Una situación angustiante viven las familias de los más de 1.700 muertos y 45.000 desaparecidos que dejó la dictadura del general Efraín Ríos Montt, tras la revocatoria de su condena a 80 años de prisión por genocidio cometido en Guatemala durante los años 80.
Organizaciones civiles guatemaltecas demostraron ayer su estupor por la decisión de la Corte de Constitucionalidad que tumbó la sentencia sin entregar argumentos claros para la gente.
"Nosotros no entendemos con detalle este proceder, nadie salió a explicarnos claramente lo que pasó. Creemos que esta es una burla más a nosotros como familiares de las víctimas y también al pueblo guatemalteco", afirmó a este diario la señora Blanca Hernández, miembro de Junta Directiva de Famdegua (Asociación de Familiares de Desaparecidos de Guatemala).
La líder indicó, además, que no todos los magistrados de la Corte estuvieron presentes en esta votación, por lo que hay vicios que esperan les aclaren en los próximos días.
"Confiamos en que en otras instancias nos hagan justicia. Somos miles de víctimas y desaparecidos que esperamos y confiamos que no sean manos oscuras las que fallen sino los jueces en sabiduría plena", agregó la señora Hernández.
El máximo tribunal argumentó en su decisión que rechazaba la condena debido a que el juicio debería haberse suspendido mientras se resolvían las apelaciones presentadas por la defensa.
Reanudación
Efectivamente, el juicio fue suspendido durante 12 días y parecía incluso que iba a ser anulado, pero se reanudó el pasado 30 de abril y el 10 de mayo, el tribunal de tres jueces encontró culpable a Ríos Montt, condenándolo a 80 años de prisión, después de escuchar a más de 100 testigos y peritos que testificaron sobre las violaciones masivas y los asesinatos de mujeres y niños y otras atrocidades cometidas en 36 años de guerra civil, pero especialmente entre 1982 y 1983 bajo el régimen del acusado y contra indígenas mayas.
En respuesta, el abogado defensor Francisco García Gudiel declaró a AP que "la Corte resolvió legalmente después de tantos vicios en el proceso, y por eso solicitamos ya su libertad porque Ríos Montt está en prisión de manera injusta".
El secretario de la Corte de Constitucionalidad, Martín Guzmán, dijo que el juicio regresó al estado en el que estaba el 19 de abril, a fin de solucionar varios problemas de apelación.
Este diario intentó comunicarse en varias ocasiones con el abogado de las víctimas, Edgar Fernando Pérez, para conocer su posición sobre estos problemas de apelación, pero no fue posible.
Por su parte, José Suasnávar, subdirector de la fundación de Antropología Forense de Guatemala, se abstuvo de dar una opinión del fallo, pero le dijo a este diario que "hacemos parte del proceso, aportamos pruebas forenses y no queda bien emitir algún juicio. Lo único que puedo decir es que efectivamente hubo masacres durante 1982 y 1983 porque las evidencias de las fosas comunes existen, además, tenemos 580 osamentas que estamos en proceso de identificar y esto es algo que está comprobado".
Otro de los elementos cuestionados es que la decisión de la Corte de Constitucionalidad no fue unánime. El magistrado Roberto Molina Barreto presentó la resolución, los magistrados Alejandro Maldonado y Héctor Pérez Aguilera la secundaron pero los magistrados Gloria Porras y Mauro Chacón votaron en contra, por lo que se esperan más detalles.
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