El presidente Abelardo De la Espriella tiene sobre su escritorio varias carpetas que juntas son su principal bandera: recuperar la seguridad. No la tiene fácil, pero el Gobierno está empezando a implementar una agenda de seguridad y justicia orientada a endurecer la respuesta contra el crimen organizado, acelerar los procesos penales y desmontar la “paz total”.
Una de las primeras señales fue la firma de 73 extradiciones durante los primeros 38 días de mandato.
La decisión marca un cambio frente a la política de acercamientos con organizaciones criminales de la anterior administración y deja a los llamados gestores de paz por fuera de ese esquema.
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La agenda también contempla cambios en el sistema penitenciario. Entre las propuestas está la creación de la Reclusión Especial Marítima de Alta Seguridad (REMAS), que utilizaría buques adaptados para recluir a internos de alta peligrosidad y limitar sus comunicaciones con las organizaciones que operan desde las cárceles.
El Gobierno plantea celdas individuales, restricciones al contacto entre internos y mecanismos para impedir comunicaciones no autorizadas.
La iniciativa, sin embargo, enfrenta un debate sobre las condiciones de reclusión y la obligación de garantizar los derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad.
Otro de los frentes es el regreso de la aspersión aérea para combatir los cultivos de uso ilícito.
El Ejecutivo modificó las disposiciones que mantenían suspendida esta estrategia y puso en marcha un plan piloto con glufosinato de amonio, en lugar de glifosato, que contempla intervenir hasta 1.000 hectáreas en Putumayo.
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El plan, no obstante, se encontró con un primer obstáculo judicial. Un juez de Puerto Asís ordenó suspender provisionalmente las operaciones, llevando nuevamente al escenario judicial una política que también enfrenta cuestionamientos ambientales y sociales.
En el ministerio de Justicia, liderado por Iván Cancino, avanza una reforma al procedimiento penal que plantea eliminar la audiencia de imputación de cargos y reorganizar las etapas posteriores a una captura.
El objetivo del Gobierno es reducir los tiempos de los procesos y evitar que los casos se dilaten por trámites o vencimientos de términos.
A esta iniciativa se suma el Estatuto Antiterrorista que prepara el Ministerio del Interior, con el que el Ejecutivo busca ampliar las herramientas contra organizaciones criminales y establecer un tratamiento más severo para estructuras relacionadas con el narcotráfico y la violencia urbana.
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La estrategia de seguridad también se ha trasladado a las redes sociales. Para De la Espriella es tan importante el qué y el cómo, es decir, no basta con dar duros golpes contra el crimen sino saber comunicarlos. Eso ha generado polémica en algunos sectores, pero para la narrativa del Gobierno es efectiva la estrategia.
1.Megacárceles y buques con prisioneros en el mar
En campaña, De la Espriella prometió varias cosas en materia de seguridad. Una de ellas fue que tendría “mano dura” contra el crimen, “viniera de donde viniera”. De ahí hasta llegar a gobernar hubo mucho trecho, pero ahora que lidera el país, tiene algo muy claro: no bajar la guardia contra la delincuencia.
Para llegar a eso, una de sus propuestas más comentadas y polémicas —por la referencia que tiene a lo que ha hecho en El Salvador Nayib Bukele— es la de construir 10 megacárceles de máxima seguridad para concentrar a los presos considerados de mayor “peligrosidad” y evitar que sigan delinquiendo desde las prisiones.
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Mientras se estructura el proyecto de mega cárceles, con equipo especializado en el MinJusticia, el Gobierno estudia una alternativa más inmediata: utilizar buques de la Armada como cárceles de máxima seguridad para aislar a cabecillas que, según las autoridades, siguen dando órdenes desde prisión.
Para ello, los ministro Iván Cancino (Justicia) y Jorge Mora (Defensa) encargaron al Inpec evaluar el modelo.
Justamente, los llamados buques cárcel —que entrarían en vigencia antes de fin de año— funcionarían como una medida rápida mientras se concreta el proyecto de las megacárceles, que aún debe definir aspectos como su ubicación, financiación y capacidad.
2. ¿Es viable eliminar las audiencias de imputación?
Una de las transformaciones más profundas planteadas al sistema penal acusatorio colombiano comenzó a tomar forma como propuesta de reforma.
El ministro de Justicia Iván Cancino puso sobre la mesa la posibilidad de eliminar la audiencia de formulación de imputación de cargos, una etapa que actualmente hace parte del proceso penal. La iniciativa parte de un diagnóstico sobre la congestión judicial.
La propuesta cuenta con el respaldo de la fiscal general, Luz Adriana Camargo. De concretarse, implicaría modificar las reglas del sistema penal acusatorio establecidas en la Ley 906 de 2004.
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El planteamiento contempla que, cuando la Fiscalía no solicite una medida de aseguramiento, la imputación pueda realizarse mediante un acto escrito de comunicación de los cargos, sin necesidad de una audiencia ante un juez. Si existe solicitud de cárcel o detención domiciliaria, la imputación podría integrarse a la audiencia de medida de aseguramiento.
Para los promotores de la reforma, se trata de reducir un trámite que consideran principalmente formal. Pero la eliminación de la audiencia plantea interrogantes sobre garantías fundamentales.
Uno de los principales, de acuerdo con fuentes consultadas por EL COLOMBIANO, es el efecto sobre la prescripción de los delitos. Un juez de garantías consultado considera que eliminar una audiencia no resolvería la congestión si no se fortalecen las capacidades de fiscalías y juzgados. El riesgo es trasladar la congestión de una etapa a otra.
3. ¿Es viable la aspersión aérea sin glifosato o se la tumbarán los jueces?
Otra de las promesas de campaña de De la Espriella se comenzó a mover desde sus primeras semanas y fue la lucha contra los cultivos ilícitos.
El presidente había planteado retomar la aspersión aérea y, ya en el poder, derogó la resolución de 2015 que mantenía suspendida esta práctica con glifosato.
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La decisión no significa que se haya reactivado de inmediato la fumigación, pues todavía deben cumplirse requisitos ambientales, sanitarios y operativos. Esto ocurre mientras Colombia enfrenta una cifra récord de cultivos de coca: 261.000 hectáreas en 2024, mientras la erradicación manual forzosa cayó 54 % frente al año anterior.
El Gobierno, además, autorizó un plan piloto para probar desde el aire el glufosinato de amonio, un herbicida diferente al glifosato. La prueba, incluida en la Estrategia Esmeralda Plus, contempla hasta siete días de operaciones en un área máxima de 1.000 hectáreas en Putumayo.
La idea es medir su efectividad y posibles impactos antes de evaluar una aplicación más amplia. Con esto, la administración de De la Espriella busca darle un giro a la política antidrogas del gobierno Petro, que había priorizado la sustitución de cultivos ilícitos por cacao y otras siembras y mejor perseguir las grandes estructuras del narcotráfico.
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Pero el piloto encontró rápidamente un obstáculo judicial. El Juzgado Tercero Promiscuo del Circuito de Puerto Asís ordenó suspender cualquier actividad de aspersión aérea en Putumayo mientras estudia una tutela que advierte sobre posibles afectaciones a la salud, el agua y el medio ambiente. La decisión, aunque es provisional y de primera instancia, es determinante y da muestra de cómo una de las apuestas de seguridad del nuevo Gobierno quedó, por ahora, en pausa.
4. Así avanza el Estatuto Antiterrorista
Tras asumir el poder, el nuevo Gobierno puso en el centro de su política de seguridad una premisa: los grupos armados y estructuras criminales que recurran al terrorismo o estén ligados al narcotráfico deberán ser enfrentados bajo esa misma etiqueta.
En esa línea, el ministro del Interior Rodrigo Lara anunció la intención del Ejecutivo de llevar al Congreso un nuevo Estatuto Antiterrorista.
El proyecto busca llenar, según el Gobierno, un vacío del ordenamiento jurídico colombiano. Aunque el Código Penal contempla el delito de terrorismo, actualmente no existe una definición específica de “organización terrorista” ni un procedimiento legal para clasificar formalmente a una estructura armada bajo esa denominación.
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La propuesta contempla crear un listado oficial de organizaciones consideradas terroristas o narcoterroristas.
El modelo tendría similitudes con sistemas de clasificación utilizados en otros países y permitiría identificar de manera expresa a las estructuras que, de acuerdo con el Estado, representan una amenaza terrorista. La inclusión en esa lista tendría consecuencias jurídicas y operativas.
El Gobierno plantea agravantes penales, condiciones penitenciarias especiales y una respuesta reforzada de la Fuerza Pública contra las organizaciones que sean incorporadas al mecanismo.
El proyecto también busca golpear sus fuentes de financiación ilícitas, entre ellas el lavado de activos, la minería ilegal y otras actividades asociadas.
5. Van 73 extradiciones firmadas por De la Espriella
La política de extradiciones se ha convertido en una de las primeras señales del giro que Abelardo de la Espriella quiere imprimirle a la seguridad durante su Gobierno.
En apenas 38 días de mandato, el presidente aseguró haber firmado 73 resoluciones de extradición, una cifra que muestra la velocidad con la que su administración busca retomar los procesos contra integrantes de organizaciones criminales y cabecillas solicitados por la justicia de otros países.
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El Gobierno presenta estas decisiones como parte de una política de cero contemplaciones frente al crimen organizado. La apuesta también supone un cambio frente a la estrategia de acercamientos y negociaciones que impulsó la administración de Gustavo Petro, pues algunos de los procesos de extradición que estaban condicionados por la participación de determinados criminales en espacios de diálogo volvieron a avanzar.
Entre los casos reactivados están los de cabecillas de estructuras como las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada y los Comandos de la Frontera.
En ese grupo aparecen Carmen Evelio Castillo Carrillo, alias Muñeca; Willington Henao Gutiérrez, ‘Mocho Olmedo’, y Geovany Andrés Rojas, ‘Araña’, cuyos procesos de extradición hacia Estados Unidos avanzaron bajo la nueva administración.
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La cifra, sin embargo, requiere una precisión. Los 73 casos anunciados por el presidente corresponden a resoluciones ejecutivas mediante las cuales el Gobierno autoriza las extradiciones.
Preguntas y respuestas
- ¿Cuántas extradiciones ha firmado Abelardo De la Espriella en sus primeros días de gobierno?
- El presidente ha informado la firma de 73 resoluciones de extradición durante sus primeros 38 días de mandato. Estas resoluciones corresponden a decisiones ejecutivas mediante las cuales el Gobierno autoriza las extradiciones.
- ¿Qué cambios plantea el Gobierno de De la Espriella en la política de seguridad?
- El Gobierno plantea una estrategia basada en endurecer la respuesta contra el crimen organizado, acelerar los procesos penales, reforzar el sistema penitenciario, retomar la aspersión aérea y desmontar la política de “paz total” de la anterior administración.
- ¿En qué consiste la propuesta de utilizar buques como cárceles de máxima seguridad?
- La propuesta consiste en adaptar buques de la Armada para recluir a internos considerados de alta peligrosidad, especialmente cabecillas que, según las autoridades, continúan impartiendo órdenes desde las cárceles. El Inpec está evaluando el modelo por encargo de los ministerios de Justicia y Defensa.
- ¿El Gobierno de De la Espriella va a construir megacárceles como las de Bukele?
- El Gobierno plantea construir 10 megacárceles de máxima seguridad para concentrar a los presos considerados de mayor peligrosidad. El proyecto todavía debe definir aspectos como ubicación, financiación y capacidad, por lo que la noticia no establece que las obras hayan comenzado.
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