El escándalo por la expedición irregular de títulos académicos en la Fundación Universitaria San José ya tiene su primera condena. Luis Carlos Gutiérrez Martínez, exsecretario general de la institución, aceptó su responsabilidad y fue condenado a 3 años de prisión por su participación en la falsificación de los títulos académicos de Juliana Guerrero.
La decisión fue adoptada este lunes por el Juzgado 46 de Conocimiento de Bogotá, que avaló el preacuerdo alcanzado entre la Fiscalía y la defensa del exfuncionario. Aunque la pena corresponde a tres años de prisión, Gutiérrez no irá inmediatamente a una cárcel.
El juez le concedió el beneficio de la suspensión condicional de la ejecución de la pena, por lo que su condena quedará suspendida bajo las condiciones fijadas por la justicia.
Como parte del acuerdo, Gutiérrez aceptó su responsabilidad por los hechos investigados, mientras que la Fiscalía modificó la calificación de su participación: pasó de ser considerado autor a cómplice del delito de falsedad en documento público.
Además de la pena de prisión, el exsecretario de la Fundación San José quedó inhabilitado durante tres años para ejercer cargos públicos.
Durante la audiencia, el juez advirtió sobre la gravedad de las actuaciones y el impacto que tuvieron sobre la confianza en los documentos que acreditan la formación académica de una persona.
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Para el despacho, la conducta de Gutiérrez afectó directamente el bien jurídico de la fe pública, al involucrar documentos destinados a acreditar estudios y títulos profesionales.
“La conducta desplegada por Luis Carlos Gutiérrez lesionó efectivamente y sin justa causa el bien jurídico de la fe pública”, señaló el juez al explicar los fundamentos de la condena.
El caso tiene como telón de fondo la polémica alrededor de Juliana Guerrero, quien durante el Gobierno de Gustavo Petro fue considerada para ocupar el cargo de viceministra de Juventud.
Juliana Guerrero obtuvo dos títulos irregulares en la Fundación Universitaria San José: uno como tecnóloga en Gestión Contable y Tributaria y otro como profesional en Contaduría Pública.
Para acceder a estos documentos, de acuerdo con las pruebas comerciales de la DIAN mencionadas en el caso, se hicieron pagos cercanos a los $8 millones: $2 millones correspondientes a la matrícula de la tecnología, $4,7 millones por la matrícula de Contaduría Pública y el monto restante por derechos de grado y otros trámites administrativos.
Según esa indagación, que mantiene imputada a Guerrero por fraude procesal y falsedad ideológica en documento público, la expedición de esos documentos habría contado con la intervención de Gutiérrez, quien durante el proceso sostuvo que se trató de una decisión personal y que no involucró a otras personas.
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La condena contra el exsecretario constituye, por ahora, el primer desenlace judicial dentro de un escándalo que puso bajo la lupa los mecanismos utilizados para la expedición de títulos académicos en la institución.
Mientras Gutiérrez ya aceptó su responsabilidad y recibió una condena, la situación jurídica de Juliana Guerrero continúa pendiente. La Fiscalía tiene previsto avanzar hacia una eventual acusación en su contra, aunque tampoco descarta que pueda producirse una negociación dentro del proceso.
Guerrero, por su parte, ha defendido su inocencia y ha negado haber participado deliberadamente en cualquier irregularidad relacionada con sus títulos.
Así, la decisión judicial de este lunes marca un primer capítulo de cierre para uno de los protagonistas del caso, pero deja abierta la investigación sobre quiénes más pudieron intervenir en esta trama.
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