La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicó su primer informe temático sobre los derechos de las personas con discapacidad en las Américas sin ocultar su preocupación por la persistencia de modelos que restringen su autonomía y desconocen su capacidad jurídica.
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El documento advierte que millones de personas con discapacidad enfrentan exclusión y discriminación sistemáticas en todos los ámbitos de la vida social. Señala que muchos Estados aún se rigen por modelos que conciben la discapacidad como una patología individual que debe corregirse, en lugar de reconocer a estas personas como titulares de derechos.
La CIDH contrastó estos enfoques con el modelo social, que promueve la inclusión plena, el respeto a la diferencia y la eliminación de barreras. Subrayó que solo este enfoque permite una implementación efectiva de los tratados internacionales que protegen los derechos de las personas con discapacidad, como la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas y la Convención Interamericana sobre la materia.
El informe otorgó especial atención al derecho al ejercicio de la capacidad jurídica, al considerarlo esencial para el acceso a todos los demás derechos. En este punto, explicó que es urgente que los Estados abandonen el modelo de sustitución de la voluntad —como la interdicción o tutela— y transiten hacia esquemas de apoyo que reconozcan la autonomía de las personas con discapacidad.
También documentó avances legislativos en algunos países, como leyes que eliminan la figura de interdicción, políticas de inclusión laboral, programas de accesibilidad educativa y medidas para garantizar atención en salud sin discriminación
La CIDH recomendó a los Estados adoptar marcos normativos claros que incorporen el modelo social y de derechos humanos en sus leyes, políticas públicas y decisiones judiciales. Instó a prevenir y sancionar cualquier forma de vulneración de los derechos de las personas con discapacidad, y a garantizar su participación política y acceso a la justicia.
Además, llamó a promover una cultura de inclusión y respeto mediante campañas de sensibilización, formación de funcionarios públicos y adecuación de entornos físicos y digitales. La Comisión señaló que difundirá ampliamente el informe para visibilizar los desafíos que enfrentan estas personas y reafirmó su disposición a brindar asistencia técnica a los Estados que lo requieran.
Recordó que la CIDH, como órgano autónomo de la OEA, tiene el mandato de observar, promover y defender los derechos humanos en la región, y actúa como órgano consultivo de la organización.
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