“No les niego mi indignación frente al hecho de que el presidente Gustavo Petro hasta el último día de su gobierno haya salido a defender a Juliana Guerrero y la haya mantenido como delegada en el CSU de la Universidad Popular del Cesar”.
En contexto: Juzgado condenó a Juliana Guerrero por escándalo de títulos falsos, ¿por qué no iría a prisión?
Esa fue la reacción de la senadora Jennifer Pedraza, denunciante del caso por el que hoy fue condenada la joven que aspiró a ser viceministra de Juventudes presentando un título falso. La misma a la que el expresidente Gustavo Petro presentó con “bombos y platillos” durante uno de sus primeros consejos de ministros televisado, cuando incluso la calificó como una “joven rebelde”.
Fueron al menos cinco veces las que el expresidente la defendió públicamente. La última de ellas fue el 26 de julio, semanas antes de acabar su mandato.
Luego de que Semana publicara chats y testimonios de supuestos empresarios que habrían buscado obtener contratos del Estado a cambio de pagarles a las hermanas Verónica y Juliana Guerrero, el entonces jefe de Estado salió a decir: “Es Juliana y su hermana las que deben poner ya la denuncia contra los empresarios que buscaron corromperlas y, si recibieron dinero, devolverlo y colaborar con la justicia”.
Unos días antes, en mayo, le preguntaron en Caracol Radio, en una entrevista, sobre el delito de fraude procesal que cometió Guerrero y que ya investigaba la Fiscalía en ese entonces. El saliente presidente respondió: “A la señora Juliana Guerrero no se le ha comprobado que no estudio en esa universidad y no es funcionaria pública”.
No solo lo hizo en redes sociales, en febrero la Presidencia defendió ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca la designación de Juliana Andrea Guerrero en el Consejo Superior Universitario de la Universidad del Cesar.
Esto luego de que Pedraza solicitara la suspensión del Decreto 0390 del 1° de abril de 2025, expedido por la Presidencia y el Ministerio de Educación para poner a Guerrero en ese cargo.
La Presidencia pidió al juez que negara esa medida cautelar; dijo en su momento que la acción popular no era el mecanismo para tumbar el nombramiento, y que los argumentos presentados por Pedraza no eran suficientes. Y ella siguió en ese cargo hasta que renunció el julio del año pasado.
Pero desde mucho antes, desde que salieron las denuncias en contra de Guerrero por el escándalo, Gustavo Petro se pronunció en varias oportunidades; lo hizo también en octubre de 2025.
En octubre dijo: “No nombré una viceministra con titulo falso, por eso se tienen filtros, incluidos ustedes, o acaso, ¿hay una viceministra con títulos falsos? Pero, por otro lado, ¿el título de Juliana es falso,.o falta que se cumpla el requisito del examen que está inscrito desde julio y que se realiza por decisión del ICFES a principios de noviembre”.
Ese mismo día había dicho, restando importancia al caso: “Entonces el examen para graduarse Juliana después de cumplir sus estudios, estaba inscrito desde julio y se tiene que presentar el entrante noviembre. ¿Es así el resumen de este escándalo?”.
En otro momento dijo: “Cometí el error de mostrarla en una cámara de televisión y, como creyeron que tenían una relación sentimental conmigo, se fueron a destruirla. A Juliana Guerrero no se le ha comprobado que no estudió en esa universidad. Allí fue amenazada de muerte y tuvieron que exiliarse”.
¿Qué concluyó la Fiscalía sobre Juliana Guerrero?
La Fiscalía explicó que Guerrero habría utilizado documentos con apariencia legítima para sustentar su hoja de vida. El objetivo, según la delegada, era “inducir en error a los servidores públicos (...) y obtener la expedición del acto administrativo de nombramiento como viceministra de Juventudes”.
La fiscal del caso también sostuvo que Guerrero conocía que los documentos eran falsos y, aun así, decidió presentarlos. “Tenía pleno conocimiento de la falsedad (...) y aun así decidió de manera libre y voluntaria anexarlos (...) con el propósito de engañar al servidor público nominador”, indicó.
Para obtener los documentos, se habrían realizado pagos cercanos a los $8 millones: $2 millones por la matrícula de una tecnología, $4,7 millones por la de Contaduría Pública y el dinero restante por derechos de grado y otros trámites administrativos.
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