La Procuraduría informó que la suma de dinero que reclaman al Estado Íngrid Betancourt y Yolanda Pulecio, es de 15.431 millones 351.537 pesos.
Las dos reclaman, en acciones separadas, que el Estado reponga los perjuicios materiales y morales por los 2.320 días en los que la política estuvo secuestrada por las Farc, que la afectaron a ella y a su familia y que, según las pretensiones, deben ser reparados por el Estado.
El caso está en manos de Isnardo Jaimes Jaimes, procurador delegado para la Conciliación Administrativa, que tendrá entre dos y tres meses para definir si se llega a un acuerdo entre las partes.
El presidente del Consejo de Estado, magistrado Luis Fernando Álvarez, explicó a Colprensa , sin conocer a fondo el proceso, que se trataría de una acción de repetición en la que Betancourt cuestionaría la falta de protección o de garantías que el Estado debe brindarle a los ciudadanos.
El magistrado señaló que como en todo proceso contra el Estado, la ley obliga a que se intente, en primera instancia, una conciliación prejudicial con el fin de no congestionar el aparato judicial.
Dicha conciliación se adelanta ante la Procuraduría General de la Nación, en donde el caso es repartido a uno de los procuradores delegados, quien intenta que las partes implicadas, en este caso el Ministerio de Defensa y la familia de Íngrid Betancourt, lleguen a un acuerdo.
En caso de que las partes concilien, el proceso termina y cada una de las partes cumple lo pactado.
Si el resultado es adverso, la acción judicial podría ser instaurada por los demandantes ante el tribunal donde sucedieron los hechos. Y comenzaría un proceso normal en la justicia, que podría tardar hasta siete años.
Si una vez producido el fallo, hay impugnación, el caso podría llegar al Consejo de Estado, como última instancia.
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