El Gobierno de Abelardo de la Espriella puso en marcha un paquete de medidas para proteger el empleo y apoyar a trabajadores y empresas afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto.
La principal medida, establecida en el Decreto Legislativo 1417 del 17 de septiembre de 2026, es un beneficio extraordinario para el pago de nómina dirigido a microempresas, pequeñas empresas y personas naturales empleadoras damnificadas por la emergencia.
El subsidio será equivalente al 40% de un salario mínimo mensual vigente, es decir, cerca de $700.362 por cada trabajador que cumpla los requisitos. El aporte podrá entregarse durante un máximo de seis ciclos mensuales y estará condicionado a que los empleadores mantengan los contratos laborales de los trabajadores incluidos en el programa.
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El decreto también establece un auxilio para trabajadores dependientes e independientes que hayan perdido su empleo como consecuencia directa del terremoto y que estén registrados como damnificados. En estos casos, recibirán un apoyo equivalente a medio salario mínimo, distribuido en dos pagos mensuales a través de las Cajas de Compensación Familiar.
Para facilitar el acceso a este beneficio, el Gobierno redujo el requisito de cotización. Los trabajadores deberán acreditar seis meses de aportes durante los últimos cinco años, en lugar de las condiciones ordinarias.
Otra medida permite el retiro parcial de las cesantías cuando una empresa deba suspender un contrato laboral como consecuencia directa de la emergencia. El mecanismo busca que los trabajadores puedan compensar temporalmente la reducción o pérdida de sus ingresos.
Asimismo, empleadores y trabajadores afectados podrán acordar o programar vacaciones causadas, acumuladas o anticipadas con solo un día calendario de anticipación, frente a los 15 días previstos normalmente por la legislación laboral.
El decreto establece un trámite preferencial para las solicitudes relacionadas con la suspensión de contratos laborales derivadas directamente del terremoto. Las autoridades tendrán un plazo máximo de 15 días hábiles para resolverlas, con el propósito de acelerar las decisiones laborales asociadas a la emergencia.
Gobierno activa medidas para proteger empleos e ingresos de damnificados por el terremoto
“La reconstrucción también se hace protegiendo el trabajo. Con este decreto pasamos a medidas concretas para respaldar a las familias damnificadas, ayudar a los pequeños empleadores a conservar puestos de trabajo y acompañar a quienes hoy necesitan recuperar sus ingresos. Nuestro propósito es que la emergencia no se convierta en pérdida permanente de empleo y que la recuperación llegue también a los hogares”, detalló la ministra del Trabajo, Natalia López Fuentes.
Recordó que también habrá una protección económica extraordinaria para trabajadores dependientes e independientes cesantes damnificados, equivalente en total a 0,5 salarios mínimos, que será pagada en dos giros mensuales consecutivos.
Además, Mintrabajo indicó que hay medidas temporales relacionadas con retiro parcial de cesantías, vacaciones y trámites de suspensión de actividades, bajo salvaguardas expresas para evitar la desmejora de los derechos laborales.
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