Pese al intento de conciliación del Gobierno con las altas cortes y los partidos políticos frente a la reforma a la Justicia, es muy probable que la iniciativa se radique para la primera legislatura en 2011 y no para esta como estaba planeado.
La posibilidad la había planteado el ministro del Interior, Germán Vargas, horas antes de instalarse la Mesa de Justicia y fue ratificada por el presidente Juan Manuel Santos.
"Nuestro deseo es presentar la reforma en pocos días, pero si los argumentos y la prudencia aconsejaran hacerlo en el primer semestre del próximo año, estamos abiertos a esa opción", afirmó Santos.
En lo que no se dará largas es en la presentación de reformas ante el Congreso que permitan afrontar con mayor contundencia la delincuencia en los centros urbanos.
"Hablamos de reformas que endurezcan el régimen contra el porte ilegal de armas; ajustes necesarios al sistema penal acusatorio; reformas al Código de Infancia y Adolescencia, que desestimulen la participación de los jóvenes en actos criminales, y medidas contra el microtráfico", explicó el mandatario.
Sin plata no hay reforma
Los presidentes de las altas cortes estuvieron presentes en la instalación de la Mesa que sesionará durante tres días y busca consensos sobre el proyecto.
Los magistrados coincidieron en que el país no resistirá otra reforma a la Rama Judicial que fracase.
Jaime Arrubla, presidente (e) de la Corte Suprema de Justicia, advirtió que se pueden hacer todas las reformas que se quieran pero si no hay recursos no servirán de nada.
"Hoy la justicia tiene el 1,2 por ciento del presupuesto del Estado, mientras que el ICBF recibe el 1,6. (...)Las comparaciones son odiosas, pero hay que hacerlas", dijo Arrubla.
A su queja se unió el presidente del Consejo de Estado, Luis Fernando Álvarez, quien propuso que el porcentaje de recursos asignados a la Justicia sea una materia regulada por la ley.
"Tenemos 253 jueces para 1.100 municipios", dijo Álvarez al referirse a la falta de recursos humanos y económicos.
En cuanto a la entrega de funciones jurisdiccionales a particulares o a abogados, ni Arrubla ni Álvarez estuvieron de acuerdo.
Proteger la tutela
La propuesta del Gobierno de que las tutelas contra sentencias judiciales deben ser presentadas por un abogado como una forma de regular la aplicación del mecanismo, no ha tenido buena acogida en las cortes.
Arrubla, destacó la importancia de la tutela, un mecanismo al que "hay que proteger". Es más, recordó que solo en materia de salud se presentaron 400.000 en 2009.
Por su parte, el Presidente del Consejo de Estado, pidió pensar con cuidado las reformas relacionadas con los términos para poder instaurar acciones de este tipo.
"El Consejo de Estado tiene un control de constitucionalidad, tan serio como el que tiene la Corte Constitucional", dijo Álvarez al cuestionar la falta de claridad en cuanto a los controles que "al parecer" se quieren hacer y que dijo supuestamente quieren quitarle funciones al Consejo de Estado.
Otro punto que también separa a los magistrados del Gobierno es la desaparición del Consejo Superior de la Judicatura.
Francisco Escobar Henríquez, presidente de esa corporación, pidió al Gobierno conocer las razones para su cierre. "No sé qué me están imputando para decapitarme", dijo Escobar para quien es claro que no hay razones de peso en el proyecto de reforma a la justicia que les permitan defenderse.
En este aspecto, Álvarez propuso reformar algunas de sus funciones o la manera como se eligen los magistrados de esa corporación, pero no ve conveniente su cierre.
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