Es llover sobre mojado las palabras, tanto del ministro Vargas Lleras como de Enrique Santos, el hermano mayor del Presidente, sobre la agudización del fenómeno de la corrupción en Colombia. Vargas Lleras insiste en que "la corrupción nos desbordó". Enrique Santos sentencia que "no hay fisco ni reforma que aguanten la desbordada corrupción que carcome al país".
Los hechos y percepciones lo afirman. La última encuesta del Barómetro Iberoamericano arroja el resultado de que mientras en 19 de los 20 países encuestados del área, la opinión pública halla en el desempleo y la inseguridad sus mayores problemas, en Colombia los ciudadanos lo encuentran en la corrupción. El 85% de los empresarios privados se abstienen de participar en licitaciones públicas porque "difícilmente se ganan si no hay sobornos", revela una encuesta de la Procuraduría General.
Los últimos escándalos de inmoralidad en el sector de la salud, en la dirección de estupefacientes, ratifican esta deplorable percepción nacional. No hay día en que deje de aflorar el escándalo en cualquier oficina del Estado. Es una cadena de corrupción. La fe pública en el sector oficial se malogra. Las investigaciones a tanto funcionario no dan tregua.
Con semejante panorama encuentra un campo abonado el incremento del pesimismo de los colombianos. La última encuesta de Invamer Gallup lo confirma. Sube mes a mes ese grado de abatimiento. Ya va en el 70% de los encuestados, cuando hace seis meses no llegaba al 50%. A medida que todas las políticas y acciones para contener esa ola de corrupción fracasan, la desazón en el alma nacional aumenta.
Lo más grave de todas estas desilusiones sobre el comportamiento ético de nuestras entidades del Estado, es que el país va tomando conciencia y percatándose de que un escándalo que aparece en escena, va tapando el anterior. Es una cadena de infelicidad que parece no tener fin. Comenzaron los desfalcos en millones. Ya van en billones. Se va perdiendo el sentido y las proporciones de las matemáticas. No tienen fondo tantas dilapidaciones al Tesoro Público. La avidez, la avilantez, la desfachatez, no conocen freno ni medida.
Entrar en casos específicos de corrupción se hace cada día más difícil por la profusión de los escándalos. Las defraudaciones, los saqueos, las estafas, las trampas a todas las leyes y disposiciones, se practican desde la gran ciudad capital hasta el más apartado de los rincones del país. Con el agravante de que un altísimo porcentaje de esos delitos, aún cuando se denuncian, se quedan en la impunidad.
Ya se perdió la vergüenza en el manejo de los recursos públicos. No los cuidan y quienes los reciben para administrarlos y hacerlos rendir, los despilfarran o se los meten a sus bolsillos. Toda clase de coartadas sirven de marco para tantas malversaciones y expoliaciones.
Se anuncian nuevas leyes para enfrentar la corrupción. El ministro del Interior saca pecho para proclamar la iniciativa. Los estafadores, timadores y escamoteadores de todos los pelambres, se ríen de sus efectos y de su riguroso cumplimiento.
Saben que hecha la ley, hecha la trampa. Es otro de los axiomas que rigen en la administración pública colombiana, así como rige para los economistas la ley de la oferta y la demanda. Ambas parecen ser inexorables e inmodificables.
Viendo tanta podredumbre, tanta denuncia que a diario agotan los espacios en los medios de información, el poco caso que a ellos les hacen los electores, tan poca efectividad para aplicar justicia pronta y decidida, va quedando como saldo, la perplejidad y un sabor amargo de lo poco viable que en materia de moralidad y de justicia pareciera ser Colombia.
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