Un mes después de que un error de procedimiento tumbara la sanción disciplinaria contra el director general de Invías, Daniel Andrés García Arizabaleta, la Procuraduría ratificó la decisión inicial contra el funcionario y ordenó su destitución del cargo y la inhabilidad para ejercer cargos públicos por 15 años.
De acuerdo con el Ministerio Público, García Arizabaleta incurrió es seis faltas graves, en su condición de Director General del Invías y del Instituto Colombiano de Deportes (Coldeportes).
La decisión fue adoptada por la Jefe del Ministerio Público encargada, Nubia Herrera Ariza, luego de anular la determinación proferida el 12 de noviembre pasado por la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales, en la que se ordenaba la destitución de García a 17 años.
Al asumir el proceso como única instancia, Herrera Ariza decidió declarar disciplinariamente responsable a García de seis de las once irregularidades por las que fue sancionado inicialmente.
La Procuraduría comprobó que García ejerció el cargo de director del Instituto Colombiano de Coldeportes desde diciembre de 2003 hasta agosto de 2006, sin cumplir los requisitos que se exigían para el efecto.
Además, el actual director del Invías modificó en beneficio propio la norma que fijaba requisitos mínimos para desempeñar este cargo, incurriendo en conflicto de intereses.
Otras de las conductas disciplinarias, "guardan relación con la posesión en encargo y propiedad como Director General de Invías, el ejercicio del mismo y la modificación indebida del manual de requisitos para el cargo, incurriendo en conflicto de intereses", resaltó la Procuradora encargada.
La providencia aclaró que el funcionario, consciente de la ausencia de requisitos y a tan solo a un mes de su vinculación en el encargo, ajustó los requisitos para el cargo a su perfil profesional.
Sobre cinco conductas que le habían sido endilgadas, fue absuelto de dos cargos y los otros tres prescribieron; todos ellos relacionados con su desempeño como asesor del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, donde tampoco cumplía con los requisitos para ejercer.
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