Venezuela atraviesa uno de los capítulos más graves de su crisis de derechos humanos. Amnistía Internacional reveló en un informe reciente que, tras las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, se intensificó la práctica de las desapariciones forzadas como parte de la política de represión del Estado contra la disidencia.
El documento detalla 15 casos emblemáticos ocurridos hasta el 15 de junio de 2025, en los que la privación de la libertad, la incomunicación, la falta de información a las familias y la participación de agentes estatales configuran una práctica sistemática.
El informe señala que la respuesta del gobierno al descontento social posterior a la reelección de Nicolás Maduro estuvo marcada por detenciones masivas, represión letal y desapariciones.
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Mientras miles de personas protestaban en las calles denunciando fraude electoral, las fuerzas de seguridad desplegaron operativos que terminaron con más de dos mil arrestos y decenas de víctimas mortales. Entre estas acciones, la desaparición forzada se convirtió en un instrumento central para intimidar a opositores, periodistas, activistas y ciudadanos comunes percibidos como críticos del poder.
La organización internacional establece que las desapariciones no fueron hechos aislados, sino que siguieron un patrón reconocible: detenciones realizadas por agentes de seguridad, muchas veces vestidos de civil o en vehículos sin identificación; negativa de las autoridades a reconocer el paradero de las víctimas; traslado a centros clandestinos o retención en sedes oficiales sin registro; y privación del acceso a la defensa o a mecanismos judiciales.
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En numerosos casos, la incomunicación duró días, semanas o meses, y en algunos persiste hasta la fecha. “Tenemos casos muy representativos. Por ejemplo, el de Rory Branker, editor del medio digital La Patilla, que ha sido crítico del gobierno; Alfredo Díaz, exgobernador y dirigente político opositor; o Eduardo Torres, abogado de la organización de derechos humanos PROVEA. Todos ellos comparten un perfil claro: representan voces incómodas para el poder”, indicó Pilar Sanmartín, coordinadora de Crisis de Amnistía Internacional para las Américas.
Alfredo Díaz
El exgobernador del estado Nueva Esparta y dirigente del partido Acción Democrática fue privado de la libertad en noviembre de 2024, poco después de manifestar públicamente su rechazo a los resultados electorales. Su detención se justificó con acusaciones de supuesto sabotaje, aunque el trasfondo político resulta evidente. Desde tiempo atrás había sido objeto de amenazas y seguimientos por parte de cuerpos de seguridad.
Rory Branker
El periodista y editor del portal La Patilla, también se encuentra entre las personas desaparecidas. Fue interceptado junto a su pareja por hombres armados que lo trasladaron a la fuerza. Su caso ilustra el hostigamiento contra medios de comunicación críticos con la administración de Maduro. Posteriormente, fuentes cercanas confirmaron que había sido llevado a la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, aunque su familia nunca recibió información oficial sobre su situación.
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Eduardo Torres
Abogado y activista sindical, vinculado a la organización no gubernamental Provea. Su detención representó un golpe directo a la defensa de los derechos humanos en el país. Una semana después de haber sido capturado, altos funcionarios lo señalaron públicamente como integrante de una red catalogada como terrorista. Esta narrativa oficial buscaba criminalizar a las organizaciones de la sociedad civil y justificar la persecución contra ellas.
Otros casos
Jorgen Guanares, ciudadano que difundía fotografías y videos de la represión en manifestaciones. Yevhenii Petrovich Trush, un joven ucraniano de 19 años con diagnóstico de autismo y déficit de atención. Llegó a Venezuela huyendo de la guerra en Europa y solicitaba refugio en la frontera con Colombia. Andrés Martínez y José María Basoa, ciudadanos españoles que habían llegado a Venezuela como turistas. Lucas Hunter, de nacionalidad francoestadounidense, quien fue detenido en la frontera del Zulia. Junto a él, otros extranjeros como el uruguayo Fabián Buglione y el colombiano Danner Barajas también fueron privados de libertad en circunstancias similares.
A los nombres anteriores se suman los de Rosa Chirinos, Raymar Pérez, Damián Rojas, Eudi Andrade, Dennis Lepaje y otros activistas cuyos paraderos se desconocen o sobre quienes la información oficial ha sido contradictoria.
De las 15 personas desaparecidas, 11 siguen con paradero desconocido. Ante la desaparición forzada, la responsabilidad del Estado es ineludible: “no solo debe abstenerse de cometer este crimen, sino que tiene la obligación activa de dar a conocer la ubicación, situación jurídica y suerte de las personas desaparecidas, además de por supuesto tener que investigar y sancionar a quienes hubiesen incurrido en esta práctica sin importar su rango. El incumplimiento de estas obligaciones es una grave violación de derechos humanos”, explicó Sanmartín.
Diversos organismos multilaterales han advertido sobre la gravedad de la situación. La Misión Internacional de Determinación de los Hechos de la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han registrado un aumento significativo de desapariciones de corta y larga duración desde las elecciones de 2024.
Estas instituciones coinciden en que se trata de una política de Estado que busca neutralizar la disidencia mediante el terror.
El informe recuerda que la desaparición forzada está reconocida en el derecho internacional como un crimen de lesa humanidad cuando se comete de manera sistemática o generalizada. En el caso venezolano, Amnistía Internacional sostiene que existen suficientes elementos para concluir que esta práctica constituye parte de un ataque planificado contra la población civil, dirigido a silenciar voces críticas y perpetuar el control político.
Venezuela, aunque no ha ratificado la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, sí es parte de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas. Esto la obliga a prevenir, investigar y sancionar este crimen, responsabilidades que el Estado no ha cumplido.
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El informe subraya que la represión no se limita a los cuerpos de seguridad, sino que también involucra al aparato judicial, convertido en un instrumento para validar prácticas ilegales y ocultar responsabilidades. En este sentido, la justicia venezolana ha sido utilizada para encubrir detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas, bajo una fachada de legalidad.
En Venezuela, el poder judicial, particularmente los denominados “Tribunales contra el Terrorismo”, el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo, han sido instrumentalizados para dar una apariencia de legalidad a procedimientos arbitrarios, facilitando las desapariciones forzadas.
“Las audiencias de control de detención, o audiencias de presentación, se realizan de forma secreta, sin notificación a familiares ni abogados, lo que significa que solo los agentes estatales conozcan la situación de la persona detenida. Además, avalan la continuación del proceso penal incluso cuando las detenciones son arbitrarias y carecen de fundamento legal o la persona detenida no cuenta con las garantías básicas del debido proceso. Asimismo, este tipo de procedimientos irregulares no exigen a los centros de detención la confirmación oficial de la presencia de la persona bajo su custodia, lo que contribuye directamente al ocultamiento de su paradero”, concluyó Sanmartín.
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