Hasta ahora van 589 muertos y 2.980 heridos que dejan los dos terremotos consecutivos de magnitud 7,2 y 7,5 registrados con apenas 39 segundos de diferencia en Venezuela el miércoles pasado.
Estos temblores dejaron un alto número de edificaciones que colapsaron que han puesto bajo la lupa la antigüedad del parque de viviendas, el escaso mantenimiento y la falta de adecuaciones a las normas antisísmicas teniendo en cuenta que Venezuela se encuentra en el límite entre las placas tectónicas del Caribe y Suramérica, una condición que genera movimiento telúrico frecuente, especialmente en la franja norte del país, donde se ubican ciudades como Caracas y La Guaira.
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Hasta el momento, las autoridades han informado de manera preliminar sobre 250 edificaciones afectadas por los terremotos. No obstante, habitantes de las zonas impactadas consultados por los medios locales estiman que la cifra podría superar las 700. Entre las estructuras comprometidas se encuentran el Hotel Marriott de Caracas, el Edificio Petunia y varios inmuebles ubicados en La Guaira.
Este colapso de múltiples edificios ha dejado preguntas sobre el estado de la infraestructura del país. Especialistas consultados por el medio CNN coinciden en que el impacto del terremoto no puede explicarse únicamente por la fuerza del sismo, sino también por problemas acumulados durante décadas relacionados con el mantenimiento de las edificaciones, su antigüedad, el cumplimiento de las normas de construcción y la corrupción.
Matthew Blackett, profesor asociado de Riesgos Naturales de la Universidad de Coventry, en el Reino Unido, explicó al medio estadounidense que las prolongadas crisis económica e institucional que ha atravesado Venezuela habrían incidido en el deterioro de buena parte de su infraestructura.
El experto señaló que muchas edificaciones probablemente recibieron un mantenimiento insuficiente o fueron construidas al margen de las regulaciones oficiales. A esto se suma el contexto de corrupción que, según el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional, Venezuela obtuvo 10 puntos sobre 100, igualando su peor registro histórico. El índice evalúa 182 países y mide la percepción de la corrupción en el sector público, donde 0 representa el mayor nivel de corrupción y 100 el menor.
En su informe de 2025, Transparencia Internacional advirtió que la corrupción tiene consecuencias directas sobre la calidad de los servicios públicos y la infraestructura, al traducirse en “hospitales con financiación insuficiente” y “obras de protección que nunca se construyen”, además de debilitar las instituciones encargadas de supervisar la inversión pública.
Aunque los especialistas sostienen que las normas de construcción vigentes en Venezuela están alineadas con los estándares internacionales, advierten que una parte importante del parque de viviendas fue levantada antes de que esos requisitos se actualizaran plenamente. Se trata, principalmente, de edificios construidos durante las décadas de 1950, 1960 y 1970, que hoy presentan vulnerabilidades asociadas a su antigüedad.
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Blackett también recordó que muchas viviendas fueron construidas durante los períodos de auge petrolero de mediados del siglo pasado, cuando el ritmo acelerado de urbanización pudo haber favorecido proyectos en los que “es probable que se haya escatimado en calidad o seguridad”.
A estas condiciones se suma la situación de algunos complejos de vivienda pública. De acuerdo con CNN, organizaciones de la sociedad civil han advertido que varias de las zonas más afectadas incluyen desarrollos como Catia La Mar, donde durante el gobierno de Hugo Chávez se levantaron cientos de apartamentos en un contexto de rápido crecimiento demográfico, lo que, según esas organizaciones, pudo haber limitado la aplicación estricta de las normas de construcción.
Los expertos también destacaron que muchos edificios nunca fueron reforzados para adaptarse a las exigencias de las normativas antisísmicas modernas.
“Si observamos lugares como San Francisco, tras los terremotos de finales de los años 80, hubo incentivos y financiación gubernamental para adaptar los edificios y garantizar su seguridad. Se inspeccionaban las edificaciones y se declaraban inhabitables si no cumplían con dichas normas”, explicó Blackett.
Por su parte, Raffaele De Risi, profesor asociado de Ingeniería Civil de la Universidad de Bristol, afirmó que “la cuestión decisiva, que solo podrá resolverse mediante una evaluación posterior al suceso, es qué proporción del parque de viviendas actual es anterior a estas normativas o fue construida de manera informal, al margen de ellas”.
Además de esto, según Transparencia Venezuela, el capítulo venezolano de Transparencia Internacional, existen 173 casos de presunta corrupción vinculados a recursos públicos venezolanos que son investigados en 30 países. La organización también estima que los activos relacionados con esos casos superan los 72.000 millones de dólares.
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*Redacción con información de medios internacionales.
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