Hace justo una semana 25.000 personas en un barrio de Frankfurt, capital financiera alemana, fueron evacuadas para desenterrar una bomba de 500 kilogramos de la Segunda Guerra Mundial. El mismo día, pero en Islas Salomón, un lugareño que se disponía a hacer un pozo séptico halló 101 bombas de fabricación estadounidense en su patio.
Los rastros de las dos guerras mundiales asoman cotidianamente para recordar que lejos de ser evocaciones de un pasado bélico son amenazas latentes. En Reino Unido, por ejemplo, el Real Cuerpo Logístico del Ejército británico reporta llamados a diario de personas que hallan artefactos sin estallar en sus patios o vía pública.
¿Cuánta munición sin estallar –MUSE– o restos explosivos de guerra –REG– hay en Europa y cuánto tardarán en erradicarlos? No hay respuesta a esa pregunta. Dietmar Püpke, inspector jefe de la Policía en Berlín, y uno de los artificeros más experimentados de Europa, le contó a EFE que en Alemania confiaban que a una década del fin de la Segunda Guerra el país estaría limpio. Hoy –dice– “el cálculo aproximado es de 20 años”.
Y eso que Alemania es el país con el cálculo más confiable de munición sin estallar y material bélico (convencional y químico) vertido al mar. 300.000 toneladas en el mar Báltico y 1,3 millones en el mar del Norte, cifra a la que llegó el biólogo Stefan Nehring, con trabajo de campo mientras analizaba especies invasoras y pesquisas en los archivos federales.
Los mares fueron el escondite favorito de las naciones europeas en su afán por deshacerse del armamento sobrante tras el fin de la Guerra, entre 1946 y 1972, hasta que el Convenio de Londres, firmado ese año y puesto en vigor en 1975, que prohibió tal práctica.
José Ángel Hernández, director de la maestría de Historia Contemporánea de la Universidad Sergio Arboleda, sostiene que “los esfuerzos diplomáticos para neutralizar los arsenales palidecieron ante la cantidad y diversidad de armas desarrolladas antes y durante el curso de la Guerra. Además, la lógica del desarme apeló a un sentido de urgencia, desprovista de consideraciones éticas o morales. Así, las decisiones de los gobiernos para deshacerse del armamento fueron legitimadas por una sociedad europea que no contempló consecuencias de esto más allá de una década”.
El problema que enfrentan los océanos es crítico. En los mares del Norte y Báltico ya hay evidencia de envenenamiento de peces con arsénico, que luego entran en la cadena de consumo de las personas. Y es solo una de las cientos de sustancias químicas que están siendo liberadas por el proceso de degradación de las municiones.
La detección y retiro de armas en los mares es un negocio que prospera en Europa. Proyectos como el del Centro Helmholtz de Investigación Oceánica de Kiel han desarrollado un efectivo proceso que emplea submarinos para capturar imágenes, hacer mediciones magnéticas y recoger muestras químicas para hallar y extraer los lotes de munición. Ante la pasividad histórica de los gobiernos, las empresas interesadas en desarrollar proyectos de economía azul (energías renovables, acuicultura, biotecnología, turismo, entre otras) están financiando la limpieza de armamento vertido.
No obstante, el profesor Germán Márquez, cofundador del Instituto de Estudios Ambientales de la Universidad Nacional, estima que el debate sobre el impactos que dejan guerras y conflictos sobre el medio ambiente está en pañales. “La investigación científica sobre este aspecto debe permear todo el proceso, desde la producción militar hasta el desecho de material bélico. La industria militar aporta el 10 % de las emisiones totales de gases de efecto invernadero. El consumo de hierro, plomo, cobre, zinc, aluminio, níquel, de uranio empobrecido es insostenible. Tenemos un problema heredado, pero también la capacidad científica para advertir y prevenir futuros estragos”, expone.
Mientras que en Europa las armas de pasado diversifican sus amenazas, el mundo asiste a un retroceso en su lucha contra las bombas de fragmentación, pues si bien la Coalición contra las Municiones en Racimo reportó en 2020 la destrucción desde 2008 de 1,5 millones de este material bélico abandonado, solo en Siria se realizaron 86 ataques por año desde 2012 con este tipo de explosivo, en tanto que en Libia y durante el conflicto entre Azerbaiyán y Armenia también se emplearon estas bombas.
Hace casi once años entró en vigor la prohibición de bombas racimo a la cual ya se han sumado 110 Estados Parte. El 99 % de las reservas mundiales de esta munición y submunición se han erradicado, pero el cobro retroactivo por el uso de estas bombas lo siguen pagando pobladores de países del Sudeste asiático como Laos, que pese a tener, según la ONU, el más comprometido programa de erradicación de este material bélico aún tiene cerca de 70 millones de bombas sin explotar agazapadas en los campos desde 1973 cuando finalizó la “guerra secreta” en la que Estados Unidos lanzó en promedio ocho bombas por minuto durante 9 años.
La Coalición planteó en su encuentro anual, realizado en Ginebra en noviembre pasado, que la meta es acabar con las reservas de bombas racimo en los próximos ocho años y limpiar los campos contaminados de acá a 2030. No obstante, la negativa de Estados Unidos a adoptar la prohibición de su uso, y en consecuencia de potencias como Rusia, India, China e Israel, hacen inviable dicha meta.
Las víctimas por la munición y submunición esparcida sumaron 289 en 2019 y 4.315 desde 2010.
La Campaña Internacional para la Prohibición de las Minas Antipersonas también reporta logros parciales. Desde que el tratado que prohibe estas minas entró en vigor hace 23 años 164 naciones la han ratificado. En 2019 las víctimas mortales por estos explosivos fueron 2.170 y 3.300 más resultaron heridas, un 20% menos respecto a 2018, pero el quinto año consecutivo con cifras por encima de lo estimado.
El reajuste en los objetivos de desminado son generales. Colombia, por ejemplo, que tuvo 181 víctimas en 2020 y 57 en lo que va de 2021, recibió una prórroga de la Convención de Ottawa hasta diciembre de 2025 para certificarse como país libre de minas antipersonales.
A la intensificación y surgimiento de nuevos conflictos se sumó el aval en 2019 de Donald Trump al uso de estas minas y la consecuente reducción del 7% en el presupuesto de Estados Unidos para erradicación de las mismas en el planeta, menos de US$600 millones, algo que reversó el presidente Joe Biden, quien no solo vetó su uso en sus ejército sino que anunció ampliación de la financiación.
Gabriel Orozco, PhD en Economía y Relaciones Internacionales, estima que tras cuatro años de reveses con Trump, de la mano de Biden el mundo reforzará el compromiso de compensar los daños que dejan conflictos, en gran medida impulsados por las potencias.
“La posición de Estados Unidos marca siempre un efecto en cadena, y afrontar los estragos sociales y ambientales de las guerras demanda altos recursos. Ahora no se trata solo de un compromiso ético que tienen las potencias para atender las consecuencias de sus acciones militares, sino de una necesidad manifiesta. Ahora sabemos que el daño ambiental causado en cualquier territorio impacta la salud, bienestar y economía a nivel global, y no tenemos otros 70 años para enmendar las consecuencias”, concluye.
