El Kintsugi es una centenaria técnica japonesa que consiste en restaurar con polvo de oro y plata las piezas de cerámica que, por el paso del tiempo o como consecuencia de un accidente, se han agrietado y hasta quebrantado. Esta es una práctica que, en esencia, busca reparar sin olvidar, y que, de cara al futuro, pretende ofrendar un objeto renovado y único en su especie por el valor de su historia.
Esta es una filosofía que si nos detenemos a pensarlo por un segundo se asemeja a lo que por una década ha buscado la política de restitución de tierras en Colombia. Aquella que sabiendo del dolor intenso que han sufrido millones de víctimas de abandono y despojo de tierras, ha trasegado en el propósito de sanar la estela que dejaron años de violencia, intentando reestablecer la dignidad de los campesinos y alentarlos a ser protagonistas de la transformación del campo. La pregunta es: ¿lo ha logrado?
Para determinarlo se revisaron los resultados y retos a futuro que tiene la restitución en Colombia y especialmente en Antioquia, teniendo en cuenta que este es el departamento con el mayor número de víctimas de la violencia en el país.
Construir sobre lo ya construido, el lema del Gobierno
Pensando en el largo plazo, uno de los sucesos más relevantes ha sido la prórroga de la Ley 1448 de 2011, Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, por 10 años más. Una muestra de voluntad política con las víctimas que aún esperan regresar al sitio al que pertenecen. Recientemente, también se dejó establecida una ruta de trabajo en materia de recursos y metas, que se materializa con el CONPES 4031 de 2021.
Ya con una mirada más situada en el presente de la restitución, se destaca la evolución que ha tenido la política pública, al ir interpretando las necesidades reales de los territorios y sobre cómo la reparación puede contribuir al mejoramiento de problemas estructurales como la inequidad. Y es allí donde se identifica una de las principales ganancias en lo que va corrido del proceso de restitución, en cifras informadas por la entidad, faltando menos de 4 meses para el cierre de la administración reflejan cómo se ha configurado y consolidado una ruta de atención especial para las mujeres, que deja como resultado 5.347 beneficiadas en los últimos cuatro años y que, además, cuentan con la doble titularidad en las sentencias.
En esa misma línea, se destaca como entre 2018 y 2022 se han concretado acciones que han marcado la diferencia en la posibilidad de que las víctimas recuperen sus tierras, rodeadas de más y mejores garantías como: la implementación de la instauración de la demanda por medios electrónicos y la consolidación del programa de proyectos productivos en predios restituidos, en sintonía con la política de Agricultura por Contrato, en los que se han invertido cerca de $72.500 millones de pesos. Asimismo, la expansión de las tareas de restitución al 80 % del territorio nacional y la devolución de más de 206.000 hectáreas de tierra a más de 10.400 beneficiarios, son hechos que sin duda hablan de logros significativos y de una voluntad política de esta administración.
Antioquia, un gran desafío que encontró respuesta
Este análisis también refleja que existe una realidad concreta, y es que Antioquia es el departamento con el mayor número de víctimas y eso se refrenda al registrar, consecuentemente, el mayor número solicitudes de restitución de tierras, con un total de 23.000. ¿Cómo le ha ido a la región en estos 10 años y qué le espera?
Durante el gobierno del presidente Iván Duque, Antioquia ha sido el departamento que más demandas ha presentado ante los jueces y magistrados de restitución de tierras con un total de 1.700. Esto representa el 61 % de todas las demandas instauradas en los 10 años de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras.
Esta gestión ha permitido que a la fecha se supere la frontera de las 1.000 sentencias de restitución, con las cuales han sido restituidas 20.000 hectáreas a 5.600 campesinos víctimas de la violencia. Para darse una idea de cuánto equivale esta cantidad de tierra, habría que juntar los territorios de los municipios Envigado, Itagüí, Sabaneta y Guatapé, y solo así se alcanzaría una porción de tierra semejante a la que han recuperado las familias antioqueñas víctimas de despojo y abandono de tierras.
Otra tarea ha sido llegar a 124 de los 125 municipios, en donde existen solicitudes de restitución. En ese sentido, los últimos cuatro años se han caracterizado por el inicio de labores en localidades en las que no había entrado la restitución antes; esto gracias al apoyo de la fuerza pública. Entre estas poblaciones se destacan Medellín y su Área Metropolitana, así como los municipios que hacen parte de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial - PDET como Anorí, Ituango, Dabeiba, Briceño y Segovia.
Finalmente, no se puede pasar por alto el efecto que están generando los más de 1.000 proyectos productivos implementados en los predios restituidos, que están cosechando desarrollo para las familias y comunidades afectadas por la violencia, con inversiones que superan los $30.000 millones de pesos.
¿Qué viene ahora?
En palabras del propio Director de la Unidad de Restitución de Tierras, Andrés Castro, los retos con miras a los próximos 10 años que tiene la política de restitución se pueden sintetizar en tres frentes:
1. Continuar con la Implementación de estrategias articulación nación - territorio. Sin articulación el cumplimiento de las órdenes de las sentencias no será exitoso.
2. El diseño de un mecanismo de eficiencia del gasto público para implementar las medidas de cumplimiento de órdenes incluidas en las sentencias de restitución.
3. La llegada a las zonas que aún falta por alcanzar.
Que el 9 de abril, Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas, sea una oportunidad para recordar que cada hectárea devuelta a sus legítimos dueños, con los recursos suficientes para poner a producir de nuevo la tierra, será la garantía para que la paz sea una cosecha fértil y duradera. Esa deberá también ser la apuesta del nuevo Gobierno que llegué a partir del 7 de agosto. El camino que queda por delante en la próxima década es igual o más retador que el de los 10 años anteriores, por lo que habrá que salvaguardar lo hecho y evolucionar en lo necesario para que la paz territorial sea una realidad en Colombia.
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