La primera medida que tomó el Tribunal Superior de Bogotá en el caso de la excontralora Sandra Morelli, fue congelar sus bienes por seis meses para que no pueda negociar con sus propiedades. La decisión se tomó luego de que el fiscal Carlos Iván Mejía presentará cargos en contra de Morelli.
Según Mejía, la exfuncionaria provocó un detrimento patrimonial por el pago del arriendo de la nueva sede del organismo de control fiscal, sólo entre el 15 de julio y el 14 de septiembre de 2013, de 12.292 millones de pesos.
Y es que Morelli decidió cambiar la sede para un lugar que era mucho más costoso, por lo que ahora es investigada. Según el fiscal del caso, la exfuncionaria no tuvo en cuenta las vigencias futuras entregadas por el Ministerio de Hacienda para cambiar de sede. El gasto sería superior a los 2.500 millones de pesos por el arriendo de 7 pisos del edificio del centro comercial Gran Estación II.
Mejía aseguró que "estas conductas le permiten inferir a la Fiscalía que hubo una flagrante violación por parte de la excontralora Morelli de los principios de planeación económica y selección al momento de suscribir el contrato; además se observa un desprecio con los requisitos mínimos que gobiernan los contratos de arriendo", explicó.
Entre las imputaciones, se mencionó que pasaron dos meses de arriendo sin ocupar las instalaciones, por lo que se pagaron 5.377 millones de pesos.
Por su parte Morelli, que es juzgada como persona en contumacia, como lo decidió el Tribunal Superior de Bogotá, escribió una carta desde Roma, Italia, donde acusó al fiscal Eduardo Montealegre de haber violado su reserva bancaria: "Que los giros y cuentas en el exterior, revelados por la Fiscalía en proceso que en mi contra lleva el fiscal Iván Mejía y los otros tres funcionarios que llevan la investigación por delegación que le hiciere el Vicefiscal, que a su vez fue delegado por el Fiscal General de la República de Colombia, Eduardo Montealegre, corresponde a cuentas preexistentes a mi condición de servidora pública como Contralora".
Morelli cuando estuvo en el cargo y mantenía una discusión con el Fiscal insistió en que este había emprendido una persecución en su contra por las investigaciones que ella había hecho de Saludcoop, entidad para la que había trabajado Montealegre, y empresa para la que, decía, hacía asesorías como servidor público.
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