El presidente Abelardo de la Espriella pidió este lunes a sus representantes diplomáticos en Estados Unidos que intervengan en favor del coronel retirado Luis Alfonso Plazas Vega, quien desde este martes, 8 de septiembre, enfrentará un juicio civil en Miami por su posible responsabilidad en la tortura y muerte del magistrado auxiliar del Consejo de Estado Carlos Horacio Urán durante la retoma del Palacio de Justicia, en 1985.
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El mandatario solicitó al canciller Omar Bula y a la embajadora de Colombia en Estados Unidos, María Consuelo Araújo, que evalúen el proceso que enfrenta el oficial retirado y determinen qué acompañamiento puede brindar el Estado colombiano.
“El coronel Plazas Vega es un héroe de la Patria”, afirmó De la Espriella, quien cuestionó además el proceso judicial que durante años enfrentó el militar en Colombia y aseguró que ahora el “litigio estratégico” lo persigue fuera de las fronteras.
“Si el coronel tiene que enfrentar situaciones jurídicas por cuenta de hechos ocurridos en el ejercicio de su deber, en defensa de la Patria, es deber del Estado acompañarlo”, sostuvo el presidente.
El pronunciamiento se conoce un día antes de que comience en un tribunal federal de Miami un proceso civil promovido por tres hijas de Carlos Horacio Urán —Xiomara, Mairée y Helena Urán Bidegain— contra Plazas Vega, quien reside en Florida. Y justo en medio de una visita del secretario de Estado Marco Rubio a Colombia.
La demanda de la familia Urán fue presentada en 2022 y busca establecer la eventual responsabilidad civil del coronel retirado por los hechos que rodearon la muerte del magistrado durante la retoma del Palacio de Justicia.
El antecedente judicial en Colombia
El proceso en Estados Unidos ocurre después de que Plazas Vega fuera condenado en primera instancia a 30 años de prisión por desaparición forzada. Sin embargo, en diciembre de 2015 la Corte Suprema de Justicia lo absolvió.
El militar había permanecido más de ocho años privado de la libertad antes de recuperar su libertad. Y por eso pidió una millonaria indemnización.
El presidente calificó aquella investigación como una “persecución judicial infame y mentirosa” y aseguró que el Estado debe acompañar a los militares cuando enfrenten procesos relacionados con actuaciones realizadas durante el ejercicio de sus funciones.
El nuevo proceso en Estados Unidos, sin embargo, es de naturaleza civil, por lo que no constituye una reapertura del proceso penal que terminó con la absolución de Plazas Vega en Colombia.
El caso del magistrado Carlos Horacio Urán
Carlos Horacio Urán era magistrado auxiliar del Consejo de Estado cuando ocurrió la toma del Palacio de Justicia por parte del M-19, el 6 de noviembre de 1985. Al día siguiente, durante la operación militar para recuperar el edificio, Urán salió herido del Palacio y fue visto con vida mientras era escoltado por militares.
Posteriormente, su cuerpo fue encontrado entre las ruinas del Palacio de Justicia.
El caso ha sido objeto de investigaciones durante décadas. Entre los elementos que han sido incorporados a las investigaciones se encuentran un video en el que Urán aparece saliendo con vida del edificio y elementos relacionados con su identificación que fueron encontrados posteriormente en instalaciones militares.
La familia del magistrado sostiene que estos elementos respaldan su acusación contra Plazas Vega y por eso acudió a la justicia estadounidense; además el coronel retirado es residente en Florida.
Las tres hijas de Urán están representadas por el Center for Justice and Accountability (CJA), una organización que lleva casos relacionados con tortura, crímenes de guerra y otras violaciones graves de derechos humanos ante tribunales de distintos países.
El pedido del presidente De la Espriella
Ante este escenario, De la Espriella pidió a sus funcionarios diplomáticos que revisen el caso y actúen en consecuencia.
“Los soldados de la Patria no pueden ser dejados a merced del litigio estratégico que tanto daño les hace a las instituciones”, afirmó el mandatario.
Y agregó que su Gobierno tendrá una posición distinta frente a los procesos que involucren a integrantes de las Fuerzas Militares: “La aproximación a estos hechos no será la de dejar a su suerte a quienes portaron el uniforme de las Fuerzas Armadas”.
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