Es lamentable que el conservatismo no haya llegado a un consenso para seleccionar a un candidato único a la Gobernación.
Hay quienes opinan -sin faltarles aquellas razones que operan en condiciones normales de lógica política- que es más democrático, por lo participativo, acordar el aspirante a través de la consulta popular. Donde voten los ciudadanos de todas las condiciones sociales, sin discriminación política por la baraja que se les ofrece en el mercado electoral. Es una tesis atractiva, pero que al desmenuzarla, difícilmente resiste un análisis a la luz de la coherencia ideológica.
El argumento de la consulta sería válido si existiera una definida militancia partidista, avalada a través de la carnetización. Que hubiera un empadronamiento previo, tan propio de colectividades organizadas, con directivas sólidas y cuadros y masas con mística en disciplina. Ahí el argumento de la consulta popular sería irrefutable.
Mas al no existir esa cedulación de partido, el resultado de una consulta deja de reflejar la autenticidad y verdadera fuerza del partido y de los candidatos seleccionados por este sistema. Saldrán de otros sectores, ciudadanos de todos los pelambres, a decidir con su voto y a influenciar en causa ajena, el destino de una colectividad que no les pertenece. Ni con el cual tienen algún nexo espiritual o ideológico.
Sería una defectuosa comedia, una puja indiscriminada de dineros para la financiación de la campaña, que falsearía, de pronto, la legitimidad y la realidad de la elección.
El ejemplo de la última consulta nacional para escoger el candidato presidencial conservador explica de por sí la debilidad del procedimiento. Ganó Noemí Sanín con una alta votación y el partido la dejó en media manga porque sintió, entre otras razones, que tan altos guarismos no obedecían a su real contabilidad electoral.
Ya aceptada la consulta popular por falta de consenso, creemos que tiene razón el exministro Juan Gómez cuando pide que el candidato azul "sea de creencias conservadoras, de tradición conservadora y sobre todo de una honestidad que no deje ninguna posibilidad de duda".
Ese llamado no solo protege a la colectividad de ungir como aspirante a los arribistas, a quienes solo saben acomodarse a las circunstancias a través de las trashumancias oportunistas, sino que la ampara de quienes están inmersos tanto en procesos judiciales como en evidencias de haber violado normas éticas, de comportamiento ciudadano.
Cuando la elección de Luis Alfredo Ramos sostuvimos en un documento para respaldar su nombre, firmado por distinguidos militantes del conservatismo, tesis análogas a las que hoy, con toda razón y oportunidad, plantea el exgobernador Gómez Martínez. No entendíamos -y seguimos sin entender, fuera de razones de celos políticos originados en antiguas divisiones- a quienes postularon en la convención departamental conservadora el nombre de un joven dirigente liberal, que nada tenía que ver con la tradición y las acendradas creencias conservadoras de Luis Alfredo Ramos. Afortunadamente el grueso del conservatismo ausente de esa convención, acompañado por una abrumadora mayoría de toda la región antioqueña, eligió a Ramos Botero como gobernador. Lástima que en tan desafortunada asamblea azul, Juan Gómez se encontrara en Roma, lejos de toda participación política, lo que privó de que su voz se hubiera escuchado, para salvar el decoro del conservatismo paisa, con la misma autoridad con que hoy lo hace, con planteamientos sensatos que compartimos integralmente, como coincidencialmente lo fueron los nuestros hace cuatro años.
Ya el conservatismo se embarcó en la consulta popular. Ojalá dé en el clavo para la escogencia de su candidato, dentro de las rigurosas calidades de idoneidad y probidad que proclama Gómez Martínez.
Pueda ser que ese discutido mecanismo de selección, no vaya a ser, en vez de acierto, un harakiri.
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