La consultora política británica Cambridge Analytica, firma señalada en Estados Unidos y Reino Unido por el escándalo de filtración de datos personales de 87 millones de usuarios de la red social Facebook, anunció ayer el cese “inmediato” de todas sus actividades.
No obstante, la empresa se declaró víctima de una supuesta campaña mediática en su contra: “esta firma ha sido vilipendiada por actividades que no solo son legales, sino también ampliamente aceptadas como un componente estándar de la publicidad en línea, tanto en al área política como en la comercial”.
De cualquier forma, tanto Cambridge Analytica como su matriz SCL Elections, iniciaron los trámites para declararse insolventes, según el mismo comunicado. “Nuestra imágen ha quedado golpeada debido a numerosas acusaciones infundadas. El asedio de la cobertura mediática se ha llevado virtualmente a todos los clientes y proveedores de la compañía”, agregó.
La lupa sobre las redes
Todo esto obedece a una nueva dinámica que se empieza a presenciar en las democracias más avanzadas de Occidente: la fiscalización sobre los excesos permitidos en las mismas, en especial cuando tienen impacto en el ejercicio político.
“Se empieza a tener en cuenta que si el uso de la información que circula en estas redes está al servicio de intereses políticos mezquinos, puede ser supremamente peligroso. Se trata de una cuestión sensible de los tiempos actuales que nos afecta a todos y que hay que abordar”, consideró con anterioridad Juan Carlos Ruiz, docente de la Facultad de Ciencia Política, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario.
No obstante, como aseguró Germán Sahid, máster en Inteligencia Estratégica de la Universidad Jaume I, era previsible que “la presión se centrara en las empresas por vulnerar la seguridad de los ciudadanos” y no en los políticos que se beneficiaron de eso.
