad para que sean capacitados en la supervisión de los contratos.
Además, hemos tenido una consideración muy especial con los convenios interadministrativos celebrados hasta el momento y es que anteriormente el Área Metropolitana cofinanciaba los proyectos, pero prácticamente, aunque no suene bien, se desaparecía el proceso, casi que entregaba el recurso y ya, y el manejo era muy a criterio de cada municipio; nosotros ponemos una condición diferente y es que en estos proyectos estratégicos el recurso se cofinancia para que los municipios puedan ejecutar la obra, pero la interventoría la contrata directamente el Área Metropolitana, lo cual es diferente a lo que venía pasando”.
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