La Fiscalía General de la Nación le pidió a la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes investigar al presidente saliente, Gustavo Petro, por haber divulgado la historia clínica de Kevin Acosta.
El ente acusador tomó la decisión de compulsar copias para que desde el legislativo se determine si el mandatario incurrió en el presunto delito de violación de datos personales agravado, con circunstancias de mayor punibilidad, y homicidio culposo, en el marco del polémico caso relacionado con la muerte del niño de siete años que padecía hemofilia.
Para la Fiscalía, Gustavo Petro divulgó de forma ilegal información confidencial de la historia clínica del menor sin contar con la autorización de la madre. Para el ente acusador, el propósito detrás de estas declaraciones era obtener un beneficio político enfocado en eximir de responsabilidad al Gobierno Nacional por la demora en la entrega de los medicamentos y por la crisis general del sistema de salud.
La autoridad judicial también cuestionó un intento del presidente por obtener información confidencial sobre la necropsia del menor, un documento bajo reserva judicial cuya entrega ya le había sido denegada legalmente por no contar con la autorización de la madre.
En dicha solicitud a la Cámara, respecto a un presunto homicidio culposo, el ente acusador enfatizó en que se revise una eventual posición de garante del mandatario, pues la investigación apuntaría a que el Ejecutivo designó a un auditor de concurrencia en la intervenida Nueva EPS que supuestamente “nunca hizo presencia ni atendió las contingencias” cuando Acosta ingresó de urgencia al Hospital de Pitalito. Para la Fiscalía, estas omisiones fueron factores adicionales y desencadenantes del fallecimiento.
Kevin falleció el 13 de febrero de 2026 tras sufrir complicaciones de salud asociadas a la hemofilia. El menor murió esperando recibir de la Nueva EPS, entidad que está intervenida por el gobierno, el medicamento conocido como Factor VII, el cual era de suministro obligatorio para su tratamiento y cuya entrega estuvo suspendida por casi dos meses.
Ante la falta del fármaco, su estado de salud se deterioró gravemente, lo que obligó a trasladarlo de urgencia desde Pitalito, en el Huila, hasta el Hospital La Misericordia en Bogotá. El deceso del menor ocurrió luego de una caída accidental que le provocó un trauma craneoencefálico severo y una posterior hemorragia intracraneal.
Tras la trágica muerte del menor, el presidente Gustavo Petro y el ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, sostuvieron públicamente que la muerte del niño se debió exclusivamente al golpe de la caída accidental y no a la escasez de medicamentos.
No obstante, el 17 de febrero de 2026, durante un evento público en Uribia, La Guajira, el jefe de Estado responsabilizó directamente a la madre del menor, Katherine Pico, afirmando que había omitido el cuidado de su hijo al trasladarse de departamento, permitirle montar en bicicleta y negarse a un procedimiento quirúrgico. En dicha alocución dio detalles de la historia clínica del menor, los cuales fueron publicados por la Nueva EPS.
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