El proyecto de Presupuesto General de la Nación para el año que viene ha sufrido modificaciones, con traslados a Salud, recursos para Justicia y Deporte y recortes en varios sectores.
Para esta tarde, a la 1 p. m., están citadas las Comisiones Económicas Conjuntas Terceras y Cuartas de Senado y Cámara de Representantes, en salón Elíptico del Capitolio Nacional, para continuar con el trámite del proyecto de Presupuesto General de la Nación (PGN) para el año 2027, aforado en $634,9 billones.
La ponencia para primer debate, radicada anoche, observó una serie de cambios, concentrados en la redistribución de partidas entre sectores, recortes a algunos proyectos de inversión y nuevas herramientas para atender la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto del 10 de agosto.
El monto global del presupuesto se mantiene en $634,9 billones, pero el Pliego de Modificaciones cambia la distribución interna de los recursos a partir de las proposiciones que recibieron el aval del Ministerio de Hacienda.
Durante la discusión fueron radicadas 615 proposiciones, de las cuales las avaladas por Hacienda fueron incorporadas al documento que acompaña la ponencia para primer debate.
Uno de los principales movimientos aprobados por las Comisiones Económicas corresponde al traslado de $2 billones desde la sección del Ministerio de Hacienda hacia el sector Salud y Protección Social.
La reasignación busca reforzar la financiación del sistema de salud y del aseguramiento, modificando la distribución inicial de los recursos dentro del presupuesto.
El traslado no aumenta el techo global del PGN 2027, sino que constituye una recomposición interna de las partidas aprobadas para el próximo año.
Otro de los cambios incluidos en el Pliego de Modificaciones corresponde a la Rama Judicial, que recibe una adición de $100.000 millones.
Los recursos están destinados a cubrir faltantes en los gastos de personal derivados del ajuste de la bonificación judicial.
La modificación incorpora así una necesidad adicional de funcionamiento dentro de la distribución presupuestal discutida por las Comisiones Económicas.
El sector Deporte y Recreación también tendrá una adición presupuestal. Las Comisiones Económicas aprobaron recursos adicionales por $99.100 millones, destinados al apoyo y ampliación de programas deportivos y recreativos.
Este movimiento hace parte de las reasignaciones sectoriales incorporadas en el Pliego de Modificaciones durante el primer debate.
Entre los recortes aprobados aparece una reducción de $170.000 millones en el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR). El ajuste está distribuido en $30.000 millones de funcionamiento y $140.000 millones de inversión.
La medida fue planteada como un ejercicio de racionalización y priorización del gasto. Dentro de la modificación se mantiene la operación misional de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
Las modificaciones también afectan recursos destinados a proyectos del sector Transporte. En particular, se redujeron $15.600 millones de los aportes proyectados por la Aeronáutica Civil para el Aeropuerto del Café.
El ajuste está relacionado con la reprogramación del avance físico de las obras y del flujo de recursos requerido para su ejecución.
El sector Planeación tendrá una reducción de $13.500 millones. Según la justificación incorporada al Pliego de Modificaciones, el recorte se produjo después de un análisis de la viabilidad técnica de varios de sus proyectos de inversión.
La decisión hace parte de la revisión de las partidas de inversión realizada durante la discusión presupuestal.
Las modificaciones discutidas en las Comisiones Económicas se producen en un contexto de menor inversión pública frente al presupuesto vigente de 2026.
En la ponencia para primer debate, la inversión pública se ubica en $86,9 billones, lo que representa una reducción de aproximadamente $7 billones, equivalente a 2,8%, frente al presupuesto vigente de este año.
La disminución refleja el proceso de priorización de proyectos y la necesidad de ajustar recursos dentro de un presupuesto en el que una parte importante del gasto está comprometida con obligaciones como funcionamiento, pensiones y servicio de la deuda.
Uno de los componentes incorporados durante la discusión presupuestal está relacionado con la emergencia provocada por el terremoto del 10 de agosto de 2026.
Las disposiciones aprobadas permiten al Gobierno reorientar saldos presupuestales no comprometidos hacia el Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (FNGRD) y el Fondo Milagro.
Estos mecanismos buscan facilitar la financiación de las obras y acciones de reconstrucción en los municipios afectados por el sismo.
Además, se autorizó el desahorro extraordinario de excedentes del Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales (Fonpet), con el propósito de que las entidades territoriales afectadas puedan utilizar esos recursos para financiar obras de reconstrucción.
De esta manera, el presupuesto incorpora instrumentos para movilizar recursos que inicialmente estaban destinados a otros usos, siempre que se encuentren disponibles y no estén comprometidos.
Las Comisiones Económicas discutieron además diferentes medidas dirigidas a reducir gastos administrativos y mejorar la eficiencia del gasto público.
Estas propuestas se suman a los ajustes realizados en la distribución sectorial y plantean metas específicas para diferentes rubros.
Entre las medidas propuestas se encuentra una reducción mínima de 10% en los gastos de arrendamiento administrativo, con prioridad para el uso de inmuebles públicos propios, la renegociación de contratos y la terminación de espacios subutilizados.
También se planteó reducir en al menos 15% los viáticos y desplazamientos administrativos, dando prioridad a las reuniones virtuales cuando sea posible.
En publicidad, propaganda e imagen institucional, la propuesta establece una reducción mínima de 20%, con mayor utilización de los medios digitales institucionales.
Para los contratos de prestación de servicios, se planteó una reducción mínima de 10% en los contratos de apoyo a la gestión administrativa no misional y en consultorías.
Otra de las medidas busca que las entidades utilicen obligatoriamente los agregadores de demanda de Colombia Compra Eficiente para la adquisición de bienes de uso común, con el propósito de aprovechar mecanismos de compra centralizada.
Dentro de las propuestas discutidas también aparece la creación de un Comité de Eficiencia. La iniciativa contempla un mecanismo permanente de seguimiento a las metas de ahorro de las entidades públicas y establece la presentación de informes trimestrales al Congreso sobre el cumplimiento de los objetivos de eficiencia.
La intención es que los recortes no se limiten a una modificación puntual del presupuesto, sino que tengan seguimiento durante la ejecución de los recursos en 2027.
Con estas modificaciones, el PGN 2027 mantiene un monto global de $634,9 billones, pero cambia la distribución de una parte de sus recursos.
El proyecto continúa ahora su trámite legislativo, por lo que la distribución definitiva del presupuesto y las medidas de eficiencia todavía están sujetas a las decisiones que adopte el Congreso durante las siguientes etapas de discusión.
Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.
Bloque de preguntas frecuentes
Regístrate al newsletter 
