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Las posturas políticas en América Latina frente al cuestionado régimen izquierdista de Daniel Ortega en Nicaragua son variadas, pero solo hay una nación en la región que se ha atrevido a condenar públicamente al mandatario nicaragüense.
Esta condena directa y en solitario frente a las arbitrariedades del régimen de Ortega fue hecha por parte del gobierno chileno, que es liderado por el progresista Gabriel Boric, quien ha catalogado al gobierno de Nicaragua como una “dictadura totalitaria”.
“Nos parece que lo que se está conformando hace ya varios años, y los hechos de las últimas semanas lo demuestran, es que cada día más se trata de una dictadura totalitaria donde se persigue cualquier tipo de disidencia”, aseguró canciller chilena, Antonia Urrejola.
Este pronunciamiento se dio después de que Ortega declaró el miércoles “traidores a la patria” a 94 opositores exiliados, entre ellos los reconocidos escritores Sergio Ramírez y Gioconda Belli, lo que los despoja de su nacionalidad y los inhabilita de por vida para ejercer cargos públicos.
“Desde Chile no solo vamos a seguir denunciando esta situación, vamos a seguir haciendo las acciones que correspondan para apoyar en primer lugar a estas personas que están siendo perseguidas, pero también para apoyar la democratización en Nicaragua y esperamos que el resto de la comunidad internacional esté a la altura”, añadió la ministra del Exterior chilena.
Más allá de las duras críticas del gobierno chileno, las posturas de los demás países latinoamericanos son tibias y frías en algunos casos, pues se ha evidencia una cautela por parte del gobierno de México y Colombia y silencio del de Argentina y Brasil.
En el caso de Colombia, la Cancillería fue cautelosa en términos diplomáticos y planteó este viernes su “preocupación” por los recientes acontecimientos en Nicaragua con los que subió a 317 la cifra de apátridas en los últimos días por sus críticas al régimen liderado por Ortega.
“El Ministerio de Relaciones Exteriores expresa su preocupación por la decisión de retirar también la nacionalidad nicaragüense a otros 94 ciudadanos, anunciada por el Tribunal de Apelaciones de la Circunscripción de Managua el 16 de febrero de 2023”, expuso la Cancillería en un comunicado.
Según el Gobierno Petro estas medidas vulneran el derecho a la nacionalidad, contemplado en un conjunto de instrumentos jurídicos internacionales, incluyendo, entre otros, la Declaración Universal de Derechos Humanos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
En ese contexto, la Cancillería colombiana también hizo “un llamado a generar medidas de confianza que contribuyan a la reconciliación nacional, al respeto del Estado de derecho y al bienestar del pueblo nicaragüense”.
Mientras tanto, el Gobierno de México, liderado por progresista Andrés Manuel López Obrador, se declaró el jueves “atento” a los acontecimientos en Nicaragua. “México ha dado puntual seguimiento a la situación de las personas nicaragüenses deportadas de Nicaragua”, respondió la Secretaría de Relaciones Exteriores de México a EFE.