El clima político y social en Perú no da respiro. Este jueves se llevó a cabo la “Toma de Lima”, convocada por campesinos de los Andes y simpatizantes del destituido y preso expresidente Pedro Castillo. Y se formó pelea, que se extendió no solo en la capital, sino en Cuzco (puerta de entrada a Machu Picchu) y Arequipa, en donde el Gobierno suspendió operaciones debido a las manifestaciones.
Los manifestantes culpan al Gobierno de Dina Boluarte por la muerte de las 43 personas que han perdido la vida en las diversas protestas que se armaron desde que el 7 de diciembre Castillo quiso ejecutar un golpe de Estado. La muerte más reciente se dio este jueves tras un enfrentamiento entre manifestantes y policías en Macusani, en el sur de Perú.
Esta “toma de Lima” fue convocada como forma de exigir la renuncia de la presidenta Boluarte y la convocatoria inmediata de elecciones en ese país.
“En Lima, la lucha tendrá más peso. Cuando nos reprimen en nuestras regiones, nadie lo menciona”, aseguró Abdon Félix Flores, campesino que manifestó estar listo “a dar su vida” y quien salió de Andahuaylas, epicentro de las manifestaciones en diciembre.
Aunque el gobierno decretó el domingo un estado de emergencia por 30 días en Lima, Cuzco, Callao y Puno, el dirigente sindical Gerónimo López, quien indicó que los organizadores no solicitaron autorización para la concentración: “Nunca se pide autorización para una manifestación social, no es una obligación que nos autoricen”.
“Es una movilización justa, democrática, de ciudadanos que han llegado de las regiones y también de Lima, donde están exigiendo la renuncia inmediata de Dina Boluarte, convocatoria a nuevas elecciones este 2023 y el cierre del Congreso. Es una huelga cívica popular nacional con movilizaciones pacíficas, evitando todo acto de vandalismo”, añadió.
En diálogo con EL COLOMBIANO, el politólogo y experto en gobernabilidad de Perú, Luis Nunes, explicó que las personas que han llamado a esta movilización son de zonas del sur del país que “no aceptan lo que pasó con el expresidente Castillo, pues tienen una versión equivocada de lo que ocurrió el mes pasado y creen que él fue sacado ilegalmente del cargo. Por eso piden su liberación y su regreso al poder”.
“Esta movilización va a generar hechos de violencia y eso acarrea caos y que la policía tome medidas para defender sedes gubernamentales, entonces lo más probable es que haya violencia y la muerte de alguien humilde, quienes son la carne de cañón”, agregó.
Por otra parte, el periodista Víctor Andrés Ponce añadió sobre la crisis en Perú que esta se ha dado por la erosión y destrucción de los partidos políticos, ya que “cuando existían partidos sólidos eran el nexo que conectaban a la sociedad y las regiones con el Gobierno, pero el Estado ha acumulado una serie de fracasos, mientras que su sector privado ha crecido como nunca antes en la historia del Perú”.
Sin embargo, agrega que las manifestaciones se han caracterizado por los “actos de guerra convencionales” que han afectado vías, aeropuertos e inspecciones, “que también han dejado 500 policías heridos”.
Sin ir más lejos, ambos expertos coinciden en que el fin último de estas movilizaciones son elecciones, aunque Ponce va más allá y asegura que “hay una estrategia de poder insurreccional para que Perú avance una Constituyente, como sucedió en Chile. Pero acá se mantendrá el Estado de Derecho”. Aún así, Nunes recuerda que el sistema electoral de ese país –integrado por tres entidades distintas– “hace que un proceso electoral sea mucho más lento, por lo que no se pueden convocar elecciones de un día para otro”.
