Decía el exministro Jaime Castro que Colombia parecía más un juzgado que un país.
Y esto sí que adquiere veracidad en la campaña electoral que están viviendo algunas regiones de Colombia.
El actual debate político por la conquista de alcaldías y gobernaciones -competencia en donde emulan unos partidos desorganizados y otros medio organizados- aparece dentro de un escenario más judicializado que politizado.
Desde las cárceles nacionales y fuera del país, se oyen acusaciones que empañan o enlodan, de acuerdo con la gravedad, a protagonistas que están afanosamente buscando su elección. Aprovechan la laxitud de nuestro derecho que le da el mismo valor al testimonio de una persona de bien que a una cargada de sindicaciones y de años de condena, para desembuchar verdades o imaginaciones.
Estamos viviendo ahora una campaña agresiva. Intensa en emociones cargadas de acusaciones de tipo ético y penal. Llena de recriminaciones y conjeturas. De rumores, decires y evidencias. Hay profusidad de candidaturas que están sub júdices ante la opinión pública por la persistencia de publicaciones en donde conductas de aspirantes quedan en entredicho.
En este debate están brillando más los expedientes que las ideas. Por oleadas aparecen cada día en escena personajes cuestionados en su probidad, más que en su idoneidad. Algunos tienen más cargos a sus espaldas que votos. Es un ambiente electoral cargado de denuncias, de contradenuncias, de demandas reales y anunciadas, que nos hace recordar el apasionamiento -pero ahora por causas diferentes- de los años de violencia bipartidista que tantas lágrimas costó en el juego democrático colombiano.
¿Qué democracia es la que estamos viviendo? ¿Para qué se hizo tal reforma política, si siguen las trashumancias en los partidos y se cambian de camisetas los antagonistas como se hace después de un partido de fútbol? ¿Para qué reformas si las movilizaciones de cédulas persisten como apéndice de la compraventa de sufragios?
¿Habrá democracia plena y funcional con departamentos como Antioquia, Valle y otros claves en el desarrollo nacional en los cuales persisten las amenazas de grupos al margen de la ley a los candidatos que se resisten a la manipulación de la insurgencia o no se someten al imperio del dinero caliente? Internacionalmente ya se nos considera uno de los países más peligrosos para hacer proselitismo político.
Dudamos del funcionamiento y legitimidad de una democracia regida por la variedad de sumarios, de injurias, de corrupción como marco de emulación para acceder a un cargo de elección popular. ¿Qué opciones, con este bazar de infundios, de señalamientos e imputaciones, les quedan a los candidatos de bien, los correctos e idóneos, para competir en tan abiertas desigualdades de condiciones? ¿Es válido y auténtico el ejercicio del sufragio, sin plena libertad, con una conciencia coaccionada?
La escena no puede ser más patética. Unos ánimos exacerbados por la inverecundia y las retaliaciones. Unos medios de información, denunciando sin que las autoridades legítimas hagan algo para esclarecer en el término de la distancia la confiabilidad de las acusaciones. Unas indefiniciones de las jerarquías de las colectividades para definir, en esta maraña de incriminaciones, la validez de los avales. Y unos partidos políticos resquebrajados, anarquizados, sin mística, viendo cómo la ética se escapa de sus postulados y cómo las pesadillas de las deserciones se los devoran.
Como cuadro de tragedia griega el saldo final de esta lucha electoral es el de una pobreza de conceptos, de razones, de tesis, de programas, todos desplazados por la rapacidad de quienes decomisan los principios para establecer como emulación de las urnas, el triunfo del manzanillaje, el hedor de la transfugancia y el imperio de las prescripciones e impunidades.
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