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La fiscal general de Perú, Patricia Benavides, denunció este martes una “constante y feroz obstrucción a la justicia” por parte de la supuesta organización criminal que presuntamente lidera el presidente Pedro Castillo, contra quien presentó una denuncia constitucional en el Congreso por este caso, así como por tráfico de influencias y complicidad en un presunto caso de colusión (fraude).
“Ahora mismo se vive la constante y feroz obstrucción a la Justicia desplegada por la presunta organización criminal, aprovechando todo el poder que les da el estar en el Gobierno”, dijo Benavides en un pronunciamiento oficial.
La fiscal, quien tiene abiertas cinco investigaciones preliminares contra Castillo por supuestamente encabezar una red corrupta en el Ejecutivo, agregó que durante las diligencias realizadas esta mañana se encontraron “muy graves y reveladores indicios de la existencia de una presunta organización criminal enquistada en el Gobierno”.
El documento ingresó esta tarde a la mesa de partes del Congreso de la República y deberá ser evaluado por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Parlamento que, de determinar su procedencia, pasará a la Comisión Permanente hasta llegar al pleno del Congreso.
Según el documento remitido al Legislativo, la fiscal general formula la denuncia constitucional contra el mandatario como presunto autor de los delitos contra la tranquilidad pública, en la modalidad de organización criminal agravada por su condición de líder.
También por delitos contra la administración pública en la modalidad de tráfico de influencias agravado y como presunto cómplice del delito contra la administración pública en la modalidad de colusión (fraude).
La noticia sobre la denuncia contra Castillo se conoció el mismo día en el que la Fiscalía, con el apoyo de un grupo especial de la Policía, allanó las oficinas y residencias de seis congresistas del partido centrista Acción Popular (AP), así como la vivienda de una hermana del presidente.
Estos parlamentarios son llamados “Los Niños” por medios locales y la oposición política tras una declaración que ofreció en febrero pasado a la Fiscalía la empresaria Karelim López, quien aseguró que coordinan actividades ilícitas dentro del Ejecutivo con Castillo a cambio de respaldar con sus votos al Gobierno.
A pesar de que la Constitución peruana solo recoge la posibilidad de procesar al mandatario en funciones por casos de traición a la patria o impedir elecciones, Castillo acumula seis investigaciones preliminares de la Fiscalía desde que asumió el poder en julio de 2021.
Cinco de ellas están a cargo de la fiscal Benavides y están vinculadas a hechos relacionados a su Gobierno, mientras que otra está en manos del Ministerio Público de la norteña región de La Libertad, que lo investiga por supuesto plagio en la tesis de máster que realizó junto a la primera dama.