El príncipe Andrés de York vuelve a estar en el centro del huracán mediático en Reino Unido. La revelación de que vive sin pagar renta en una lujosa mansión dentro del complejo del castillo de Windsor ha encendido la indignación de la opinión pública y reabierto el debate sobre los privilegios de la monarquía británica. El hecho se suma a una larga lista de controversias que han golpeado la imagen de la familia real y que, una vez más, ponen en aprietos al hermano del rey Carlos III.
La polémica estalló tras una exclusiva del diario The Times, que reveló el contrato por el cual Andrés y su familia ocupan el Royal Lodge, una residencia de treinta habitaciones, seis viviendas para el personal y 40.000 metros cuadrados de terreno. El acuerdo, firmado en 2003, estipuló que el príncipe pagó un millón de libras por su alquiler hasta 2078 y desembolsó 7,5 millones más para obras de rehabilitación. Desde entonces, sin embargo, no ha pagado ni una libra adicional por el uso del inmueble.
El contrato fijó simbólicamente la renta anual en “un grano de pimienta”, una expresión inglesa que describe un pago meramente formal y, en la práctica, inexistente.
El Royal Lodge es administrado por el Crown Estate, una entidad de gestión pública que maneja las propiedades de la Casa Real británica y transfiere parte de sus beneficios a los gastos de representación de la monarquía. La idea de que un miembro de la familia real, ya marcado por escándalos y acusado de haber mantenido vínculos con el empresario Jeffrey Epstein, disfrute de una mansión de lujo sin costo alguno, ha despertado indignación incluso entre los sectores más conservadores.
Robert Jenrick, portavoz de Justicia y Economía del Partido Conservador, expresó su “hartazgo” y pidió que Andrés abandone la residencia de Windsor. “Debe dejar la vida pública para siempre, dejar de recibir dinero de los contribuyentes y vivir una vida completamente privada”, dijo en declaraciones a la BBC. Las críticas se han multiplicado en redes y en los tabloides británicos, que cuestionan por qué el príncipe sigue recibiendo trato preferencial pese a haber renunciado a sus funciones oficiales.
El malestar ha trascendido el ámbito mediático. El Partido Nacional Escocés (SNP) presentó una moción en el Parlamento para que Andrés sea despojado oficialmente de todos sus títulos. Aunque el Palacio de Buckingham anunció el pasado viernes que el duque de York renunciaba voluntariamente a sus honores, entre ellos el ducado de York y la baronía de Killyleagh, la medida no tiene validez legal hasta que el Parlamento la respalde. El título de príncipe, adquirido por nacimiento, solo podría retirarse mediante un decreto real firmado por el propio Carlos III.
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“El país sabe que la decisión es necesaria. Y, sobre todo, las víctimas de Jeffrey Epstein saben que la decisión es necesaria. Debe hacerse ya, sin excusas ni más retrasos”, reclamó Stephen Flynn, líder parlamentario del SNP. La presión política se combina con un creciente desencanto ciudadano hacia la monarquía, en un contexto en el que los escándalos familiares se suceden y minan su prestigio histórico.
Epstein, el príncipe Andrés y la familia real
El caso del príncipe Andrés no puede entenderse sin los antecedentes que han erosionado la imagen de la Casa de Windsor en los últimos años. Su relación con Epstein, condenado por tráfico sexual de menores, marcó un punto de inflexión. Tras una entrevista concedida a la BBC en 2019, en la que intentó defenderse de las acusaciones de abuso formuladas por Virginia Giuffre, la percepción pública del príncipe cayó en picada. En 2022, Andrés alcanzó un acuerdo extrajudicial con Giuffre en Estados Unidos, pagando millones de libras sin admitir culpabilidad, pero reconociendo el sufrimiento de las víctimas.
El episodio reavivó las críticas hacia la falta de transparencia y responsabilidad dentro de la familia real, y coincidió con otras polémicas que también sacudieron los cimientos de la institución. El entonces príncipe Carlos enfrentó durante años acusaciones por su infidelidad a la princesa Diana y por supuestas injerencias políticas, mientras que la separación del príncipe Enrique y Meghan Markle expuso tensiones internas, denuncias de racismo y la ruptura con la prensa británica.
Estos antecedentes contribuyen a un clima de desgaste generalizado hacia la monarquía. La percepción de que los Windsor se rigen por normas distintas a las del resto de los ciudadanos alimenta la sensación de privilegio desmedido. En este contexto, la noticia de que Andrés habita sin costo una mansión valorada en millones de libras se ha convertido en símbolo de desconexión entre la realeza y la realidad británica.
El Gobierno, sin embargo, se ha mostrado reticente a intervenir. Los ministros argumentan que se trata de un asunto interno de la familia real, y que sería inapropiado que el Parlamento debata temas personales de sus miembros. Pero el precedente histórico demuestra que existen mecanismos legales para actuar.
El malestar por los privilegios del duque de York ha reabierto un debate que parecía enterrado hace más de un siglo. La Ley de Privación de Títulos, aprobada a comienzos del siglo XX, se utilizó por última vez en 1919 para castigar a tres duques y un vizconde que apoyaron al enemigo austrohúngaro durante la Primera Guerra Mundial. Que esa norma vuelva a mencionarse en el debate público británico revela el grado de hartazgo y desgaste institucional que el príncipe Andrés ha provocado dentro y fuera del Reino Unido.
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