No termina de destaparse una olla podrida cuando ya se está denunciando una nueva.
Todos los días los noticieros y los diferentes medios de comunicación inician sus ediciones con titulares que ilustran esta terrible realidad que carcome al país. La situación es de extrema gravedad.
La corrupción que vivimos y cuyo resultado es el saqueo de las arcas del Estado, muestra una crisis ética y de valores que se ha traducido en una sociedad permisiva que convive con este flagelo.
El presidente Turbay Ayala acuñó en su momento una frase célebre: "la corrupción hay que mantenerla en sus debidas proporciones", frase de por sí ya permisiva que hoy, con los hechos que observamos, permite afirmar que la situación nos ha desbordado y nos encontramos frente a una de las peores calamidades públicas que amenaza la democracia y el Estado de Derecho.
Y es que ningún sector está exento de señalamientos.
A nivel político, senadores, representantes, gobernadores y alcaldes, prácticamente de todos los partidos, han estado comprometidos con la parapolítica, un sistema que buscó a cualquier precio obtener la representación de la ciudadanía para ejercer el poder y capturar los recursos del Estado, tanto a nivel regional como nacional.
A lo anterior se suma el escándalo de los Nule y el cartel de la contratación, un sistema que según empiezan a revelar las evidencias en manos de los entes de control, muestra cómo este trío de hermanos y primos de la alta sociedad, tejieron una compleja red de corrupción que se apoderó de las principales obras de infraestructura del país y de la capital.
Se trata de un caso que ha salpicado a altos funcionarios de la administración pasada, como es el caso del exsecretario jurídico de la Presidencia, Edmundo del Castillo, como también al senador Iván Moreno, hermano de quien hasta anteayer fuera el alcalde de los bogotanos, y a quien hasta su mismo partido, el Polo Democrático, le ha retirado de manera tardía su apoyo y solicitado su renuncia.
Esta hábil red de corrupción contó, además, con la activa participación del contralor distrital Miguel Ángel Moralesrussi, elegido por los concejales capitalinos y hoy destituido y recluido en la cárcel de La Picota, y de abogados que además de asesorar y defender a sus clientes eran los que tramitaban las comisiones entre los implicados.
En esta macabra trama, igualmente, participaron reconocidos abogados que negociaban las coimas y empiezan a aparecer los nombres de otros importantes empresarios de la construcción.
El resultado de este descalabro es el caos en que se encuentra el Distrito Capital cuyas obras, todas a medio terminar, han superado con creces los tiempos acordados para su entrega.
No acabamos de asimilar el caso Nule cuando ya el presidente Santos, comprometido con la lucha contra la corrupción, destapa una nueva olla podrida, la del sistema de salud, la cual si bien venía operando desde hace varios años, solo hasta ahora empieza a conocerse en sus reales dimensiones.
Es tal la situación que hasta en la más grave tragedia generada por la ola invernal, momento en el cual los millones de damnificados requieren de ayudas que no dan espera, ya son varios los casos denunciados por los entes de control, en los cuales algunos gobernantes locales se han aprovechado de esta situación con fines politiqueros, cuando no para favorecer a sus amigos contratistas.
Está claro que en muchos casos el poder ha sido concebido para el enriquecimiento personal y no para garantizar el bien común.
El país y la ciudadanía deben ser conscientes de este fenómeno y acompañar al Gobierno Nacional y a los entes de control en su propósito de erradicar de raíz este mal que, además es culpable, en gran parte, de que las cifras de pobreza alcancen el 45%, las de indigencia el 16%, y de que Colombia sea uno de los países más inequitativos del mundo.
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