El exministro de Economía de Guatemala Acisclo Valladares, acusado de pertenecer a una red de corrupción en su país, presentó una solicitud de asilo a la Cancillería colombiana que, hasta el momento, no ha sido respondida. Sin embargo, según medios guatemaltecos, Valladares estaría refugiado en la casa del embajador colombiano Juan Hurtado Cano.
“Cancillería informa que exministro de Economía de Guatemala, Acisclo Valladares, ha solicitado asilo diplomático a Colombia a través de petición escrita. Colombia no ha respondido la solicitud”, señaló la Cancillería.
Así mismo, la entidad negó que el exministro se encuentre protegido por el embajador de Colombia en Guatemala, Juan Hurtado Cano, como según medios de ese país, habría confirmado el Ministerio Público.
El Ministerio Público de Guatemala le habría solicitado a través de un oficio a la Cancillería colombiana, confirmar si Acisclo Valladares había sido beneficiado con asilo político por parte de la administración del presidente Iván Duque.
“El MP tuvo conocimiento que el exministro de Economía Acisclo Valladares, quien tiene una orden de aprehensión pendiente desde el 15 de enero de este año por los delitos de lavado de dinero u otros activos y asociación ilícita, se encuentra en la residencia del embajador de Colombia”, detalló el MP mediante sus canales de comunicación.
Acusaciones de corrupción
Valladares, según las autoridades de ese país, estaría involucrado en el escándalo de corrupción denominado ‘Red de poder’, que también tendría relación con delitos como el lavado de dinero. La Cancillería colombiana evalúa la situación.
En cuanto al caso “Red de poder, corrupción y lavado de dinero”, las autoridades lo vinculan una trama de corrupción en el que también están supuestamente vinculados el exsecretario presidencial de Álvaro Colom Caballeros (2008-2012), su homólogo en la Presidencia de Otto Pérez Molina (2012-2015), Juan de Dios Rodríguez, y el mismo Pérez Molina.
Las investigaciones del MP y la Cicig, relacionadas con otro caso de corrupción denominado “Comisiones Paralelas II”, señalan a Valladares Urruela de “espionaje y escuchas telefónicas ilegales en la compañía Tigo”.
Las pruebas en su contra se recopilaron durante un allanamiento en una de sus residencias, donde se estableció que entre 2016 y 2017 espió los teléfonos de miembros del partido político Movimiento Semilla, de su esposa en aquel momento, María Fernanda Toriello, y de otras personas entre empresarios y políticos.
