Migración redobló operativos con nueva herramienta biométrica, y reforzó el trabajo con alcaldías. Hasta el “cura” de la Av. Regional cayó.
Si hubo una entidad del orden nacional con la que el trabajo armonioso y articulado con Medellín y Antioquia no se detuvo en el gobierno de Gustavo Petro fue Migración Colombia.
Alejada de los resquemores, improperios e, incluso, de directrices de no cooperación con la ciudad y el departamento, este despacho apoyó la lucha contra los extranjeros que arriban al aeropuerto José María Córdova de Rionegro con fines sexuales y de narcotráfico.
No obstante, con el nuevo gobierno el trabajo mancomunado se fortaleció, y como una orden del mismo presidente Abelardo de la Espriella, los operativos se han redoblado poniendo a Medellín y su área metropolitana como prioridad.
El plan, además de la sinergia con alcaldías y organismos internacionales, consiste en el uso de la tecnología para identificar rápidamente a personas con procesos judiciales en Colombia o, incluso, con circulares de Interpol. Pero había que comenzar por organizar la entidad.
Por ejemplo, en la regional Medellín, las nuevas directivas ordenaron desempolvar unos modernos dispositivos para detectar sospechosos en fronteras y puntos clave.
Se trata de la herramienta biométrica Bitmap, que reposaba en una bodega, y ahora está siendo utilizada con éxito, tanto que fue clave en la identificación de 30 extranjeros que han sido expulsados de la ciudad desde el 7 de agosto, siendo el operativo más reciente el de 18 extranjeros —dos en Itagüí y el resto en el Barrio Antioquia y el Parque Lleras—, que fueron devueltos a sus países de origen.
Entre estas personas estaba el sacerdote que se paraba en La Paralela de la Avenida Regional, norte de la ciudad, a bendecir los carros que pasaban y a recibir limosnas.
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El sistema Bitmap permite a las instituciones participantes cotejar de forma biométrica la identidad de individuos en retenes y operativos instalados en carreteras, costas, fronteras y zonas urbanas. Esta tecnología facilita la comprobación de alertas migratorias u órdenes de captura en tiempo real durante los controles.
Además de servir como apoyo logístico y de inteligencia para el seguimiento de personas monitoreadas y labores de búsqueda y rescate, el uso de la herramienta arroja resultados concretos de seguridad en el país.
Entre estos logros se encuentra la detección de ciudadanos dominicanos que utilizaban documentación colombiana.Entre agosto de 2022 y el 30 de junio de 2026 hubo 5.965 procedimientos en el país: 3.389 deportaciones y 2.576 expulsiones. Por nacionalidad encabezan venezolanos (795), ecuatorianos (293), chinos (270) y argentinos (211).
La línea de mando
La llegada de Abelardo de la Espriella marcó un nuevo énfasis en la política migratoria del país: seguridad, control territorial y expulsión de extranjeros que incumplan las normas, especialmente aquellos vinculados con delitos.
El punto de partida fue el Consejo de Seguridad realizado en Barranquilla el 23 de agosto. Allí, el presidente ordenó iniciar operativos contra extranjeros involucrados en delitos y estableció como prioridad sacar del país a quienes representen un riesgo para la seguridad y la convivencia.
La instrucción llegó incluso antes de que definieran quién asumiría la dirección de Migración Colombia. Tres días después, el 26 de agosto, tomó posesión el coronel retirado de la Policía Nacional, José Luis Castañeda Tiria.
Castañeda tiene una trayectoria ligada a labores de inteligencia, seguridad y operaciones contra estructuras ilegales. En 2018, antes de retirarse de la institución, fue comandante del Departamento de Policía Cesar, donde estuvo al frente de operaciones contra grupos ilegales, el hurto y la delincuencia común.
Su llegada también significó una reorganización de la estructura territorial de Migración Colombia. Los directores regionales fueron removidos, con excepción del director de Bogotá, funcionario de carrera y con amplia experiencia, y en varias regiones quedaron encargados oficiales con experiencia para fortalecer el componente operativo.
La nueva instrucción fue clara: llevar a Migración Colombia al territorio y trabajar de manera coordinada con Policía, Ejército, alcaldías y demás autoridades.
“El trabajo coordinado con las autoridades locales y la Fuerza Pública nos permite identificar a quienes incumplen las normas y tomar las medidas correspondientes”, afirmó Castañeda.
En Medellín, por ejemplo, Castañeda sostuvo reuniones con autoridades del Valle de Aburrá, la Policía Metropolitana, las secretarías de Seguridad de Medellín, así como de Itagüí y la Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional. El objetivo era pasar de reuniones de coordinación a operaciones concretas.
El cambio de la estrategia es que Migración Colombia, que ya realizaba controles y trabajaba con la Policía y las autoridades locales, ahora se enfoque en la forma de articular esas capacidades.La apuesta ahora es que las autoridades y entidades trabajen simultáneamente sobre un mismo objetivo y compartan información para identificar a quienes puedan representar un riesgo.
La deportación implica prohibición de ingreso de seis meses a diez años; la expulsión es discrecional, mínimo cinco años, y suele operar como pena accesoria.
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