La Sala de Reconocimiento de Verdad de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) imputó crímenes de guerra y de lesa humanidad a 12 máximos responsables de planificar, facilitar y sostener la violenta toma paramilitar del puerto petrolero entre 1998 y 2000.
Entre los imputados figuran nueve antiguos oficiales del Ejército, dos de la Policía y un exfuncionario de seguridad de Ecopetrol.
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